BCRP advierte que gran parte de obras de prevención de un Niño Costero severo sigue inconclusa

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) analiza la experiencia nacional e internacional frente al Fenómeno El Niño (FEN) y destaca la importancia de adoptar medidas preventivas antes de que ocurran los eventos extremos. De acuerdo con el BCRP, el Niño Costero, correspondiente a la región Niño 1+2, continuaría hasta mediados del otoño de 2027. La mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria se concentra entre setiembre de 2026 y enero de 2027, mientras que en febrero y marzo se proyecta una intensidad fuerte y entre moderada y fuerte en abril, según el comunicado del ENFEN del 14 de setiembre de 2026.

El BCRP destaca que, a diferencia de fenómenos como los terremotos, cuya ocurrencia es súbita y difícil de anticipar, el FEN ofrece una ventana de previsión mediante los sistemas de pronóstico climático. Esta anticipación permite adoptar medidas antes de que las lluvias, inundaciones y otros efectos se materialicen.

La oportunidad es relevante debido al impacto económico que históricamente han generado estos eventos. Según las estimaciones citadas por el BCRP, los principales episodios del FEN ocurridos en Perú en 1983, 1998, 2017 y 2023 contribuyeron a reducciones del crecimiento del PBI que fueron desde 4,1 puntos porcentuales en 1983 hasta 0,8 puntos porcentuales en 2017.

La prevención puede reducir significativamente los daños

La experiencia internacional revisada por el BCRP muestra que las inversiones anticipadas pueden generar beneficios importantes frente a los costos ocasionados por los desastres.

El organismo cita una estimación del Banco Mundial según la cual cada US$ 1 invertido en infraestructura más resiliente genera alrededor de US$ 4 en beneficios en países de ingresos bajos y medios. El cálculo considera infraestructura de transporte, energía, agua, saneamiento y telecomunicaciones.

La estrategia de prevención no debería limitarse a grandes obras. El BCRP plantea combinar infraestructura resiliente y mantenimiento oportuno con sistemas de alerta temprana, protección directa de hogares y activos productivos, mecanismos de transferencia del riesgo y recursos financieros disponibles antes de que ocurra el desastre.

Un ejemplo peruano citado en el documento corresponde a una intervención de Financiamiento Basado en Pronósticos realizada en Picsi, Chiclayo, antes del Niño Costero de 2017. El programa entregó, con siete meses de anticipación, kits de materiales de construcción a hogares vulnerables para reforzar sus viviendas frente a lluvias e inundaciones.

El estudio citado por el BCRP encontró que los daños en las viviendas beneficiarias se redujeron 63% frente a hogares comparables que no recibieron los kits.

Las transferencias anticipadas también muestran resultados

El informe destaca además experiencias internacionales en las que la entrega anticipada de recursos monetarios permitió reducir las consecuencias de las inundaciones sobre los hogares vulnerables.

En Bangladesh, una transferencia de aproximadamente US$ 60 entregada entre tres y siete días antes del pico de las inundaciones de 2017 permitió a los hogares beneficiarios mejorar su acceso a alimentos y reducir su necesidad de endeudamiento.

Otro estudio realizado en Bangladesh y Nepal encontró que las transferencias entregadas cerca del momento de la inundación generaron mejores resultados en seguridad alimentaria y bienestar psicosocial que aquellas efectuadas entre uno y dos meses después.

Para el BCRP, estos resultados respaldan la importancia de vincular los pronósticos climáticos con mecanismos previamente definidos de asistencia, de manera que los recursos puedan llegar a la población antes de que se materialicen los impactos.

La experiencia peruana muestra costos de la falta de preparación

El informe recuerda que durante el FEN de 1997-1998 la anticipación permitió realizar intervenciones antes de las lluvias, entre ellas el encauzamiento de ríos, limpieza de alcantarillas y cunetas, reforzamiento de puentes y protección de carreteras.

La situación fue diferente en 2017, cuando el rápido desarrollo del Niño Costero redujo el tiempo disponible para la preparación. Posteriormente, el país tuvo que recurrir a recursos presupuestarios, fondos fiscales, líneas de crédito contingente y endeudamiento para financiar la respuesta y reconstrucción.

Esta experiencia, según el BCRP, demuestra que la capacidad de anticipación y ejecución resulta determinante para reducir los costos económicos y sociales de un fenómeno climático de gran magnitud.

