De la Asamblea Constituyente al consenso con el mercado: Los giros del plan de Juntos por el Perú

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una versión modificada de su plan de gobierno que incorpora aportes de diversas agrupaciones políticas aliadas, entre ellas Ahora Nación, OBRAS, Primero la Gente, la Alianza Electoral Venceremos y la Plataforma por la Democracia. El nuevo documento marca una distancia significativa respecto de la propuesta original con la que la agrupación logró avanzar a la etapa decisiva de la contienda electoral frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El cambio no solo supone ajustes programáticos o la incorporación de nuevas medidas de gestión. En varios de los temas centrales que definieron la identidad política de Juntos por el Perú durante la campaña de primera vuelta, el nuevo programa representa un giro de fondo que acerca al candidato a posiciones más moderadas y compatibles con el actual modelo económico.

La transformación ha sido presentada por el equipo de Sánchez como un esfuerzo de concertación democrática y construcción de gobernabilidad. Sin embargo, también ha despertado cuestionamientos sobre la consistencia de la propuesta política y el grado de correspondencia entre el programa que respaldaron sus electores en la primera vuelta y el que ahora se ofrece al país para disputar la Presidencia.

Del Socialismo Andino Amazónico a la Economía Popular y Progreso

Uno de los cambios más notorios se encuentra en la definición ideológica del proyecto político.

El plan original de Juntos por el Perú se sustentaba en la construcción de un denominado “Socialismo Andino Amazónico”, una propuesta que planteaba una transformación profunda del modelo económico vigente y cuestionaba abiertamente las bases del sistema considerado neoliberal.

En contraste, el nuevo programa abandona esa narrativa y adopta el concepto de “Economía Popular y Progreso”, una fórmula que busca compatibilizar la economía de mercado con un mayor rol redistributivo del Estado.

La nueva propuesta ya no plantea una ruptura con el modelo económico sino una corrección de sus desequilibrios. El lenguaje utilizado enfatiza la estabilidad, la inclusión social, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, sin cuestionar de manera frontal los mecanismos de mercado que anteriormente eran objeto de crítica.

Para analistas políticos y económicos, este cambio refleja el intento de ampliar la base electoral hacia sectores moderados, independientes y empresariales que observaban con preocupación algunas propuestas de la primera vuelta.

El BCRP pasa de ser un actor cuestionado a una institución protegida

Otro de los cambios más importantes aparece en el tratamiento de la institucionalidad económica.

Mientras el programa inicial ponía énfasis en la soberanía económica y la recuperación del control estatal sobre sectores estratégicos, el nuevo documento incorpora un compromiso explícito con el respeto irrestricto a la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Asimismo, se garantiza la continuidad de las reglas fiscales y la disciplina macroeconómica, elementos que históricamente han sido defendidos por los sectores más cercanos al modelo económico vigente.

Este giro busca transmitir confianza a los mercados financieros y reducir la incertidumbre que podrían generar eventuales cambios abruptos en la conducción económica del país.

La Asamblea Constituyente deja de ser una condición obligatoria

La reforma constitucional fue uno de los principales ejes de la campaña de Juntos por el Perú durante la primera vuelta.

La propuesta original planteaba como mecanismo exclusivo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Ahora, el nuevo programa abandona esa exigencia y plantea una “Constitución de consenso”, cuya vía de implementación quedaría abierta a la decisión ciudadana y al diálogo político.

De esta manera, el documento admite que la reforma podría realizarse mediante el procedimiento previsto en el artículo 206 de la actual Constitución o a través de una Asamblea Constituyente, eliminando la obligatoriedad que antes se defendía.

La modificación representa uno de los cambios políticos más significativos porque implica flexibilizar una de las principales banderas programáticas de la agrupación.

Nueva relación con la inversión privada

Probablemente el cambio más profundo se observa en la relación con la inversión privada y el sector empresarial.

El programa original proponía revisar artículos constitucionales vinculados a la inversión, cuestionaba los contratos-ley, planteaba renegociar tratados de libre comercio y mostraba una visión crítica sobre diversos mecanismos de protección a la inversión extranjera.

La nueva propuesta adopta una posición prácticamente opuesta.

