SBS pone en consulta cambios para el cálculo de capital por riesgo de crédito

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un nuevo paso en la actualización del marco regulatorio del sistema financiero al autorizar la difusión en consulta pública de un proyecto que modifica el “Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito”. A través de la Resolución SBS N° 01255-2026, la entidad busca alinear las reglas locales con los estándares internacionales de Basilea III, reforzando la capacidad de los bancos para enfrentar eventuales pérdidas.

El proyecto, publicado para recibir comentarios durante un plazo de 90 días calendario, introduce cambios técnicos relevantes en la forma en que las entidades calculan el capital que deben mantener frente a los riesgos crediticios, con un enfoque más sensible al riesgo y menos expuesto a arbitrajes regulatorios.

Alineamiento con estándares internacionales

El eje central de la propuesta es la convergencia hacia Basilea III, el marco global que establece cómo deben medir los bancos sus riesgos y cuánto capital deben mantener como respaldo. En este contexto, la SBS busca que el requerimiento de patrimonio efectivo refleje de manera más precisa el riesgo real de las exposiciones crediticias.

La reforma apunta a mejorar la calidad del cálculo de los activos ponderados por riesgo, ajustando los factores de ponderación según el perfil del deudor, el tipo de crédito y las condiciones específicas de cada operación. Con ello, se busca fortalecer la solvencia del sistema financiero y reducir vulnerabilidades ante escenarios adversos.

Cambios en la medición del riesgo crediticio

Uno de los principales ajustes se encuentra en la metodología de cálculo de los activos ponderados por riesgo. Bajo el método estándar, estos se determinan multiplicando el valor de la exposición por un factor de ponderación que varía según el nivel de riesgo.

El proyecto introduce mayor detalle en la definición de “exposición”, incorporando no solo el saldo de los créditos, sino también componentes como intereses devengados y operaciones contingentes. Asimismo, se establece que estas exposiciones deben calcularse netas de provisiones y otros ajustes contables.

En el caso de créditos en moneda extranjera, se incorpora un recargo adicional de 15 puntos porcentuales al factor de ponderación, reconociendo el riesgo cambiario crediticio. Este ajuste busca reflejar mejor los riesgos asociados a descalces de moneda en los deudores.

Nuevas definiciones que afinan el análisis

El proyecto también introduce conceptos que permiten una clasificación más precisa de los riesgos. Entre ellos destaca la figura del “deudor totalero”, que corresponde a clientes de tarjetas de crédito que pagan la totalidad de su deuda de manera puntual. Este perfil accede a un menor factor de ponderación, reconociendo su menor riesgo.

Asimismo, se redefine el concepto de primera vivienda, estableciendo criterios más estrictos para su identificación, lo que impacta directamente en el tratamiento de los créditos hipotecarios. También se incorpora el fideicomiso inmobiliario como mecanismo para mitigar riesgos en proyectos de construcción.

Estas precisiones buscan evitar distorsiones en la medición del riesgo y mejorar la consistencia del marco regulatorio.

Tratamiento más detallado por tipo de crédito

El reglamento propone una segmentación más fina en los factores de ponderación según el tipo de crédito. En el caso de los créditos hipotecarios, el nivel de riesgo dependerá del ratio entre el saldo del préstamo y el valor del inmueble, conocido como indicador prudencial.

A menor proporción de deuda respecto al valor del inmueble, menor será el requerimiento de capital. Sin embargo, se incorporan recargos adicionales por factores como tasas de interés variables, plazos largos o financiamiento de segundas viviendas, lo que incrementa la exigencia de capital en operaciones más riesgosas.

En los créditos de consumo, se diferencia entre clientes con buen comportamiento de pago y aquellos con mayor riesgo, mientras que en los créditos a empresas se ajustan los factores de ponderación según el tamaño y características del negocio.

Regulación de operaciones contingentes y garantías

El proyecto también introduce mejoras en el tratamiento de operaciones contingentes, como cartas fianza o líneas de crédito no utilizadas. Estas operaciones se convierten en exposiciones mediante factores de conversión crediticia, que varían según la probabilidad de que se materialicen.

En paralelo, se precisan las reglas para el uso de garantías como mitigantes de riesgo. Se establecen fórmulas específicas para calcular el valor ajustado de las exposiciones, considerando factores como la volatilidad de los activos y los descalces de moneda.

Este enfoque permite una medición más realista del riesgo residual que enfrentan las entidades financieras.

Implementación gradual hasta 2030

La SBS ha previsto un proceso de adecuación progresiva que se iniciará en enero de 2027 y culminará en 2030. Durante este periodo, los factores de ponderación y otros parámetros se ajustarán gradualmente para evitar impactos abruptos en el sistema financiero.

Este cronograma permitirá a las entidades adaptar sus modelos, sistemas y estrategias de gestión de riesgos, facilitando una transición ordenada hacia el nuevo marco regulatorio.

Mayor exigencia en el uso de calificaciones externas

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de la debida diligencia en el uso de calificaciones de riesgo externas. Las entidades deberán validar estas evaluaciones con análisis propios y no podrán asignar factores de ponderación inferiores a los sugeridos por las clasificadoras.

Además, si detectan riesgos mayores a los reflejados en las calificaciones externas, estarán obligadas a aplicar criterios más conservadores. Esta medida busca evitar una dependencia excesiva en evaluaciones externas y promover una gestión de riesgos más rigurosa.

La propuesta de la SBS refleja una tendencia global hacia marcos regulatorios más exigentes y sofisticados. Al mejorar la sensibilidad del capital al riesgo, se busca que las entidades financieras cuenten con colchones adecuados para enfrentar escenarios de estrés.

Si bien la implementación implicará mayores exigencias para el sistema, también contribuirá a fortalecer la estabilidad financiera y la confianza de los depositantes. La etapa de consulta pública será determinante para recoger aportes del sector y ajustar una reforma que apunta a consolidar un sistema financiero más resiliente y alineado con las mejores prácticas internacionales.