SBS inaugura la SPLA 2026 con foco en el lavado de activos y la criminalidad organizada

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), inauguró la séptima edición de la Semana de Prevención de Lavado de Activos 2026 (SPLA 2026), una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

La actividad reúne a representantes de instituciones públicas, organismos internacionales, agencias de cooperación y gremios empresariales y financieros, con el propósito de promover el intercambio de conocimientos y mejorar la coordinación entre los distintos actores que participan en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.

En la ceremonia participaron María Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua, superintendente adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera; Katja Kammerer, directora residente de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) Cono Sur, responsable de sus operaciones en Argentina, Chile y Perú; y Pavel Bermúdez, coordinador de proyectos de flujos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También estuvo presente Enzo Paredes Castañeda, intendente de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú.

La semana se desarrolla en el marco de las actividades de sensibilización vinculadas al Día Nacional de la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos, que se conmemora cada 29 de octubre. Desde 2020, la SBS organiza esta iniciativa, que comenzó como una actividad de alcance más reducido y ha ampliado progresivamente su programación y cobertura territorial.

La criminalidad organizada y los flujos financieros ilícitos

Durante la inauguración, Katja Kammerer destacó que las organizaciones criminales modifican constantemente sus operaciones, conectan distintas economías ilegales y aprovechan las fronteras y las relaciones económicas internacionales para movilizar recursos de origen ilícito.

Entre las actividades delictivas que generan estos recursos mencionó la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. El dinero obtenido mediante estas actividades necesita ingresar a la economía formal para circular, ocultar su procedencia y financiar nuevas operaciones.

La representante de la cooperación alemana advirtió que este proceso no solo representa un problema financiero o técnico, sino que también afecta el funcionamiento de las instituciones, distorsiona la competencia y perjudica a las empresas y personas que desarrollan sus actividades dentro de la legalidad.

Desde esta perspectiva, la prevención del lavado de activos constituye un componente importante para proteger la integridad institucional, la transparencia de los mercados y las condiciones necesarias para un desarrollo económico sostenible.

Kammerer sostuvo que la respuesta debe comprender toda la cadena de actuación frente a los delitos: prevención, investigación financiera, sanción de los responsables y recuperación de los activos de origen ilícito. La identificación de las operaciones sospechosas y la imposición de sanciones son necesarias, pero también resulta fundamental impedir que las organizaciones criminales conserven los beneficios económicos obtenidos mediante sus actividades.

La dimensión transnacional de estos flujos exige, además, una mayor coordinación entre países. Los recursos ilícitos pueden atravesar distintas jurisdicciones, incorporarse a cadenas de valor y utilizar relaciones comerciales y financieras internacionales, por lo que sus efectos no se limitan al territorio donde se originaron.

En ese contexto, la cooperación entre Perú, Alemania y sus socios europeos busca contribuir al fortalecimiento de instituciones, la transparencia de los mercados y la aplicación de reglas claras en las relaciones económicas.

La cooperación internacional como herramienta de prevención

Kammerer señaló que Alemania respalda los esfuerzos de los países latinoamericanos mediante iniciativas regionales destinadas a fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de cooperación frente a los flujos financieros ilícitos.

Entre ellas mencionó el proyecto regional Impacta, implementado por la GIZ en alianza con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyo objetivo es contribuir a la lucha regional contra estos flujos mediante el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo de herramientas y la promoción de la participación del sector privado.

La cooperación también busca que los países desarrollen capacidades sostenibles para anticiparse a nuevas amenazas y responder con mayor efectividad. Para ello, es necesario que los conocimientos y las experiencias compartidas se traduzcan en mejores decisiones, herramientas de trabajo y procedimientos aplicables en las instituciones responsables.

La directora residente de GIZ Cono Sur destacó que la SPLA representa una oportunidad para acercar las perspectivas del sector público y privado, reforzar las alianzas y convertir los conocimientos adquiridos en mejores prácticas.

Su planteamiento central fue que ningún país ni institución puede enfrentar de manera aislada las redes que sostienen los flujos financieros ilícitos. Si la criminalidad organizada opera mediante redes, la respuesta también debe articularse a través de ellas.

UNODC refuerza la capacitación y el intercambio de herramientas

Por su parte, Pavel Bermúdez destacó el trabajo conjunto que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desarrolla con la UIF-Perú para abordar el lavado de activos desde una perspectiva transversal, vinculada con diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada.

El representante de la UNODC explicó que las investigaciones sobre flujos financieros ilícitos no pueden limitarse al narcotráfico, sino que deben considerar también delitos como la trata de personas, la corrupción, la minería ilegal y las actividades ilícitas relacionadas con los entornos portuarios.

Esta perspectiva permite analizar las conexiones entre las distintas actividades criminales y seguir la ruta del dinero para identificar cómo se generan, movilizan y ocultan los recursos obtenidos ilegalmente.