El documento señala expresamente que se respetará la propiedad privada, los contratos vigentes y los tratados internacionales de libre comercio. Asimismo, reconoce el papel de la inversión privada como motor del crecimiento económico y plantea que el Estado debe actuar como promotor y facilitador del desarrollo.

También se fortalece el rol de ProInversión y se impulsa el uso de asociaciones público-privadas (APP) para acelerar proyectos de infraestructura.

Este cambio busca despejar dudas sobre eventuales escenarios de incertidumbre jurídica y representa una señal de acercamiento hacia sectores empresariales que en la primera vuelta se mostraban reticentes frente a las propuestas de Juntos por el Perú.

Nuevas medidas para enfrentar la crisis económica

Más allá de los cambios ideológicos, el nuevo programa incorpora medidas específicas que no figuraban con claridad en la propuesta inicial.

Entre ellas destaca el compromiso de elevar progresivamente la remuneración mínima vital hasta S/ 1,500 mensuales mediante actualizaciones técnicas anuales.

También se propone reactivar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para contener los costos de la gasolina, el diésel y el GLP.

Asimismo, se plantea un plan de choque para destrabar obras públicas paralizadas mediante una intervención rápida de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con el objetivo de acelerar proyectos de impacto regional.

Estas iniciativas buscan responder a las preocupaciones más inmediatas de la población en materia de empleo, costo de vida y ejecución de inversiones públicas.

Mayor énfasis en seguridad ciudadana

La seguridad se convierte en uno de los capítulos fortalecidos dentro del nuevo programa.

El documento plantea una reforma estructural de la Policía Nacional para recuperar la presencia policial en las calles, crear unidades especializadas de inteligencia y combatir con mayor eficacia las organizaciones criminales.

Asimismo, propone derogar normas que, según el plan, habrían favorecido el crecimiento de las economías ilegales y debilitado la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia.

El énfasis en seguridad responde a una demanda creciente de la ciudadanía y constituye uno de los temas donde el nuevo programa presenta un desarrollo más amplio respecto de la versión inicial.

La agenda social se amplía hacia las ciudades

Otro cambio relevante es la ampliación del enfoque social.

Mientras la propuesta original estaba más concentrada en poblaciones rurales, el nuevo plan incorpora medidas orientadas a enfrentar la pobreza urbana.

Destaca la creación del programa “Contra el Hambre, la Desnutrición y la Anemia”, la ampliación del programa Juntos a un millón de madres en zonas urbanas y el acceso de 290 mil adultos mayores adicionales a Pensión 65.

También se fija una pensión no contributiva de S/ 700 bimensuales para las personas en situación de pobreza extrema.

¿Pragmatismo político o cambio de identidad?

La comparación entre ambos documentos revela una transformación que va más allá de simples ajustes técnicos. El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez se mueve desde una propuesta de cambio estructural hacia una plataforma de reformas graduales, estabilidad económica y búsqueda de consensos.

Desde una perspectiva política, la estrategia puede interpretarse como un intento de ampliar apoyos y construir gobernabilidad en un escenario de segunda vuelta, donde la necesidad de captar electores de otras fuerzas obliga a moderar posiciones.

Sin embargo, también abre interrogantes sobre la consistencia de la oferta electoral. Muchos de los planteamientos que movilizaron a sectores de izquierda y permitieron a Juntos por el Perú alcanzar la segunda vuelta han sido suavizados, reformulados o directamente sustituidos por propuestas más cercanas al centro político.

La paradoja para Roberto Sánchez es que el esfuerzo por atraer nuevos votantes podría generar incomodidad entre parte de quienes respaldaron inicialmente una agenda de transformaciones más profundas. La discusión que emerge no es únicamente sobre la viabilidad de las propuestas, sino sobre cuánto puede cambiar un proyecto político entre una vuelta electoral y otra sin afectar la confianza de quienes lo llevaron a competir por la Presidencia.

En la recta final de la campaña, esa tensión entre pragmatismo y coherencia se perfila como uno de los elementos centrales que marcarán la elección entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori cuando los peruanos acudan a las urnas el próximo 7 de junio.