Perú avanza hacia una economía más verde con creación de comisión oficial

Con el objetivo de impulsar un sistema financiero más sostenible y alineado con los compromisos ambientales del país, el Gobierno peruano ha creado la “Comisión Multisectorial de la Taxonomía de Finanzas Verdes en el Perú”, una instancia de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta iniciativa, formalizada a través del Decreto Supremo N° 154-2025-EF y publicada hoy 26 de julio en el diario oficial El Peruano, busca elaborar una propuesta técnica que defina claramente qué actividades económicas pueden ser consideradas como “verdes”, es decir, aquellas que contribuyen directamente a objetivos ambientales y de sostenibilidad.

La creación de esta comisión responde a lineamientos establecidos en diversas políticas nacionales, entre ellas la Política General de Gobierno 2023 y la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Esta última, actualizada recientemente al horizonte 2030, contempla en su medida de política 4.5 el desarrollo de “instrumentos financieros verdes” como uno de los pilares para mejorar el acceso al financiamiento sostenible. También está alineada con la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes aprobada en 2023 por el Ministerio del Ambiente, que promueve la canalización de recursos hacia actividades con impacto ambiental positivo.

La taxonomía que se desarrollará busca convertirse en una herramienta de clasificación precisa que brinde certeza y transparencia a los mercados financieros, ayude a evitar el “greenwashing” y facilite las decisiones de inversión tanto del sector privado como del público, así como de inversionistas nacionales e internacionales.

Integración multisectorial y visión técnica

La Comisión estará conformada por representantes de diez entidades públicas: los ministerios de Economía y Finanzas; Transportes y Comunicaciones; Desarrollo Agrario y Riego; Energía y Minas; Producción; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ambiente; Comercio Exterior y Turismo; así como de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Todos los miembros ejercerán sus funciones ad honorem, y se espera que los representantes titulares y alternos sean designados por sus entidades en un plazo máximo de tres días hábiles desde la publicación del decreto.

La presidencia de la comisión estará a cargo del MEF, que también asumirá el rol de Secretaría Técnica a través de su Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. Esta dirección tendrá la responsabilidad de brindar apoyo técnico y administrativo permanente.

Funciones y plazos definidos

Entre las funciones principales de la Comisión se encuentra la elaboración de dos informes fundamentales: uno de diagnóstico sobre la situación actual de las finanzas verdes en el país, y otro técnico que contenga la propuesta de la taxonomía. Para cumplir con estos objetivos, la comisión podrá conformar equipos técnicos especializados e invitar a expertos, organismos internacionales y representantes de entidades públicas o privadas, quienes podrán aportar asistencia técnica o información clave.

La Comisión tiene un plazo de funcionamiento de 360 días calendario desde la entrada en vigor del decreto y deberá instalarse dentro de los seis días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para la designación de representantes. Los gastos de funcionamiento serán cubiertos por los presupuestos de las entidades participantes, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

El impulso a la taxonomía de finanzas verdes representa un paso significativo para el fortalecimiento del ecosistema financiero sostenible en Perú. Permitirá clasificar actividades económicas de alto impacto ambiental, establecer umbrales e indicadores de sostenibilidad, y fomentar el diseño de productos financieros orientados a la transición ecológica.

De esta forma, Perú se alinea a tendencias globales en materia de finanzas verdes y se prepara para atraer inversiones responsables, avanzando hacia una economía más resiliente, inclusiva y baja en carbono.