CONFIEP demanda al MINSA por exigir registros sanitarios individuales a pesar de su eliminación legal

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Salud (MINSA) ante el 6.º Juzgado Constitucional de Lima, buscando que la entidad cese la exigencia de registros sanitarios individuales para alimentos y bebidas comercializados en el país. Esta acción legal, presentada el 2 de diciembre de 2024, también exige que el MINSA cumpla con aplicar exclusivamente las habilitaciones sanitarias o certificaciones HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) en los establecimientos donde se fabrican dichos productos.

En 2016, mediante el Decreto Legislativo 1290, se eliminó del sistema jurídico peruano la exigencia del registros sanitarios del por cada
alimento o bebida que se comercializa en el país; y cumpla con exigir a los fabricantes de alimentos y bebidas procesados las habilitaciones sanitarias (también conocidas como Certificaciones HACCP). Este decreto reemplazó los registros por habilitaciones sanitarias, que ya son aplicadas de manera obligatoria a los fabricantes de productos alimenticios procesados.

Pese a esta reforma, el MINSA habría continuado exigiendo los registros sanitarios individuales a través de sus reglamentos internos, contraviniendo la ley vigente. Esta situación ha generado, según la CONFIEP, una duplicidad de trámites innecesaria, lo que incrementa las cargas administrativas para los comercializadores de alimentos y bebidas en el país.

La CONFIEP también hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre una acción popular presentada por la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas, cuyo expediente (18687-2023) busca que el MINSA se ajuste a la normativa vigente y elimine la exigencia de registros sanitarios.

De acuerdo con la CONFIEP, el mantenimiento de esta duplicidad regulatoria afecta a los comercializadores y, en última instancia, a los consumidores finales, ya que genera costos adicionales en el proceso de distribución de alimentos y bebidas. Además, la organización argumenta que los procedimientos vigentes de habilitaciones sanitarias ya garantizan la seguridad y calidad de los productos en el mercado.