Gobierno profundiza intervención en Petroperú con nueva reorganización patrimonial

El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 con el que dispone medidas extraordinarias en materia económica y financiera orientadas a la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y a garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos en el país. La norma, refrendada por el Consejo de Ministros y publicada en el diario oficial El Peruano ayer en la tarde, se suma a una serie de intervenciones estatales adoptadas durante los últimos años frente al progresivo deterioro financiero de la empresa estatal.

Una crisis financiera que se arrastra y se profundiza

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre la situación de Petroperú. La empresa, que mantiene una participación aproximada de 26 % en el mercado nacional de combustibles y supera el 85 % en regiones vulnerables como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, enfrenta una crisis estructural de solvencia patrimonial. Tras un periodo de rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021, la petrolera estatal comenzó a registrar pérdidas operativas recurrentes desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara.

A octubre de 2025, Petroperú acumulaba pérdidas operativas y netas significativas que han erosionado aceleradamente su patrimonio. El balance financiero evidencia un capital de trabajo negativo, con activos corrientes insuficientes para cubrir pasivos de corto plazo, configurando una situación de insolvencia técnica. A ello se suma una severa restricción de liquidez: el flujo de caja operativo es estructuralmente negativo y el saldo de caja se redujo a 66 millones de soles, un nivel considerado crítico para el volumen de operaciones de la empresa.

Deterioro del crédito y problemas operativos

El deterioro financiero se ha reflejado también en el acceso al crédito. En diciembre de 2025, S&P Global Ratings redujo la calificación crediticia de Petroperú de B a B-, citando la incertidumbre sobre el respaldo estatal y la persistencia de un EBITDA negativo asociado a altos niveles de endeudamiento. En paralelo, las líneas de crédito disponibles se redujeron drásticamente, pasando de US$ 2,599 millones a inicios de 2025 a apenas US$ 402 millones entre enero y noviembre.

En el plano operativo, la Refinería Talara ha enfrentado serias limitaciones por cierres reiterados de puertos a causa de oleajes anómalos, con interrupciones de hasta 17 días consecutivos. Estas restricciones han afectado tanto el suministro de crudo como la distribución de combustibles terminados, agravando los problemas de generación de ingresos y abastecimiento.

Antecedente inmediato: el decreto de salvataje de setiembre

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 no constituye una medida aislada. En setiembre, el Gobierno ya había aprobado otro decreto de urgencia orientado a enfrentar la coyuntura financiera de Petroperú y asegurar la comercialización de hidrocarburos a nivel nacional. Aquella norma dispuso un amplio paquete de apoyo financiero que incluyó la capitalización de hasta US$ 750 millones correspondientes a un apoyo financiero transitorio, la ampliación de plazos para el reembolso de obligaciones con el Tesoro Público y la asunción, por parte del Estado, de vencimientos de deuda vinculados a bonos internacionales y créditos asociados al proyecto de modernización de la Refinería Talara.

Asimismo, el decreto de setiembre autorizó garantías del Gobierno Nacional para nuevas operaciones de endeudamiento por hasta US$ 1,000 millones destinadas a financiar capital de trabajo, además de medidas de austeridad, reducción de gastos, venta de activos no estratégicos y el inicio de un proceso de transformación integral de la empresa, con asesoría especializada en reestructuración financiera, operativa y de gobernanza.

Pese a ese conjunto de medidas, el Ejecutivo reconoce en el nuevo decreto que Petroperú no logró superar las dificultades financieras coyunturales ni recuperar su sostenibilidad, debido a fallas operativas imprevistas en unidades clave de la Refinería Talara, nuevas rebajas de calificación crediticia y la persistencia de un flujo de caja negativo.

Reorganización patrimonial y bloques autónomos

Frente a este escenario, el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 da un paso adicional al autorizar, de manera excepcional, la reorganización patrimonial de Petroperú mediante la creación de uno o más bloques patrimoniales autónomos. Estos bloques podrán incluir activos tangibles e intangibles, licencias, permisos, contratos y unidades productivas estratégicas, incluida la Nueva Refinería Talara.

El objetivo es permitir una gestión más eficiente de los activos, facilitar el acceso a financiamiento en condiciones de mercado y asegurar la sostenibilidad operativa y financiera de largo plazo. Para ello, los bloques patrimoniales podrán ser transferidos a vehículos de propósito especial cuya titularidad seguirá correspondiendo a Petroperú.

ProInversión asume el control del proceso

Un elemento central del decreto es el encargo integral a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, ProInversión, que asume el diseño, conducción y ejecución del proceso de reorganización patrimonial. Petroperú queda incorporada al régimen de promoción de la inversión privada, lo que habilita a ProInversión a definir la modalidad de promoción aplicable, estructurar contratos de fideicomiso, seleccionar operadores especializados y tomar decisiones estratégicas sobre los activos reorganizados.

Las decisiones adoptadas en el marco del Plan de Promoción tendrán carácter vinculante para el directorio y la gerencia de Petroperú, que deberán ejecutarlas en plazos breves bajo responsabilidad funcional.

Continuidad operativa y nuevos aportes de capital

El decreto establece que los recursos generados por los bloques patrimoniales se destinarán prioritariamente al pago de pasivos operativos críticos y obligaciones financieras, con el fin de garantizar la continuidad del suministro de combustibles, especialmente en las regiones donde Petroperú es el principal abastecedor.

Adicionalmente, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a realizar transferencias financieras hasta por S/ 240 millones durante el año fiscal 2026, las cuales se constituirán como un nuevo aporte de capital del Estado. Estos recursos estarán destinados a financiar medidas de reorganización interna y no podrán ser utilizados para otros fines.

El Decreto de Urgencia N.º 010-2025 tiene vigencia de un año y es de aplicación inmediata. Además, deroga disposiciones que limitaban la aplicación de modalidades de promoción de la inversión privada en Petroperú, abriendo un nuevo escenario para la gestión de sus activos estratégicos.

Con esta norma, el Ejecutivo reconoce que los anteriores salvatajes financieros no han sido suficientes y opta por una intervención más profunda, que combina reorganización patrimonial, participación de operadores especializados y un rol protagónico de ProInversión. El objetivo declarado es evitar un desabastecimiento de combustibles y proteger la continuidad de actividades económicas esenciales, en un contexto donde la viabilidad financiera de la principal empresa estatal de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales desafíos para la política energética del país.