Congreso aprueba ley que moderniza la labor de los martilleros públicos

El Congreso de la República aprobó una nueva ley que introduce importantes modificaciones a la Ley del Martillero Público (Ley 27728), así como a otras normas vinculadas al uso de tecnologías en procesos judiciales y de remate de bienes. Esta iniciativa busca modernizar la actividad de los martilleros públicos, fortalecer su regulación y adecuar sus procedimientos a los avances tecnológicos.

La ley también realiza precisiones y cambios en el Código Procesal Civil, la Ley Procesal del Trabajo y otras normas relacionadas al sistema de remates judiciales.

El martillero público es un profesional autorizado que interviene en la venta pública de bienes muebles o inmuebles a través de un remate. Su labor es clave en los procesos judiciales o extrajudiciales donde se requiere subastar bienes, ya sea por deudas, embargos u otras razones legales.

Hasta ahora, las normas que regulaban esta actividad en el Perú databan de inicios de los años 2000 y requerían actualizarse frente a los cambios tecnológicos y a la necesidad de garantizar mayor transparencia y seguridad en los remates.

Principales cambios introducidos por la nueva ley

Entre las principales modificaciones que trae esta ley, destacan las siguientes:

1. Modernización del perfil del martillero público. Se actualizan los requisitos para ejercer como martillero público, incluyendo la obligación de contar con conocimientos en tecnologías de información y comunicaciones (TIC), especialmente para participar en remates virtuales.

2. Uso obligatorio de plataformas tecnológicas. Los martilleros deberán utilizar plataformas digitales para llevar a cabo los remates, lo que busca agilizar los procesos, dar mayor acceso a los participantes y garantizar la transparencia de las subastas.

3. Registro y supervisión más rigurosos. Se fortalecen las disposiciones sobre el Registro de Martilleros Públicos, a fin de controlar mejor el ejercicio de la profesión y sancionar a quienes incumplan las normas.

4. Responsabilidad y sanciones. La norma precisa las responsabilidades del martillero en el proceso de remate y detalla las sanciones por incumplimientos, actos indebidos o irregularidades.

Además de modificar la Ley del Martillero Público, la norma aprobada también introduce cambios en:

– La Ley 30229, que regula el uso de tecnologías en los remates judiciales y notificaciones.

– El Código Procesal Civil, para precisar procedimientos vinculados a los remates.

– La Ley Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica del Poder Judicial, adaptando sus disposiciones a este nuevo esquema.

Con esta reforma legal, el Congreso busca no solo modernizar el perfil del martillero público, sino también fortalecer la seguridad jurídica, evitar fraudes y dar mayor acceso a los ciudadanos a procesos de remate más abiertos, rápidos y con respaldo tecnológico.

El nuevo marco normativo representa un paso importante en la digitalización de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en el país, y coloca al martillero público en un rol más moderno, responsable y transparente.