Bermúdez señaló que ambas instituciones han desarrollado talleres y actividades de capacitación dirigidos al Ministerio Público y a los sujetos obligados a implementar medidas de prevención del lavado de activos. Estas actividades se han realizado tanto en Lima como en otras regiones del país.

Asimismo, destacó un proyecto que cuenta con el apoyo del Reino de los Países Bajos y que contempla el desarrollo de un conjunto de herramientas para acercar los informes técnicos elaborados por la UIF al Ministerio Público.

La finalidad es que los fiscales puedan conocer mejor cómo se preparan estos documentos, comprender su contenido y aprovecharlos en sus labores cotidianas de investigación. El acceso a herramientas técnicas y a una mejor comprensión de los análisis financieros puede contribuir a fortalecer la coordinación entre las entidades que participan en la detección e investigación de operaciones vinculadas con actividades ilícitas.

Bermúdez también anunció la participación de especialistas de la UNODC en una de las jornadas de la SPLA dedicada a la minería ilegal, con el propósito de revisar metodologías utilizadas en otros países, particularmente mediante el intercambio de experiencias con expertos de Colombia.

La UIF capacitó a 1,269 personas en distintas regiones

Al inaugurar oficialmente la SPLA 2026, María Fernanda García-Yrigoyen Maúrtua resaltó la ampliación del alcance territorial de las actividades de prevención impulsadas por la SBS.

La superintendente adjunta recordó que la iniciativa comenzó en 2020 y que, desde entonces, ha incrementado su alcance. En la edición anterior se realizaron actividades en Puno y Madre de Dios, que reunieron a 270 participantes.

Este año, la UIF desarrolló jornadas de capacitación en Puno, Madre de Dios, Amazonas y La Libertad, entre otras actividades regionales mencionadas durante la presentación, con las que alcanzó a 1,269 personas antes de la programación principal de la semana.

García-Yrigoyen destacó el trabajo del equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera para llevar conocimientos y herramientas de prevención fuera de Lima. Esta ampliación resulta relevante porque la prevención del lavado de activos requiere que las instituciones y los sectores económicos comprendan sus obligaciones y puedan reconocer las señales de alerta en sus respectivas actividades.

La funcionaria señaló que la programación de esta séptima edición comprende 21 conferencias, a cargo de especialistas nacionales e internacionales, que abordarán diferentes aspectos del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Inteligencia artificial, extorsión, trata de personas y minería ilegal

Uno de los ejes de la programación será el análisis de la inteligencia artificial y su relación con la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

García-Yrigoyen explicó que esta tecnología debe evaluarse desde dos perspectivas: como una oportunidad para fortalecer las capacidades de análisis y detección, y como un posible riesgo cuando es utilizada para facilitar actividades ilícitas o dificultar su identificación.

El análisis de estas posibilidades resulta importante para que las instituciones puedan adaptar sus mecanismos de prevención a los cambios tecnológicos y a las nuevas modalidades de operación de las organizaciones criminales.

La agenda también incluye la extorsión, la trata de personas y la minería ilegal, actividades que pueden generar recursos que posteriormente buscan incorporarse a la economía formal. El tratamiento de estos temas permitirá examinar las relaciones entre los delitos precedentes y los mecanismos utilizados para movilizar u ocultar sus ganancias.

Otro componente de la semana será la revisión de las herramientas con las que cuenta el país para mejorar el intercambio de información financiera y facilitar las investigaciones.

Entre ellas se encuentra el Mecanismo de Intercambio de Información Financiera Público-Privado (MEPIF), así como el registro de beneficiarios finales y el mecanismo de identificación de titularidades financieras. Según lo expuesto por la representante de la UIF, este último ya se encuentra al servicio del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Estas herramientas apuntan a facilitar el acceso a información relevante para las investigaciones y contribuir a la identificación de las personas, operaciones y estructuras relacionadas con posibles actividades ilícitas.

Perú se prepara para la evaluación del Gafilat de 2029-2030

Otro asunto destacado durante la inauguración fue la preparación del Perú para la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), prevista para 2029-2030.

García-Yrigoyen explicó que se trata de una evaluación del país en su conjunto, por lo que su preparación involucra a las diferentes instituciones y actores que integran el sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En consecuencia, el trabajo no corresponde exclusivamente a la UIF o a la SBS. También requiere la participación coordinada de las entidades encargadas de la supervisión, la inteligencia financiera, la investigación penal y la administración de justicia, además de los sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero.

La evaluación permitirá examinar el funcionamiento del sistema peruano frente a los estándares internacionales aplicables, por lo que el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la coordinación entre sus integrantes forman parte de las tareas que deben desarrollarse con anticipación.

La SPLA ofrece un espacio para revisar estos aspectos, difundir conocimientos técnicos y promover una comprensión compartida de las responsabilidades de cada participante.