Osiptel deroga normas especiales aplicadas a Telefónica desde 2020

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó la derogación de las “Normas especiales para la prestación del servicio de acceso a internet fijo aplicables a Telefónica del Perú S.A.A.”, hoy Integratel Perú S.A.A., poniendo fin a un régimen regulatorio diferenciado que estuvo vigente desde 2020. La decisión responde a una evaluación realizada por el regulador sobre la evolución del mercado de internet fijo en el país, concluyendo que las condiciones que justificaron la imposición de estas obligaciones especiales han cambiado sustancialmente.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 000069-2026-CD/OSIPTEL, publicada hoy, y forma parte del proceso de revisión regulatoria contemplado en la Agenda Regulatoria 2026-2027.

El origen de la regulación especial

Para comprender el alcance de esta decisión es necesario remontarse al año 2020, cuando OSIPTEL aprobó una regulación específica para Telefónica del Perú, entonces el principal operador del mercado de internet fijo.

En aquel momento, el regulador identificó que la empresa contaba con una posición dominante sustentada en diversos factores, entre ellos una elevada participación de mercado, una cobertura superior a la de sus competidores, acceso a infraestructura considerada esencial para la prestación del servicio, integración vertical entre mercados mayoristas y minoristas y la existencia de barreras estratégicas que dificultaban una competencia más intensa.

Ante este escenario, OSIPTEL decidió imponer una serie de obligaciones especiales orientadas a fortalecer la capacidad de elección de los usuarios y reducir los costos de cambio de proveedor.

Las normas establecieron mecanismos específicos para transparentar las tarifas, facilitar las migraciones de planes, agilizar las bajas de servicios y establecer requisitos más estrictos para la comunicación de incrementos tarifarios.

Las obligaciones que enfrentaba Telefónica

La regulación especial aprobada en 2020 obligaba a Telefónica a cumplir exigencias adicionales respecto a las que enfrentaban otros operadores.

Entre las principales obligaciones figuraba la publicación detallada de tarifas de internet fijo tanto para servicios individuales como empaquetados. Asimismo, la empresa debía desagregar claramente los componentes de los paquetes de servicios para facilitar la comparación por parte de los usuarios.

Otro aspecto relevante era el régimen especial para los incrementos tarifarios. La empresa debía comunicar cualquier aumento con una anticipación mínima de 30 días calendario, informar de manera expresa a los clientes afectados y ofrecer alternativas de planes de menor costo.

Además, estaba obligada a facilitar procesos de migración, suspensión temporal y baja del servicio mediante mecanismos de autogestión digital, estableciendo plazos máximos para atender las solicitudes de los abonados.

Incluso se contemplaba un régimen sancionador específico, mediante el cual cualquier incumplimiento de estas obligaciones era considerado una infracción grave.

En términos prácticos, estas medidas buscaban reducir las barreras que enfrentaban los consumidores para cambiar de plan o de operador, promoviendo una mayor dinámica competitiva en el mercado de internet fijo.

La evaluación del mercado seis años después

Según el análisis realizado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia de OSIPTEL, el contexto competitivo que justificó la regulación asimétrica de 2020 ha cambiado significativamente.

El organismo concluyó que el mercado de internet fijo presenta actualmente una dinámica distinta, caracterizada por una mayor intensidad competitiva y una participación más activa de diversos operadores.

De acuerdo con la resolución, las condiciones originales que llevaron a considerar a Telefónica como un actor con capacidad para actuar de manera independiente frente a sus competidores ya no tienen la misma relevancia que hace seis años.

OSIPTEL sostiene además que existen actualmente otros mecanismos regulatorios de alcance general que cumplen los objetivos que perseguían las normas especiales, especialmente en materia de protección al usuario, reducción de costos de transacción y promoción de la competencia.

Como resultado de esta evaluación, el regulador determinó que mantener una regulación diferenciada exclusivamente para Integratel Perú ya no resultaba necesario ni proporcional.

La posición de Integratel

Durante el proceso de consulta pública, Integratel Perú S.A.A. manifestó formalmente su respaldo a la propuesta de derogación.

Mediante una comunicación enviada al regulador el 24 de abril de 2026, la empresa sostuvo que el mercado ha experimentado una mayor intensidad competitiva y que el marco regulatorio general vigente resulta suficiente para alcanzar los objetivos originalmente buscados por las normas especiales.

Asimismo, destacó la tendencia internacional hacia procesos de desregulación en mercados donde las condiciones competitivas han mejorado, argumentando que las obligaciones diferenciadas habían perdido justificación económica y regulatoria.

La opinión de la empresa fue considerada dentro del proceso de evaluación junto con otros comentarios recibidos durante la etapa de consulta pública.

Una señal de cambio regulatorio

La decisión de OSIPTEL constituye una señal importante respecto a la evolución del mercado peruano de telecomunicaciones y al enfoque regulatorio que busca adoptar el organismo supervisor.

La derogación refleja el principio regulatorio según el cual las intervenciones asimétricas deben mantenerse únicamente mientras persistan las condiciones que las justifican. Una vez que el mercado alcanza mayores niveles de competencia, las obligaciones especiales pueden ser retiradas para dar paso a un esquema más uniforme para todos los operadores.

Este enfoque busca equilibrar dos objetivos: proteger a los usuarios y promover la competencia, sin generar cargas regulatorias innecesarias para las empresas cuando las condiciones del mercado ya no lo requieren.

Lo que cambia para los usuarios

Aunque desaparecen las obligaciones especiales impuestas exclusivamente a Telefónica, los usuarios de internet fijo continúan protegidos por el conjunto de normas generales que regulan el sector telecomunicaciones.

OSIPTEL enfatiza que la derogación no implica una reducción de los derechos de los consumidores, ya que siguen vigentes las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, los mecanismos de supervisión tarifaria, las obligaciones de información y las herramientas de protección al usuario existentes en la normativa sectorial.

En consecuencia, el regulador considera que la eliminación de estas reglas especiales no afectará la capacidad de los usuarios para comparar ofertas, cambiar de operador o presentar solicitudes relacionadas con sus servicios.