Nueva regulación de la SBS amplía las infracciones en banca, seguros y pensiones

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) actualizó el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) con el propósito de adecuar su marco sancionador a los nuevos riesgos y desafíos que enfrentan los sistemas financiero, asegurador y privado de pensiones. La modificación, aprobada mediante la Resolución SBS N.° 01923-2026, incorpora nuevas infracciones, modifica otras ya existentes y elimina aquellas que habían quedado desfasadas, fortaleciendo la capacidad del organismo supervisor para sancionar incumplimientos y proteger a los usuarios de los servicios financieros.

Según explicó la propia SBS, la actualización busca dotar a la institución de herramientas más eficaces para ejercer su potestad sancionadora en un contexto marcado por la evolución de los mercados, la creciente complejidad de los productos financieros y la necesidad de reforzar la conducta de mercado, la solvencia de las entidades y la transparencia en la prestación de los servicios.

Más controles para el sistema financiero

Uno de los principales cambios se concentra en las entidades del sistema financiero. La resolución incorpora nuevas infracciones graves relacionadas con la gestión de la cartera crediticia, el financiamiento a personas vinculadas y la correcta aplicación de las tasas de interés.

Entre ellas destaca la obligación de obtener autorización previa de la SBS para las transferencias y adquisiciones de cartera crediticia, así como la obligación de comunicar oportunamente dichas operaciones al supervisor. También se sancionará el envío de información incompleta sobre este tipo de transacciones.

Asimismo, la norma incorpora como infracción grave el otorgamiento de créditos a personas o empresas vinculadas en condiciones más favorables que las ofrecidas al resto de clientes, reforzando los mecanismos para prevenir conflictos de interés y proteger la solvencia de las entidades.

En materia de protección al usuario, la SBS endurece el tratamiento de los incumplimientos relacionados con la aplicación de tasas de interés y la liquidación de intereses. Cuando estas irregularidades generen perjuicios económicos equivalentes o superiores a 20 UIT serán consideradas infracciones graves, mientras que si la afectación supera las 100 UIT serán calificadas como muy graves.

La regulación también incorpora como infracción grave el uso de modelos de gestión de riesgos que no hayan sido aprobados conforme a la normativa vigente, reforzando así los estándares prudenciales que deben observar las entidades supervisadas.

Mayor vigilancia sobre el sector asegurador

La actualización normativa también introduce importantes modificaciones para las empresas de seguros y reaseguros.

La SBS incorpora nuevas infracciones destinadas a fortalecer la gestión de inversiones, la constitución de provisiones técnicas, el respaldo patrimonial y la administración de garantías vinculadas a seguros de caución y fianzas.

Entre las nuevas conductas sancionables figura el incumplimiento de las normas sobre valorización de inversiones, el no mantener información disponible para la supervisión, la emisión de determinadas fianzas cuando el patrimonio efectivo alcanza determinados límites regulatorios y el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con productos que incorporan componentes de ahorro e inversión.

La resolución también endurece las sanciones vinculadas a los conflictos de interés en la gestión de inversiones y tipifica como infracciones muy graves la realización de operaciones con productos financieros derivados sin autorización de la SBS y el ejercicio de funciones fiduciarias sin el permiso correspondiente.

Respecto de los ajustadores de siniestros, la norma modifica las reglas sobre la entrega de informes de liquidación. Los incumplimientos de menor incidencia serán considerados leves, mientras que cuando superen determinados porcentajes pasarán a ser calificados como infracciones graves.

Cambios para el Sistema Privado de Pensiones

En el ámbito del Sistema Privado de Pensiones (SPP), la resolución incorpora un conjunto de nuevas infracciones orientadas a fortalecer el funcionamiento del proceso de evaluación y calificación de invalidez.

Las AFP deberán cumplir estrictamente los plazos para recibir, tramitar y derivar solicitudes, así como brindar orientación adecuada a los afiliados durante todo el proceso. También se establecen nuevas obligaciones para los Comités Médicos encargados de evaluar la invalidez, incluyendo el cumplimiento de los plazos para emitir dictámenes, la correcta notificación de sus decisiones y la adecuada conservación de los expedientes.

La SBS también incorpora nuevas exigencias para el funcionamiento del Comité de AFP (COMAFP), relacionadas con la implementación de políticas de gestión de riesgos, prevención de conflictos de interés, selección del personal especializado, monitoreo del desempeño y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas.

Además, se tipifican nuevas infracciones vinculadas a la acreditación de aportes previsionales y a la gestión de cobranzas, aspectos considerados fundamentales para proteger los derechos de los afiliados.

Actualización integral del régimen sancionador

La resolución también modifica las infracciones aplicables a otros supervisados, como empresas de factoring, empresas de arrendamiento financiero, derramas y cajas de beneficios, incorporando nuevas obligaciones relacionadas con la presentación de memorias anuales y el cumplimiento de los plazos regulatorios.

Paralelamente, la SBS derogó diversas infracciones que habían perdido vigencia o fueron reemplazadas por las nuevas tipificaciones, con el objetivo de mantener un régimen sancionador coherente con la normativa actualmente vigente.

Con esta actualización, la SBS continúa el proceso de modernización de su Reglamento de Infracciones y Sanciones para adecuarlo a la evolución del sistema financiero y de los mercados supervisados. La incorporación de nuevos tipos infractores fortalece la supervisión sobre aspectos como la gestión de riesgos, la conducta de mercado, las inversiones, las operaciones crediticias y la protección de los usuarios. Al mismo tiempo, la revisión y depuración del catálogo de infracciones busca dotar al supervisor de un marco sancionador más actualizado, proporcional y eficaz frente a los nuevos desafíos que enfrenta el sistema financiero peruano.