Infraestructura: hay avances, pero la mayor parte de la cartera sigue pendiente

El BCRP señala que actualmente existen algunos meses antes de la temporada de mayores lluvias y que parte de la infraestructura construida después de 2017 se encuentra concluida o registra avances.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reporta nueve soluciones integrales de protección frente a inundaciones culminadas. Sin embargo, las restricciones presupuestales de los últimos años llevaron a reprogramar parte de su cartera.

Además, existen nueve proyectos en ejecución, de los cuales tres presentan un avance físico superior al 50%: la protección de la quebrada San Idelfonso y del río Chicama, en La Libertad, y la protección de la quebrada Cansas, en Ica.

El BCRP advierte, sin embargo, que un determinado porcentaje de avance físico no equivale automáticamente a una reducción proporcional del riesgo. Lo relevante es que los componentes críticos de cada proyecto estén funcionalmente operativos antes de que lleguen las lluvias.

En el conjunto de proyectos de soluciones integrales encargados a la ANIN, el informe registra un costo total de S/21.399 millones y una ejecución acumulada de S/10.575 millones, equivalente a 49,4% del costo. El avance físico agregado alcanza 46,4%.

Casi S/6.600 millones en fondos contingentes

El informe también identifica recursos disponibles para enfrentar una eventual emergencia.

El presupuesto institucional asignado a la gestión de riesgos y emergencias ha aumentado durante los últimos años, principalmente por la ejecución de obras de la ANIN y por las acciones de atención de emergencias.

Sin embargo, al cierre de agosto de 2026, el nivel de ejecución presupuestal alcanzaba 56,6%. En el componente de prevención, la ejecución era de 64,6%, mientras que en atención llegaba a 43,5%.

El BCRP señala además que existen fondos contingentes por S/6.574 millones para financiar acciones de prevención y atención ante posibles efectos del FEN.

Desde 2018, las leyes de presupuesto también permiten a las entidades realizar modificaciones presupuestarias para atender emergencias por desastres, incluyendo el uso de canon y regalías. Asimismo, se han flexibilizado determinadas normas de contratación pública y se han establecido mecanismos tributarios para contribuyentes de zonas declaradas en emergencia.

El Gobierno ya activó diversas medidas

El informe recoge varias acciones adoptadas durante 2026.

Entre ellas figura la declaratoria de emergencia por lluvias mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM, que comprendió 796 distritos de 22 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.

También se creó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM. El organismo tiene como función coordinar y hacer seguimiento a las intervenciones de reducción del riesgo, preparación y respuesta frente al FEN 2026-2027, así como identificar problemas de ejecución y proponer medidas.

Otra intervención corresponde al Decreto de Urgencia N.° 008-2026, que autorizó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a ejecutar acciones en 70 puntos críticos de ríos y quebradas de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Estas incluyen limpieza, descolmatación y conformación de bordos, con S/129,4 millones, además de S/50,1 millones para instalar barreras dinámicas en 12 puntos críticos de Lima y Huarochirí.

A ello se sumó una transferencia de S/447 millones de la Reserva de Contingencia del MEF al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para financiar 383 intervenciones de limpieza y descolmatación de cauces de ríos y quebradas.

Obras por Impuestos como mecanismo para acelerar intervenciones

El Gobierno también aprobó medidas extraordinarias para utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos en intervenciones relacionadas con el Fenómeno El Niño.

El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite a entidades públicas priorizar y ejecutar servicios vinculados con prevención, respuesta y rehabilitación, incluyendo gobiernos regionales, municipalidades y universidades.

La norma simplifica la fase de priorización y permite la selección de empresas ejecutoras y supervisoras mediante contratación directa, previa sustentación técnica y legal. También permite que las entidades públicas asuman directamente la supervisión con personal designado para ese propósito.

El sector privado también prepara respuestas

El BCRP considera que las capacidades del sector privado pueden complementar la respuesta pública, especialmente en áreas como maquinaria, transporte, almacenamiento, comunicaciones y cadenas logísticas.

El informe recoge que empresas y gremios vienen articulando iniciativas de prevención. Entre ellas, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) reportó compromisos por S/108 millones para acciones de prevención, atención y recuperación frente al FEN.

De ese monto, S/8 millones estarían destinados a combustible, maquinaria y otros recursos para intervenir cauces, defensas ribereñas, bocatomas, sistemas de riego, puentes e infraestructura estratégica. Los S/100 millones restantes se ejecutarían durante los próximos años mediante donaciones, Obras por Impuestos y Servicios por Impuestos.

