“Operaciones con facturas falsas tiene pena de cárcel”

15:00 9 Septiembre, 2019

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el año pasado, la evasión por concepto de Impuesto General a las Ventas (IGV), se ubicó en un 32% de lo que se dejó de recaudar. Esto en valores reales representan S/ 22,634 millones. En este sentido, de este monto sólo S/ 4,308 millones se debió a operaciones no reales.

“Estas acciones de algunos negocios de la economía del país tiene pena de cárcel que puede llegar hasta 12 años, si Sunat demuestra que es cierto” señala, José Verona – Director de Grupo Verona

Por esta situación, la fuerza fiscalizadora de SUNAT se ha ido concentrando en dos sectores: servicios y construcción; debido que de los S/ 4,308 millones que corresponden a operaciones no reales, el 88% corresponde a operaciones del sector servicios, comercio, manufactura y construcción. De acuerdo a SUNAT, durante el año 2018 y en el primer semestre del presente, se han fiscalizado 4,829 operaciones por S/ 613 millones. El 46% de estas operaciones (2,241) fueron detectadas como no reales por la suma de S/ 219 millones.

Finalmente, el especialista tributario añade “Esta bien que se ataque las facturas falsas o de favor, pero también debemos atacar la informalidad, nuestra economía es informal por donde se mire, más de 75%”.

Se han detectado casos en los que una operación no real vinculaba a empresas extranjeras. Básicamente los proveedores no tenían sustancia económica y se les pagó a través de bancos con cargo a cuentas de empresas vinculadas. Por otro lado, se han detectado trámites para obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) por parte de empresas que solo fueron creadas para el traslado de créditos fiscales indebidos.

Finalmente, la Administración Tributaria está buscando la profundización en las investigaciones de los casos vinculados con delito tributario, así como también ampliar las acciones de control y está aplicando estrategias dirigidas a facilitar el cumplimiento y a disuadir a los contribuyentes mediante el uso del máximo rigor de la Ley.

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