Octavo retiro de AFP impactará con salida de más de S/ 26,000 millones

El Ejecutivo promulgó la Ley N.º 32445, que autoriza a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a retirar de manera extraordinaria y facultativa hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT) de sus cuentas individuales de capitalización. La norma, publicada hoy 20 de septiembre en el diario oficial El Peruano, establece un nuevo proceso de liberación de fondos que podría implicar una salida estimada de más de S/ 26,000 millones del sistema previsional.

De acuerdo con la ley, los afiliados podrán presentar su solicitud de retiro de manera física o virtual en un plazo de 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento que será emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El desembolso se realizará en armadas de hasta 1 UIT cada 30 días, iniciándose el primer pago un mes después de presentada la solicitud.

Los afiliados tendrán la posibilidad de desistir de continuar con los desembolsos, previa comunicación a su AFP con al menos 10 días de anticipación al siguiente pago.

Los fondos retirados mantienen la condición de intangibles, es decir, no podrán ser objeto de embargo, retención o compensación, salvo en el caso de deudas alimentarias, donde se podrá retener hasta el 30% del monto retirado.

Asimismo, la ley faculta a las entidades financieras, incluido el Banco de la Nación, a abrir cuentas de manera masiva o individual para el depósito de los fondos, sin necesidad de contrato previo, lo que facilitará el acceso a los beneficiarios.

Impacto en el sistema previsional

Este nuevo retiro extraordinario se convierte en el octavo aprobado desde el 2020. Según estimaciones de la SBS, la medida podría afectar a 7.5 millones de afiliados y significar un retiro adicional de S/ 26,320 millones, agravando la situación previsional de los trabajadores que ya han hecho uso de las anteriores disposiciones.

De acuerdo con la Superintendencia, los siete retiros previos generaron una salida acumulada de S/ 115,200 millones, equivalentes al 10.6% del PBI del país en 2024. Producto de ello, el 23% de afiliados activos se quedó sin recursos en su fondo, quedando expuestos a una vejez sin protección económica.

En su mometo, la SBS adviertió que la continuidad de estos retiros deteriora la cobertura previsional y expone a millones de afiliados a una mayor vulnerabilidad en la etapa de jubilación. Además, incrementa la presión sobre el Estado, que a futuro podría verse obligado a otorgar pensiones no contributivas con recursos fiscales.

Entre los efectos señalados se encuentran el mayor riesgo de pobreza en la vejez, la necesidad de transferencias intergeneracionales dentro de las familias, y la distorsión del objetivo de largo plazo del sistema de pensiones, al priorizar liquidez inmediata sobre la rentabilidad futura de los fondos.

Además, la promulgación de la Ley N.º 32445 contrasta con lo establecido en la Ley N.º 32123, de modernización del sistema previsional, que desde 2024 prohibía nuevos retiros extraordinarios para garantizar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la presión social y política llevó al Congreso y al Ejecutivo a aprobar nuevamente una medida de este tipo.

El debate de fondo continúa: mientras que los retiros alivian de manera inmediata la economía de millones de peruanos, comprometen seriamente la capacidad del sistema para ofrecer pensiones mínimas y sostenibles en un país con mayor longevidad y baja cobertura previsional.