Gobierno refuerza control contra activación ilegal de líneas móviles

El Poder Ejecutivo aprobó, mediante el Decreto Supremo Nº 128-2025-PCM, nuevas disposiciones para fortalecer la aplicación de la Ley Nº 32451, que modificó la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal con el fin de sancionar la activación ilegal de líneas móviles y la posesión ilícita de SIM Cards. La norma busca asegurar la trazabilidad y legalidad en los procesos de comercialización y contratación de servicios públicos móviles, como parte de la estrategia nacional de lucha contra delitos que afectan la seguridad ciudadana.

El decreto precisa que la activación de una línea sin consentimiento del titular, la posesión de SIM Cards asociadas a servicios móviles sin autorización y la comercialización ilegal de estos servicios representan un riesgo directo para la seguridad pública. Por ello, se establece que las empresas operadoras son responsables del proceso completo de comercialización, contratación y activación de los servicios que ofrecen, debiendo asegurar una adecuada identificación y registro de los participantes en dichos procesos.

Acceso a la información para investigación de delitos

Las disposiciones aprobadas refuerzan el rol del OSIPTEL como enlace entre las empresas operadoras y entidades de seguridad. La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial tendrán acceso en línea a la información necesaria para la investigación de delitos vinculados al uso indebido de líneas móviles, incluyendo la trazabilidad del SIM Card y la identificación de quienes intervienen en cada etapa del proceso.

El decreto destaca también el papel de las Municipalidades Distritales en el control del comercio ambulatorio de servicios móviles. Estas autoridades deberán reportar, dentro del día hábil siguiente, los puntos donde se detecte venta o activación ilegal de líneas y SIM Cards, proporcionando información geográfica y de las personas involucradas para la intervención de las autoridades competentes.

Confidencialidad y articulación interinstitucional

Las entidades encargadas de la prevención y persecución del delito deberán mantener la confidencialidad de la información obtenida en estas acciones. Asimismo, se fortalecerán los mecanismos de colaboración entre distintos niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar actividades que fomenten el delito informático y el fraude móvil.

La norma establece que su implementación se financiará con el presupuesto institucional existente, sin necesidad de recursos adicionales. Además, el OSIPTEL emitirá disposiciones complementarias y podrá requerir que se amplíe la información necesaria para asegurar el cumplimiento del marco legal vigente.

El Decreto Supremo fue promulgado y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, así como por los titulares de Justicia, Transportes y Comunicaciones, y del Interior. Su contenido ya está disponible en las plataformas digitales oficiales del Estado.