Credicorp paga S/ 1,577 millones a la Sunat pero seguirá en disputa legal

El Grupo Crédito S.A., subsidiaria de Credicorp, efectuó hoy el pago total de las resoluciones de determinación y multa notificadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) el pasado 27 de junio, que en conjunto ascendieron a S/ 1,577.2 millones. Así lo informó Credicorp a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en un nuevo hecho de importancia.

Pese a que el monto ya fue cancelado, la compañía reafirmó su decisión de continuar con las acciones legales correspondientes para impugnar dichas resoluciones, alegando que carecen de fundamento y calificándolas como arbitrarias y abusivas. La empresa asegura que ejercerá todos los derechos que la ley le otorga para revertir la medida.

Origen de la controversia

Las resoluciones de la SUNAT corresponden a observaciones realizadas sobre dos operaciones de compra y venta de acciones del Banco de Crédito del Perú, efectuadas en la Bolsa de Valores de Lima. La primera transacción tuvo lugar el 7 de mayo de 2018 por un 2,77% del capital social, y la segunda, el 7 de mayo de 2019, por un 0,9559%.

En ambas operaciones, el Grupo Crédito actuó como comprador y Cricorp Ltd como vendedor. Según la administración tributaria, la empresa debió realizar la retención del impuesto a la renta para no domiciliados, por lo que le atribuyó la condición de responsable solidario en calidad de agente de retención.

La notificación de junio incluyó dos resoluciones de determinación por tributo omitido y dos resoluciones de multa correspondientes a los periodos de enero y marzo de 2018. Los montos detallados por la SUNAT sumaron S/ 850,4 millones en tributos y S/ 718,1 millones en intereses, alcanzando un total de S/ 1,568,4 millones, cifra que fue ajustada en el pago final informado por Credicorp.

El proceso de impugnación anunciado por la compañía seguirá su curso mientras se mantiene el pago como una medida para cumplir con las exigencias de la autoridad tributaria. El desenlace dependerá de la evaluación que realicen las instancias legales a las que recurra la empresa.