Produce habilita alivio financiero para sancionados del sector pesca y acuicultura

El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo régimen excepcional y temporal que permitirá a personas naturales y jurídicas del sector pesca y acuicultura regularizar el pago de multas administrativas con descuentos y facilidades de fraccionamiento. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PRODUCE, busca incentivar el cumplimiento de obligaciones pendientes y aliviar la carga financiera acumulada en el sector.

La norma establece que podrán acogerse al beneficio quienes mantengan multas impuestas por el Ministerio de la Producción hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto incluye sanciones pendientes de pago, en proceso de impugnación, en cobranza coactiva e incluso aquellas que se encuentren en instancias judiciales, siempre que no exista retención efectiva en curso.

El régimen tiene carácter temporal y estará disponible hasta el 30 de junio de 2026, ofreciendo una ventana limitada para que los administrados regularicen su situación frente a la autoridad.

Descuentos y condiciones de pago

Uno de los principales incentivos del decreto es la aplicación de descuentos sobre el monto de las multas. Se establece una reducción de hasta 50% para sanciones correspondientes al periodo entre marzo de 2019 y diciembre de 2021, en consideración al impacto económico de la pandemia, y de hasta 40% para multas aplicadas en otros periodos hasta fines de 2025.

El monto final a pagar, denominado deuda total, incluye no solo la multa reducida, sino también intereses, costas y gastos derivados del procedimiento sancionador o de ejecución coactiva.

Además, el esquema contempla facilidades de pago, permitiendo aplazamientos de hasta tres meses o fraccionamientos de hasta 18 cuotas mensuales, lo que otorga mayor flexibilidad a los administrados para cumplir con sus obligaciones.

Requisitos y proceso de acogimiento

Para acceder al régimen, los interesados deberán presentar una solicitud ante la Dirección de Sanciones del Produce, cumpliendo con requisitos específicos según el estado de la multa. En casos de impugnación administrativa o judicial, se exige el reconocimiento de la infracción y el desistimiento de los recursos o procesos en curso.

La autoridad tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar y resolver las solicitudes. En caso de aprobación, se emitirá una resolución que detallará el monto de la deuda, las condiciones de pago y las causales de pérdida de los beneficios.

Cabe señalar que el incumplimiento en el pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, o el impago de la última cuota, conllevará la pérdida automática de las facilidades otorgadas, reactivándose la totalidad de la deuda pendiente.

Medida busca incentivar pagos y reducir litigios

El decreto responde a la necesidad de mejorar los niveles de recaudación y reducir la carga de procesos administrativos y judiciales vinculados a sanciones en el sector. Al ofrecer descuentos y condiciones más flexibles, el Ejecutivo busca promover el pago voluntario y acelerar la recuperación de deudas.

En paralelo, la norma también introduce ajustes en el marco regulatorio pesquero, incluyendo cambios en los procedimientos administrativos, condiciones para permisos de pesca y medidas de conservación, reforzando así la gestión integral del sector.

Impulso a la formalización en la pesca artesanal

Como parte de las disposiciones complementarias, el decreto establece que el Ministerio de la Producción culminará el proceso de formalización de pescadores artesanales iniciado en años anteriores, fijando como plazo máximo el 31 de julio de 2026.

Este proceso incluye la evaluación de solicitudes pendientes para permisos de pesca, principalmente en recursos como el perico y la pota, así como la verificación de embarcaciones para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

En conjunto, el nuevo régimen excepcional se presenta como una herramienta de alivio financiero para el sector pesquero y acuícola, pero también como un mecanismo para fortalecer la disciplina regulatoria. Si bien facilita la regularización de deudas, exige a cambio el reconocimiento de infracciones y el compromiso de cumplimiento futuro.

La efectividad de la medida dependerá de la capacidad del sector para acogerse dentro de los plazos establecidos y del seguimiento que realicen las autoridades para garantizar que estos beneficios se traduzcan en una mejora sostenida en el cumplimiento normativo.