Congreso modifica el Impuesto a la Renta aplicable a los alquileres desde 2026

El Congreso de la República aprobó, en edición extraordinaria realizada la tarde de ayer, la Ley N.º 32541, que introduce modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta vinculadas al tratamiento tributario de las rentas de primera categoría, correspondientes principalmente al arrendamiento de inmuebles. La norma fue promulgada y publicada el 31 de diciembre de 2025 y entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

Modificación al pago a cuenta por rentas de arrendamiento

La nueva ley modifica el primer párrafo del artículo 84 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF. Con este cambio, se precisa el mecanismo de cálculo del pago a cuenta que deben realizar los contribuyentes que obtengan rentas de primera categoría.

De acuerdo con el texto aprobado, los contribuyentes deberán abonar mensualmente un pago a cuenta aplicando una tasa de 6,25 % sobre el monto que resulte luego de deducir el 20 % de la renta bruta percibida por concepto de arrendamiento. Este cálculo se realiza sobre la base del recibo por arrendamiento aprobado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el cual el locador obtiene al momento del pago efectuado por el arrendatario, conforme al procedimiento que establezca el reglamento.

Alcances prácticos de la norma

La modificación mantiene la estructura general del impuesto aplicable a los ingresos por alquileres, pero refuerza la precisión normativa sobre la tasa efectiva del pago a cuenta y el procedimiento de sustento a través del recibo de arrendamiento. En términos prácticos, el impuesto sigue gravando el 80 % de la renta bruta, sobre el cual se aplica la tasa establecida, consolidando un esquema de recaudación anticipada para este tipo de ingresos.

Este ajuste normativo busca dar mayor claridad y uniformidad al cumplimiento tributario de los propietarios que generan ingresos por alquileres, así como facilitar la fiscalización y control por parte de la administración tributaria.

La ley establece que las modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, por lo que serán aplicables a los pagos a cuenta correspondientes a los ingresos generados a partir de dicha fecha. Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo deberá adecuar las normas reglamentarias necesarias para su correcta aplicación, asegurando la coherencia del marco normativo tributario.

Con esta modificación, el Congreso y el Ejecutivo cierran el año 2025 introduciendo un ajuste puntual en la Ley del Impuesto a la Renta, en un contexto de búsqueda de mayor precisión normativa y fortalecimiento de la recaudación vinculada a las rentas inmobiliarias.