Gobierno autoriza nuevo rescate financiero de Petroperú por hasta US$ 2,000 millones ante crisis energética

La crisis energética internacional y el deterioro financiero de Petroperú llevaron al Gobierno a aprobar un nuevo paquete de medidas extraordinarias orientadas a garantizar el abastecimiento de combustibles en el país y evitar mayores riesgos para la seguridad energética nacional. A través del Decreto de Urgencia N.º 003-2026, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo autorizó mecanismos financieros excepcionales para asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal y sostener la cadena de producción y comercialización de hidrocarburos.

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La norma reconoce que el Perú atraviesa un escenario de alta vulnerabilidad debido al impacto del conflicto geopolítico en Medio Oriente, particularmente por el cierre del estrecho de Ormuz, ruta estratégica por donde transita cerca del 20% de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado. Según el decreto, esta situación ha provocado un incremento significativo en los precios internacionales del crudo, mayores costos logísticos y una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales.

El Gobierno advierte que el alza del petróleo ya comenzó a afectar las perspectivas económicas del país. Solo en el primer bimestre del 2026, el precio promedio del WTI subió 11%, mientras que en marzo registró un incremento adicional cercano al 30%, elevando los costos de adquisición de crudo y derivados.

Petroperú y su rol estratégico en el abastecimiento nacional

El decreto enfatiza el papel estratégico de Petroperú dentro del mercado local de combustibles. La empresa estatal concentra actualmente el 19% del mercado nacional, participa con el 42% en diésel y 31% en gasolinas, además de tener una presencia dominante en regiones altamente vulnerables como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde el sector privado mantiene una participación limitada.

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El Ejecutivo sostiene que, ante una eventual interrupción de las operaciones de Petroperú, el país enfrentaría serios riesgos de desabastecimiento, afectando actividades esenciales como el transporte, la producción industrial, el comercio y la distribución de bienes.

La norma también detalla el deterioro financiero que atraviesa la empresa. El Gobierno señala que Petroperú pasó de registrar rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a enfrentar pérdidas estructurales desde el 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara.

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A ello se suman nuevos problemas operativos detectados este año. El decreto revela que la Refinería Talara enfrenta una situación crítica en sus plantas desalinizadoras y de desmineralización, lo que redujo significativamente la capacidad de producción de agua desmineralizada y obligó a ejecutar una parada segura parcial el pasado 2 de abril para evitar daños mayores.

Según el Ejecutivo, esta situación compromete el sistema integrado de refinación y suministro conformado por las refinerías de Talara, Conchán e Iquitos, afectando la capacidad de reposición de inventarios y la generación de capital de trabajo.

Hasta US$ 2,000 millones para sostener operaciones

La medida central del decreto es la autorización para que el Ministerio de Energía y Minas asuma compromisos contingentes hasta por un monto equivalente a US$ 2,000 millones, incluyendo costos financieros, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de Petroperú.

Los recursos estarán orientados principalmente a financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles y cubrir servicios necesarios para la producción de hidrocarburos.

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Además, el Ejecutivo habilita compromisos contingentes de corto plazo por hasta US$ 500 millones para atender necesidades inmediatas de liquidez mientras se implementa el esquema financiero principal.

Como parte del mecanismo, Petroperú podrá constituir un vehículo de propósito especial, de manera individual o con participación de terceros, incluyendo entidades financieras nacionales o internacionales. Este vehículo permitirá canalizar recursos para sostener las operaciones de la empresa y apoyar el proceso de reorganización patrimonial iniciado mediante el Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

El diseño y supervisión de este esquema quedará bajo liderazgo de ProInversión, entidad que también tendrá facultades para estructurar fideicomisos, supervisar el destino de los recursos y suscribir documentación en representación del Ministerio de Energía y Minas.

Gobierno prioriza seguridad energética y continuidad económica

El Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias debido a que los hidrocarburos representan actualmente el 74% de la matriz energética nacional y no existe, en el corto plazo, un sustituto capaz de garantizar el abastecimiento requerido por la economía peruana.

En ese sentido, el decreto argumenta que el colapso operativo de Petroperú generaría fuertes impactos económicos y sociales, afectando no solo el suministro de combustibles, sino también la estabilidad de precios y el desarrollo de actividades productivas en todo el país.

La norma establece además que las medidas tendrán aplicación inmediata y no requerirán reglamentación adicional. Asimismo, Petroperú quedará temporalmente exceptuada de ciertas disposiciones de su estatuto interno que puedan impedir la implementación de las decisiones aprobadas por el Gobierno.

El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y forma parte de la estrategia de reorganización patrimonial y estabilización financiera de la empresa estatal impulsada por el Ejecutivo junto con ProInversión.