Promulgan ley para agilizar justicia laboral, ampliando competencias de juzgados en conflictos laborales

La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, con el objetivo de mejorar el acceso de los trabajadores a la justicia laboral en el Perú. La norma, impulsada por el Congreso de la República, introduce cambios en los artículos 1 y 2 de la ley, ampliando la competencia de los juzgados de paz letrados y los juzgados especializados de trabajo en casos laborales de diversa índole, buscando agilizar y facilitar el proceso judicial para los trabajadores.

La ley establece que los juzgados de paz letrados laborales se encargarán de procesos abreviados laborales y aquellos con título ejecutivo cuyo monto no supere las setenta Unidades de Referencia Procesal (URP). Entre los casos que estos juzgados podrán abordar, destacan los reclamos relacionados con la prestación de servicios laborales, el pago de indemnizaciones hasta dicho límite, y la resolución de conflictos por hostigamiento o acoso en el ámbito laboral.

Por otro lado, los juzgados especializados de trabajo conocerán casos más complejos, como aquellos que superen las setenta URP o los relacionados con la responsabilidad civil en casos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. También se otorgará a estos juzgados la competencia para procesar demandas contencioso-administrativas en el ámbito laboral público y de seguridad social, incluyendo la impugnación de resoluciones de tribunales administrativos y de acciones de la autoridad laboral.

Fortalecimiento de la protección laboral

Además de ampliar la competencia de los juzgados, la nueva ley deroga el literal d) del artículo 2, numeral 1, de la normativa anterior, aclarando las atribuciones de los juzgados especializados en los temas relacionados con la protección de derechos colectivos e individuales de los trabajadores.

La Ley firmada también por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la vicepresidenta Carmen Patricia Juárez, destaca que su finalidad es asegurar un sistema de justicia laboral más accesible y eficiente para la población trabajadora, especialmente aquellos en regímenes laborales especiales, como trabajadores de la micro y pequeña empresa, trabajadores del hogar, y trabajadores adolescentes, entre otros.

El Poder Judicial deberá emitir normativa adicional en un plazo de 60 días para efectivizar la aplicación de las modificaciones. Este proceso buscará garantizar que las disposiciones de la nueva ley se ejecuten de manera adecuada y que los juzgados competentes tengan claros los lineamientos y procedimientos necesarios.

Con esta ley, se espera que los trabajadores puedan acceder a un proceso judicial más rápido y efectivo, permitiendo que se resuelvan con mayor prontitud las controversias en torno a derechos laborales, desde el cobro de indemnizaciones hasta la protección frente a actos de hostilidad laboral. Esta reforma representa un esfuerzo por mejorar el sistema de justicia laboral en Perú, adecuándolo a las necesidades de los trabajadores y promoviendo un entorno de trabajo justo y respetuoso.