El sector logístico también viene preparando medidas de contingencia, entre ellas refuerzo de almacenes, rutas alternativas y opciones de transporte aéreo y marítimo para reducir eventuales interrupciones en las cadenas de suministro.

Ocho prioridades antes de las mayores lluvias

A partir de la evidencia analizada, el BCRP plantea concentrar las acciones de los próximos meses en intervenciones que puedan generar resultados antes del periodo de mayores lluvias.

La primera prioridad es acelerar el mantenimiento y protección de puntos críticos, incluyendo cauces, quebradas, drenajes, alcantarillas, cunetas, puentes, carreteras y sistemas de agua.

La segunda consiste en implementar medidas rápidas para proteger viviendas, especialmente en zonas con elevada exposición y precariedad constructiva.

El tercer frente corresponde a fortalecer la comunicación y organización comunitaria, de manera que las alertas climáticas se traduzcan en instrucciones concretas sobre evacuación, protección de bienes y limpieza de drenajes.

El BCRP también recomienda elaborar un inventario nacional de logística para emergencias, que incluya maquinaria, hospitales de emergencia, puentes Bailey, transporte, alimentos, medicamentos y personal médico, así como ubicar recursos esenciales en zonas que podrían quedar aisladas.

La quinta prioridad es proteger anticipadamente la actividad agropecuaria, considerando semillas, cultivos, sistemas de riego y drenaje, sanidad y protección del ganado.

También plantea preservar la continuidad de las empresas y cadenas de suministro mediante información sobre riesgos, financiamiento para adaptación y recuperación y alternativas logísticas, incluido el cabotaje.

Financiamiento anticipado y continuidad de las obras

El BCRP considera necesario asegurar financiamiento ex ante para la emergencia, de modo que el país pueda disponer de liquidez, reservas y líneas contingentes sin depender exclusivamente de reasignaciones presupuestarias posteriores al desastre.

También plantea evaluar transferencias anticipadas a hogares, definiendo previamente beneficiarios, montos, mecanismos de pago y umbrales climáticos que activen la asistencia.

Otra recomendación es financiar proyectos de soluciones integrales de la ANIN que ya cuentan con contratistas, pero permanecen paralizados por falta de presupuesto. La prioridad debería estar en aquellos proyectos o componentes que puedan brindar protección efectiva antes del verano.

El criterio, precisa el BCRP, no debería ser únicamente el avance financiero o físico de una obra, sino su capacidad real de estar operativa y reducir riesgos frente al evento previsto.

Una agenda de mediano plazo

Más allá de la emergencia inmediata, el BCRP plantea una agenda de reducción estructural del riesgo.

Esta incluye incorporar estándares de resiliencia en infraestructura crítica, ordenar la cartera de prevención considerando las pérdidas esperadas evitadas y el análisis costo-beneficio, institucionalizar mecanismos de acción anticipatoria vinculados con pronósticos y financiamiento previamente establecido, fortalecer la protección social y profundizar los mecanismos de financiamiento y transferencia del riesgo.

También considera importante asegurar la continuidad de las políticas de gestión del riesgo durante los cambios de autoridades y equipos técnicos, mediante una adecuada transferencia de información, capacidades, instrumentos y conocimiento institucional.

La oportunidad está en ejecutar antes de que llegue el impacto

El diagnóstico central del BCRP es que las grandes inversiones en infraestructura siguen siendo indispensables para reducir las pérdidas de futuros fenómenos, pero su capacidad para modificar el impacto del próximo verano dependerá de que estén efectivamente operativas.

El país cuenta actualmente con algunos meses de anticipación, recursos financieros, obras culminadas o avanzadas y capacidades tanto públicas como privadas. Sin embargo, el ente emisor advierte que la mayor parte de la cartera de soluciones integrales de la ANIN permanece inconclusa, por lo que una parte importante de los potenciales beneficiarios continúa expuesta.

Es así que concluye: “los mayores presupuestos asignados para prevención y atención de desastres han permitido culminar algunas obras de mitigación. Sin embargo, como se aprecia en la situación de la cartera de proyectos de soluciones integrales de ANIN, la mayoría de los proyectos permanece inconclusa, y, por ende, el grueso de los potenciales beneficiarios continúa expuesto. En el mediano plazo, convendría priorizar el financiamiento de aquellos proyectos que ya están encaminados”.