FEPCMAC: “El Congreso es cómplice de la delincuencia y el Estado no asume su rol”

En conferencia de prensa, Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), denunció la falta de acción efectiva del Estado frente a la creciente criminalidad en Perú. Durante su intervención, destacó que el Congreso es cómplice de la delincuencia y señaló que el Ministerio Público está más preocupado por luchas internas por el poder que por la seguridad ciudadana. Además, criticó al Poder Judicial por liberar a delincuentes todos los días y a las autoridades que se culpan entre ellas, tanto en el Ejecutivo como en el Judicial.

Solís refirió que el Ministro del Interior, con la ironía que lo caracteriza, destacó casi 300,000 detenciones en 2023, un aumento respecto al año anterior. Sin embargo, se cuestionó la efectividad de estas detenciones, preguntándose dónde se encuentran los delincuentes arrestados, ya que las cárceles del país apenas albergan a 98,000 presos, muy lejos de la cifra que debería reflejar el número de detenidos. En comparación, en El Salvador, con una población de más de 6 millones de personas, existen 102,000 reclusos, lo que pone en evidencia la deficiencia en el manejo de la criminalidad en Perú.

La situación se agrava aún más para el sector microfinanciero y los emprendedores. Solís denunció que el “gota a gota” (préstamos informales) ha crecido exponencialmente en los últimos años, alcanzando los 4,000 millones de soles en 2023. Esto ha provocado que muchas microempresas cierren sus negocios o trabajen solo para pagar extorsiones. El sistema microfinanciero ha experimentado una caída en sus colocaciones, mientras que la banca informal se ha apoderado de una porción creciente del mercado.

El presidente de la FEPCMAC subrayó que el sistema de microfinanzas necesita urgentemente un apoyo gubernamental para frenar la expansión de las bandas criminales y evitar que el sector formal pierda más terreno. Aseguró que las brechas económicas y sociales son cada vez mayores y que, incluso los asesores de las entidades microfinancieras están siendo amenazados por la criminalidad.

En este contexto, Solís demandó una serie de medidas urgentes y drásticas para contrarrestar la creciente inseguridad. Entre ellas, mencionó la necesidad de anular algunas leyes, normativas y proyectos de ley, que van en contra del sistema microfinanciero, así como la aprobación de leyes que promuevan la reactivación de la banca formal.

Finalmente, Solís concluyó con un llamado a la ciudadanía y a los gremios para que se levanten y exijan a los poderes del Estado medidas claras y contundentes para recuperar el control sobre el país. “No podemos esperar hasta el 2026”, dijo, “los ciudadanos de bien deben alzar su voz con valentía para pedir la reactivación de las MYPES y la protección del sistema microfinanciero, antes de que este mercado sea completamente tomado por la extorsión y la criminalidad”.