OSCE: Nueva Ley de Contrataciones del Estado impedirá actos de corrupción

La nueva Ley de Contrataciones del Estado, presentada hoy en conferencia de prensa, por la presidenta de OSCE, Magali Rojas, servirá para aumentar la competencia, eliminando barreras y establecer medidas que impidan actos de corrupción y un uso indebido de los recursos del Estado. “Esto es algo internacionalmente estandarizado. Nuestros índices de pluralidad de competencias son muy bajos en relación a la región, por ejemplo en Brasil, la cantidad de postores por procesos llega a 5, en Colombia a 4, pero en Perú, en el gobierno central llegamos a 2, pero en regionales o locales a veces solo se logra 1. Entonces si no eliminamos barreras no permitimos la competencia y el ingreso de más postores”, dijo la funcionaria de OSCE.

Esta ley y su reglamento reduce las formalidades innecesarias que incrementaban los costos de transacción y genera el aumento de la competencia porque tiene una visión orientada a la gestión por resultados. Mejora las condiciones de calidad, oportunidad y precio de los bienes, servicios y obras contratadas, sin dejar de lado una sólida rendición de cuentas, orientada a prevenir y detectar los actos de fraude y corrupción.

Magali Rojas comentó que esta ley se viene trabajando desde el 2013 en que se empezó levantando información a nivel internacional y regional para adecuar las modalidades de otros países a nuestra realidad. “Fuimos ayudados, tanto para la ley como para el reglamento, por la cooperación técnica internacional y para ambos casos se han realizado talleres para conocer el enfoque del proveedor, del área usuaria, del operador, no solo del gobierno central, sino del gobierno local y regional, para poder ajustar las cosas y dar el giro que hemos dado que es de 180 grados”.

Agregó que el enfoque procedimental ha sido modificado para priorizar la satisfacción de la finalidad pública. “Si nosotros estamos aquí es porque queremos que algo funcione frente a un administrado que necesite algún servicio. Hicimos todo un trabajo que ha demorado desde el 2013 hasta el 2015 en que salió el reglamento, en diciembre, pero antes, desde abril del 2015, fue puesto a consulta y se recibieron más de 1,500 alcances”, dijo Rojas.

Finalmente, refirió “nosotros como organismo regulador y supervisor, de la mano del MEF, tenemos que priorizar el interés público, ya que todas las adquisiciones y contrataciones se hacen por concursos públicos”.

Principales aspectos que contiene la nueva normativa

1.Reformula la forma en que las entidades deben efectuar la programación de sus adquisiciones para verificar que las mismas cumplan los objetivos y metas contempladas en los planes operativos institucionales y no a decisiones aisladas de determinados funcionarios.

2. El registro de participantes es electrónico, eliminándose el registro presencial que era una barrera de acceso a los procedimientos y restaba competencia. En esa línea se ha establecido la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar el sobre de oferta del proveedor sin que cuente con poderes expresos para ello, incluso las ofertas podrían enviarse por courier.
3.Se han simplificado los procedimientos e incorporado nuevas metodologías como la post calificación para bienes, servicios y obras, donde los postores presentarán un único sobre para que las entidades puedan evaluar de manera eficiente centrándose en la calificación de la mejor propuesta. Con esto se evitará actos indebidos como el cambio de propuestas que ocurría en algunas entidades.

4. Incorpora nuevos métodos de contratación como la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la adjudicación simplificada y las contrataciones directas, que van a permitir a los operadores tener más opciones simples y eficientes en función al objeto contractual, para efectuar sus contrataciones de manera oportuna.

5. Sienta las bases para que los mecanismos de contratación tiendan a ser electrónicos habiéndose implementado ya la subasta inversa electrónica y los catálogos electrónicos del acuerdo marco.

6. Incrementa los supuestos de inaplicación de 3 UIT a 8 UIT, dándole mayor dinamismo a las compras por montos menores y fomentando la contratación de las Mypes. Estas compras estarán sujetas a que los proveedores vendan productos por encima del valor de 1 UIT (S/ 3,950.00), deberán estar registrados en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).