SBS refuerza su régimen sancionador ante nuevos riesgos del sistema financiero

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) dio un paso clave en el fortalecimiento de la regulación del sistema financiero peruano al actualizar su Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS), incorporando nuevas faltas, modificando otras existentes y derogando disposiciones que habían quedado desfasadas frente a los riesgos actuales.

La medida, oficializada mediante la Resolución SBS N.° 01029-2026 y publicada en el Diario Oficial El Peruano, responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a un entorno cada vez más complejo, marcado por la digitalización, el incremento de riesgos cibernéticos y mayores exigencias en la protección al usuario.

Un enfoque en ciberseguridad y protección de datos

Uno de los cambios más relevantes de la norma es la incorporación de nuevas infracciones consideradas muy graves vinculadas a la seguridad de la información. En particular, se establece que las entidades supervisadas serán severamente sancionadas si no protegen adecuadamente sus activos de información frente a incidentes de seguridad que comprometan la disponibilidad, confidencialidad o integridad de los datos.

Esto incluye situaciones en las que se produzcan pérdidas, robos o alteraciones de información confidencial de los clientes, así como fraudes derivados de fallas en los sistemas de seguridad. Con ello, la SBS busca elevar los estándares de ciberseguridad en el sistema financiero y reducir la exposición de los usuarios a riesgos digitales.

Asimismo, se mantiene como infracción grave el incumplimiento de estas medidas cuando no se genere una afectación directa a los datos de los clientes, estableciendo así una diferenciación en función del impacto del incidente.

Ajustes en normas de conducta de mercado y servicios financieros

La actualización del reglamento también introduce modificaciones importantes en el ámbito de la conducta de mercado. Entre ellas, se refuerzan las sanciones por incumplimientos relacionados con pagos anticipados de créditos y la correcta aplicación del orden de imputación de pagos en productos como tarjetas de crédito.

En estos casos, cuando la afectación económica a los usuarios supere determinados umbrales —como 20 o 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según la gravedad— las infracciones podrán ser calificadas como graves o muy graves, respectivamente.

Adicionalmente, se incorporan nuevas infracciones leves vinculadas a la falta de transparencia, como no publicar en la página web información relevante sobre reclamos, contratos o condiciones de los productos financieros, lo que apunta a mejorar el acceso a la información por parte de los usuarios.

Cambios en seguros y sistema de pensiones

En el sector seguros, la norma introduce ajustes tanto en infracciones leves como graves y muy graves. Entre ellas, se sanciona el incumplimiento en la asesoría al cliente durante todo el ciclo del contrato de seguro, desde la oferta hasta el cobro del siniestro, así como deficiencias en la comercialización de productos a través de canales digitales.

También se establecen sanciones más severas para casos en los que no se paguen oportunamente los componentes de ahorro o inversión asociados a ciertos productos, especialmente cuando ello genere perjuicios económicos significativos para los usuarios.

En el sistema privado de pensiones (SPP), se incorporan nuevas infracciones relacionadas con la gestión de inversiones, como la falta de monitoreo de costos, gastos y comisiones, así como la ausencia de modelos adecuados de optimización de portafolios. Asimismo, se consideran faltas leves los incumplimientos en los procedimientos para declarar la nulidad de afiliaciones.

Con esta actualización, la SBS busca dotarse de herramientas más eficaces para ejercer su función de supervisión y sanción, en línea con su mandato constitucional de proteger los intereses del público y velar por la estabilidad del sistema financiero.

La norma también elimina disposiciones que habían perdido vigencia, lo que contribuye a simplificar el marco regulatorio y hacerlo más coherente con la realidad actual.