Normas sobre contrataciones del estado deben ser revisadas por nuevo gobierno

Si bien la nueva ley de Contrataciones del Estado busca contar con un régimen de contratación pública orientada hacia la gestión por resultados y la debida rendición de cuentas de los recursos públicos, se constata que se ha generado una sobrerregulación, cuya aplicación discrecional y subjetiva podría propiciar actos de corrupción, sostuvo Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima.

“La CCL postula básicamente por una normativa que garantice la transparencia en las contrataciones públicas, el fortalecimiento de los mecanismos para neutralizar los actos de corrupción, la claridad de las disposiciones reglamentarias, de modo que no estén sujetas a la interpretación o discrecionalidad de los funcionarios que deban aplicarlas, así como la participación efectiva del sector privado en la canalización de denuncias por trasgresiones de las normas pertinentes”, comentó Zavala.

Temas Controvertidos
Entre los temas controvertidos de la nueva ley destaca el del Valor Estimado Oculto. De acuerdo a la norma, en la adquisición de bienes/servicios el “valor estimado” por la entidad convocante se mantendrá oculto. En el marco de ese “valor estimado” los proveedores deberán presentar sus propuestas económicas. Lo proveedores no pueden saber bajo qué criterios se definió dicho valor.
“En nuestro concepto, el valor estimado oculto trasgrede los principios de publicidad y transparencia que la ley exige, y genera riesgo de favorecer a determinado postor propiciando actos de corrupción (…). Consideramos que el valor estimado debe constar en las bases, especificando las fuentes de indagación en el mercado y la antigüedad de las mismas”, sostuvo Zavala.

Otro aspecto que llama la atención es el monto de adelanto por obra. Con la nueva normativa, las empresas que contraten con el Estado recibirán 50% menos por adelanto de obra en comparación con la legislación anterior. Esto genera sobrecostos administrativos y financieros al contratista, lo que finalmente afectará al Estado por cuanto se incrementará el valor de las obras, agregó Zavala.

“También debe revisarse lo relacionado a los Recursos de Apelación. En la nueva ley se ha establecido que dicho recurso se interpone ante el Tribunal de OSCE cuando el monto de la contratación es 65 o más UIT, caso contrario la apelación la resuelve la propia entidad, lo que convierte a esta en juez y parte. En ese sentido, la nueva regulación desconoce el principio de igualdad de trato que la ley dispone, no garantiza predictibilidad y seguridad jurídica en las contrataciones públicas, transgrede el acuerdo de TLC con los Estados Unidos, que exige que la apelación sea vista por entidad distinta a la convocante”, dijo en otro momento.

Por último, el representante de la CCL llamó la atención en torno a la obligación que las empresas tienen en renovar anualmente su acreditación en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

“No se justifica la renovación anual del RNP, por cuanto el propio Reglamento de la ley establece que los proveedores están obligados a actualizar en un plazo de 10 días hábiles su denominación o razón social, transformación societaria, distribución de acciones, etc. La Cámara considera que debe eliminarse la obligación anual de renovar el RNP, en tanto el proveedor registrado comunique en diciembre de cada año que la información que consta en el RNP no ha variado”, concluyó.