Solo 4 de cada 10 peruanos tienen acceso seguro al agua: nueva política busca revertir esta realidad

El Gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 (PNMAPS 2050) mediante el Decreto Supremo N.° 010-2026-VIVIENDA, una hoja de ruta de largo plazo que busca transformar uno de los principales desafíos estructurales del país: el acceso limitado a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura.

La nueva política establece lineamientos y objetivos que deberán ser cumplidos por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, así como por los prestadores de servicios de saneamiento, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, reducir brechas sociales y fortalecer la sostenibilidad de los recursos hídricos.

La aprobación de esta política responde a una realidad preocupante. Según las cifras oficiales consideradas en la norma, al año 2024 apenas el 37,6% de la población tenía acceso a agua potable gestionada de manera segura y solo el 33,6% contaba con servicios de saneamiento seguros. Estos niveles evidencian que millones de peruanos continúan enfrentando limitaciones en el acceso a servicios básicos fundamentales para la salud, el bienestar y el desarrollo económico.

Una respuesta a un problema estructural

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) identifica como problema central el limitado acceso de la población a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura, situación que genera impactos directos en la salud pública, la productividad y la conservación del medio ambiente.

La insuficiente cobertura y calidad de estos servicios contribuye a la persistencia de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, especialmente en poblaciones vulnerables. Asimismo, limita las oportunidades de desarrollo económico y afecta la competitividad de diversas regiones del país.

A ello se suma la presión creciente sobre las fuentes hídricas debido al crecimiento urbano, la expansión de asentamientos informales y los efectos del cambio climático, factores que incrementan la complejidad de garantizar servicios sostenibles en el largo plazo.

Frente a este escenario, la política busca establecer una intervención integral que permita coordinar esfuerzos entre los distintos sectores y niveles de gobierno.

Garantizar fuentes de agua más seguras y resilientes

Uno de los principales objetivos de la política consiste en incrementar la confiabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua.

Para ello, se plantea promover el uso de fuentes diversificadas, redundantes y de reserva que permitan asegurar la disponibilidad del recurso incluso frente a eventos extremos asociados al cambio climático.

La estrategia busca reducir la dependencia de una sola fuente de abastecimiento y fortalecer la seguridad hídrica de las ciudades y comunidades rurales.

Asimismo, se impulsarán medidas orientadas a mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas y la protección de ecosistemas estratégicos que cumplen un papel fundamental en la regulación del agua.

Ordenamiento territorial para evitar nuevas brechas

Otro de los ejes centrales de la política está relacionado con la ocupación informal del territorio.

La norma reconoce que una parte importante de las dificultades para ampliar los servicios de agua y saneamiento está asociada al crecimiento de asentamientos humanos en zonas donde la provisión de estos servicios resulta técnicamente compleja o económicamente inviable.

Por ello, la política promueve una mayor articulación entre la planificación urbana y la expansión de la infraestructura de saneamiento, buscando orientar el crecimiento de las ciudades hacia áreas con mejores condiciones para el acceso a servicios básicos.

El objetivo es reducir progresivamente la ocupación informal en zonas de riesgo y evitar que se sigan generando nuevas brechas de atención.

Infraestructura más confiable y servicios continuos

La PNMAPS 2050 también pone especial énfasis en fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa de los prestadores de servicios.

La meta es que los sistemas de abastecimiento y saneamiento sean más resilientes frente a fallas técnicas, fenómenos naturales y otros eventos que puedan afectar la continuidad del servicio.

Esto implica mejorar redes de distribución, plantas de tratamiento, sistemas de almacenamiento y mecanismos de gestión operativa.

Uno de los desafíos identificados es avanzar hacia servicios más continuos y confiables, reduciendo los problemas de interrupciones frecuentes que aún afectan a numerosos usuarios en distintas regiones del país.

Reducir las desigualdades en el acceso

La política incorpora un enfoque orientado a disminuir las brechas que afectan principalmente a las poblaciones de menores ingresos y a las comunidades ubicadas en zonas rurales, amazónicas y de frontera.

Para lograrlo, contempla la aplicación de subsidios inteligentes destinados tanto al consumo como a las conexiones domiciliarias, facilitando el acceso de los sectores más vulnerables.

Asimismo, se promoverán soluciones tecnológicas adaptadas a las características geográficas y sociales de cada territorio, reconociendo que los modelos tradicionales de prestación no siempre resultan adecuados para todas las localidades del país.

El objetivo es garantizar que el acceso a servicios seguros no dependa exclusivamente de la ubicación geográfica o de la capacidad económica de las familias.

Prestadores más fuertes y sostenibles

Otro componente clave de la estrategia está orientado a fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios de saneamiento.

La política considera necesario reducir la alta fragmentación existente en el sector, promoviendo procesos de integración que permitan aprovechar economías de escala, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la sostenibilidad financiera.

Actualmente, la existencia de numerosos operadores de pequeño tamaño dificulta la implementación de inversiones y limita la capacidad para ofrecer servicios de calidad.

La consolidación de capacidades técnicas, administrativas y financieras busca contribuir a una gestión más eficiente y sostenible en el tiempo.

Impulsar una cultura de valoración del agua

Además de las inversiones en infraestructura y gestión, la política incorpora un componente de cambio cultural.

El Gobierno busca promover una mayor valoración ciudadana del agua y de los servicios de saneamiento, fomentando prácticas responsables de consumo y el cuidado de la infraestructura pública.

La estrategia también apunta a fortalecer la percepción de los usuarios sobre la importancia de estos servicios y sobre los costos asociados a su provisión y mantenimiento.

La finalidad es generar una mayor corresponsabilidad entre Estado, prestadores y ciudadanía para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Implementación obligatoria para todo el sector público

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 tiene carácter vinculante para todas las entidades de la administración pública.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento será el encargado de conducir y coordinar su implementación, mientras que los gobiernos regionales, municipalidades y demás instituciones involucradas deberán adecuar sus instrumentos de planificación a los objetivos establecidos.

La ejecución se realizará a través del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), mecanismo que permitirá alinear las acciones de los distintos sectores y garantizar el seguimiento de los avances.

Asimismo, el Viceministerio de Construcción y Saneamiento tendrá la responsabilidad de monitorear periódicamente el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.

Las metas que el país busca alcanzar al 2050

La visión planteada por la política es ambiciosa y apunta a transformar significativamente la cobertura de los servicios de saneamiento durante las próximas décadas.

Para el año 2050 se proyecta que el 70,48% de la población nacional cuente con acceso a agua potable gestionada de manera segura, casi el doble del nivel registrado en 2024.

En el caso del saneamiento, la meta es alcanzar una cobertura segura de 70,18% de la población.

Adicionalmente, se busca que el 76,79% de las aguas residuales municipales reciban tratamiento adecuado, promoviendo además su reutilización, especialmente en zonas donde la disponibilidad hídrica es limitada.

Estas metas reflejan una visión de largo plazo orientada no solo a ampliar coberturas, sino también a mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios.

Un desafío que trasciende gobiernos

La aprobación de la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 constituye uno de los esfuerzos más ambiciosos del Estado para enfrentar las históricas brechas de infraestructura y acceso a servicios básicos.

Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá de la capacidad de mantener la continuidad de las inversiones, fortalecer la gestión institucional y garantizar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno durante los próximos 25 años.

La magnitud de las metas planteadas evidencia que el acceso universal a servicios seguros de agua y saneamiento sigue siendo uno de los principales desafíos pendientes para el desarrollo sostenible del Perú.