SBS propone la capacidad de pago como eje central para medir el riesgo de los deudores

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) inició el proceso de modernización de uno de los pilares clave de la regulación financiera en el país. A través de la Resolución SBS N° 01250-2026, la entidad dispuso la difusión en consulta pública de un nuevo “Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones”, el cual reemplazará la normativa vigente desde 2008. La propuesta busca actualizar los criterios de medición del riesgo crediticio, alinearlos con estándares internacionales y fortalecer la solvencia del sistema financiero en un entorno más complejo y dinámico.

La iniciativa abre un plazo de 90 días calendario para que entidades, especialistas y el público en general presenten comentarios y observaciones, en línea con los principios de transparencia y participación en la elaboración de normas.

Un nuevo enfoque para medir el riesgo crediticio

El proyecto normativo introduce cambios relevantes en la forma en que las entidades financieras evalúan a sus clientes. La SBS reafirma que el principal criterio para determinar el riesgo de un deudor es su capacidad de pago, basada en la generación de flujos de caja, dejando en un segundo plano el valor de las garantías.

Este enfoque busca que las evaluaciones sean más realistas y preventivas, permitiendo identificar de manera más oportuna el deterioro de los créditos. La experiencia acumulada por la SBS en la supervisión del sistema financiero también se incorpora como insumo clave para construir un esquema más robusto.

Además, la propuesta responde a la necesidad de adaptarse a nuevas prácticas del mercado financiero y a estándares internacionales que exigen una gestión más sofisticada del riesgo.

Nueva segmentación de los créditos

Uno de los cambios más visibles es la redefinición de la cartera crediticia. El reglamento establece ocho tipos de crédito, diferenciando con mayor precisión a los deudores según su nivel de ingresos, ventas y endeudamiento.

Se mantienen categorías tradicionales como corporativos, grandes, medianas, pequeñas y microempresas, pero se afinan los umbrales que determinan cada segmento. A ello se suman clasificaciones específicas para créditos de consumo —tanto revolvente como no revolvente— y los créditos hipotecarios para vivienda.

Esta segmentación más detallada permitirá a las entidades financieras aplicar metodologías de evaluación diferenciadas según el perfil de riesgo de cada cliente, mejorando la calidad del análisis crediticio.

Clasificación más precisa y exigente de los deudores

El sistema de clasificación de deudores también se fortalece. Se mantiene la escala de cinco categorías, desde normal hasta pérdida, pero se incorporan criterios más rigurosos que combinan el comportamiento de pago con análisis prospectivos, especialmente en el caso de empresas.

Para los deudores no minoristas, como corporaciones y grandes empresas, la evaluación deberá considerar no solo el historial, sino también la proyección de flujos, así como riesgos asociados a factores como tipo de cambio, tasas de interés o el entorno político y regulatorio.

En el caso de los créditos minoristas, como consumo o microempresa, el énfasis se mantiene en los ingresos, el patrimonio y el historial de pagos, pero con un seguimiento más detallado de los días de atraso.

Cambios en provisiones y mayor sensibilidad al riesgo

Uno de los ejes centrales de la reforma es el nuevo esquema de provisiones, es decir, los recursos que las entidades deben reservar para cubrir posibles pérdidas por incumplimientos.

El proyecto plantea un sistema más sensible al riesgo, con mayores exigencias para créditos con señales de deterioro. Destaca la creación de subcategorías dentro del segmento “Con Problemas Potenciales” (CPP), diferenciando entre riesgos moderados y aquellos asociados a atrasos más concretos.

Las tasas de provisión se incrementan conforme aumenta el nivel de riesgo, alcanzando el 100% en los casos considerados como pérdida. Este enfoque busca que las entidades reconozcan de manera más temprana los problemas en su cartera y refuercen su capacidad de respuesta ante escenarios adversos.

Asimismo, se incorpora el uso de factores de conversión crediticia para medir mejor la exposición al riesgo en operaciones indirectas, como avales o cartas fianza.

Uso de información y herramientas más sofisticadas

La propuesta también abre la puerta a una mayor utilización de herramientas tecnológicas en la evaluación crediticia. Por ejemplo, permite el uso de información transaccional —como datos de pagos digitales— para estimar ingresos en el caso de pequeñas y microempresas.

En créditos de consumo e hipotecarios, se autoriza el uso de modelos estadísticos para inferir ingresos, siempre que cumplan con estándares estrictos de validación y control de riesgos.

Estas innovaciones apuntan a mejorar la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito para personas y negocios que no cuentan con información tradicional suficiente, pero que sí generan flujos comprobables a través de medios digitales.

Implementación gradual hacia el 2030

El nuevo reglamento no entrará en vigencia de manera inmediata. La SBS ha previsto un proceso de implementación gradual que se extenderá hasta el 2030, con el objetivo de que las entidades puedan adecuar sus sistemas, procesos y modelos internos.

Uno de los hitos más importantes será diciembre de 2029, cuando deberán aplicarse plenamente las nuevas tablas de provisiones y criterios de clasificación. Este periodo de transición busca evitar impactos abruptos en el sistema financiero y garantizar una adopción ordenada.

La propuesta de la SBS representa una actualización profunda del marco regulatorio del sistema financiero peruano. En un contexto global marcado por mayor volatilidad e incertidumbre, contar con reglas más precisas para medir el riesgo crediticio se vuelve fundamental.

Al mejorar la calidad de la evaluación de deudores y exigir provisiones más acordes al riesgo real, la normativa apunta a fortalecer la solvencia de las entidades financieras y proteger los ahorros del público.

La etapa de consulta pública será clave para recoger aportes del sector y ajustar los detalles de una reforma que, de implementarse como está prevista, marcará un cambio significativo en la gestión del crédito en el Perú.