Gobierno declara en emergencia los sectores de vivienda, urbanismo y saneamiento

El Gobierno declaró en situación de emergencia a los sectores de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano y Saneamiento, debido a la persistencia de condiciones críticas que limitan el acceso de la población a soluciones integrales de vivienda y urbanismo, así como a servicios de agua potable y saneamiento que cumplan condiciones adecuadas de calidad, continuidad, confiabilidad y sostenibilidad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 016-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el domingo 25 de octubre de 2026. La norma dispone que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) organice y priorice la respuesta institucional frente a estos problemas mediante una estrategia sectorial que articule el trabajo de sus distintas dependencias, programas y organismos públicos adscritos.

La declaración de emergencia tiene como finalidad concentrar los esfuerzos del sector en la atención de las situaciones críticas identificadas y establecer líneas de acción que permitan coordinar las intervenciones y realizar su seguimiento. El decreto no establece por sí mismo medidas específicas de ejecución de obras ni anuncia nuevas asignaciones presupuestarias, sino que dispone la elaboración de un instrumento de gestión para ordenar la respuesta del Ministerio.

Acceso a vivienda y servicios básicos, entre los problemas identificados

En los considerandos de la norma, el Ministerio de Vivienda señala que persisten dificultades relacionadas con el acceso de la población a soluciones integrales de vivienda y urbanismo. A ello se suman las restricciones que afectan el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, así como su calidad, continuidad, confiabilidad y sostenibilidad.

Estas condiciones requieren, según el sustento técnico del decreto, una respuesta institucional priorizada dentro de las competencias del MVCS. La intención es que las diferentes áreas del sector trabajen de manera articulada para atender los problemas identificados, en lugar de abordar sus funciones de manera aislada.

La declaración se enmarca en las responsabilidades que la Ley N.º 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asigna a esta entidad. Entre sus funciones se encuentran normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración de los centros poblados urbanos y rurales, así como facilitar el acceso de la población a una vivienda digna y a servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

La norma también recuerda que el Ministerio tiene competencias en vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, además de ejercer la rectoría de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de actuación.

Una estrategia sectorial en un plazo de 60 días hábiles

El principal instrumento previsto por el decreto es la elaboración y aprobación de una Estrategia Sectorial. De acuerdo con el artículo 4, el Ministerio de Vivienda deberá aprobarla mediante Resolución Ministerial en un plazo máximo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la norma.

Considerando que el decreto fue publicado el 25 de octubre de 2026, el plazo comienza a computarse desde el 26 de octubre, conforme a lo establecido en la disposición. La fecha límite exacta dependerá del cómputo administrativo correspondiente y de los días inhábiles aplicables.

La estrategia tendrá una duración de seis meses, contados desde el día siguiente de su aprobación. Por tanto, el periodo de ejecución no comienza automáticamente con la publicación del decreto, sino una vez que el Ministerio apruebe formalmente el instrumento.

La elaboración estará a cargo de los despachos viceministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Construcción y Saneamiento, a través de los órganos, unidades orgánicas y programas que tengan competencia en las materias correspondientes.

El documento deberá identificar las situaciones que requieren atención, establecer las líneas de acción y articular la actuación de las distintas dependencias y entidades vinculadas al Ministerio. También deberá contemplar mecanismos de seguimiento que permitan revisar el desarrollo de las acciones previstas.

La medida comprende a todo el sector Vivienda

El alcance del decreto incluye a todos los órganos y unidades de organización del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a sus programas y organismos públicos adscritos.

Esto significa que la estrategia sectorial no estará limitada a una sola dependencia o línea de intervención. Su aplicación deberá involucrar a las áreas responsables de vivienda y urbanismo, así como a las vinculadas con construcción y saneamiento, de acuerdo con sus respectivas competencias.

La articulación entre estas instancias será relevante para coordinar las intervenciones y establecer prioridades frente a los problemas identificados. Sin embargo, el decreto no detalla todavía cuáles serán las obras, proyectos, localidades o grupos poblacionales que recibirán atención prioritaria. Esos aspectos deberán precisarse en el desarrollo de la estrategia sectorial.

Tampoco establece metas cuantificadas de viviendas, conexiones de agua potable, sistemas de saneamiento u otras intervenciones. La definición de las acciones concretas y de sus mecanismos de seguimiento formará parte del proceso que deberá desarrollar el Ministerio.

Financiamiento con los presupuestos institucionales

El decreto dispone que la implementación de sus medidas se financie con cargo a los presupuestos institucionales del Ministerio de Vivienda y de los organismos públicos adscritos, según corresponda, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Esta disposición, sustentada en los informes de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MVCS, establece que las acciones derivadas de la norma deberán financiarse con los recursos institucionales disponibles y dentro de los presupuestos correspondientes.

En consecuencia, la declaración de emergencia no viene acompañada de una autorización para incorporar recursos adicionales del Tesoro Público. La capacidad de ejecución de las acciones deberá guardar relación con los recursos presupuestarios disponibles y con la planificación que se establezca en la estrategia sectorial.

El decreto tampoco precisa cuánto dinero se destinará a las intervenciones ni establece una distribución presupuestaria específica entre las distintas áreas del sector. Esos detalles no figuran en el texto de la norma.

La declaración se vincula con las políticas nacionales vigentes

El Gobierno sustenta la medida en las políticas nacionales que orientan la actuación del sector. Entre ellas se encuentra la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 012-2021-VIVIENDA, con horizonte temporal al 2030, cuyo propósito es orientar la acción pública frente a las inadecuadas condiciones de habitabilidad de la población.

También se considera la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 010-2026-VIVIENDA, que busca atender el problema del acceso limitado a estos servicios.

Ambos instrumentos constituyen el marco de referencia para las políticas públicas relacionadas con vivienda, desarrollo urbano y saneamiento. La nueva declaración de emergencia busca priorizar la atención de las condiciones críticas identificadas en estos ámbitos y organizar la intervención del Ministerio mediante un instrumento sectorial de aplicación temporal.

Para sustentar la medida, la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento remitió un informe técnico que identifica la persistencia de los problemas. Asimismo, las áreas de planeamiento, modernización y presupuesto del Ministerio emitieron los informes correspondientes sobre la propuesta y su financiamiento.