MTPE crea mesa para promover trabajo decente en las cadenas de agroexportación

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) oficializó la creación de una nueva instancia de diálogo orientada a uno de los sectores más dinámicos, pero también más sensibles, del mercado laboral peruano: la agroexportación. A través de la Resolución Ministerial N° 076-2026-TR, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo aprobó la conformación de la “Mesa de Trabajo para promover el trabajo decente y abordar la formalización laboral en las cadenas de suministro de la actividad agrícola de exportación”.

Se trata de un grupo de trabajo de naturaleza temporal, dependiente del MTPE, que tendrá como misión principal articular y canalizar los planteamientos del sector empresarial en torno a la promoción del trabajo decente y la formalización laboral dentro de las cadenas de suministro vinculadas a la actividad agrícola de exportación.

La medida se enmarca en la estrategia sectorial del Ministerio para reforzar el diálogo social y avanzar en la reducción de la informalidad laboral, especialmente en actividades productivas donde persisten brechas estructurales en materia de derechos laborales, condiciones de empleo y supervisión del cumplimiento normativo.

Una apuesta por el diálogo social en un sector clave para la economía

La creación de esta mesa de trabajo responde a una línea de acción que el MTPE viene impulsando dentro de su política sectorial y que tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento del diálogo social como herramienta para abordar problemas complejos del mercado laboral.

En la resolución, el Ministerio recuerda que la Ley de Organización y Funciones del MTPE reconoce expresamente al diálogo social y la concertación laboral como áreas programáticas de acción del sector. Asimismo, subraya que el Ministerio tiene competencia exclusiva para formular, dirigir y evaluar las políticas nacionales en materia sociolaboral.

Bajo ese marco, la nueva mesa se alinea también con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024-2030 del sector Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado en 2024, cuyo primer objetivo estratégico es incrementar la formalización laboral de la fuerza de trabajo. Dentro de ese plan, una de las acciones estratégicas es justamente fortalecer los espacios de diálogo y concertación laboral.

En términos prácticos, el MTPE busca abrir un espacio institucional que permita trabajar de forma más coordinada con actores empresariales del agroexportador, uno de los rubros más importantes para la generación de empleo en regiones, pero también uno de los más observados por los desafíos en materia de informalidad, tercerización, condiciones laborales y fiscalización en cadenas productivas.

Qué busca la nueva mesa de trabajo

El objetivo formal del grupo es “abordar y articular los planteamientos del sector empresarial sobre promoción del trabajo decente y la formalización laboral, a través de las cadenas de suministro, en la actividad agrícola de exportación”.

Esa formulación revela dos ejes centrales. El primero es el concepto de trabajo decente, una noción ampliamente usada en políticas laborales y en estándares internacionales, que abarca no solo empleo formal, sino también condiciones adecuadas de trabajo, respeto a derechos fundamentales, seguridad y salud ocupacional, y oportunidades de desarrollo productivo.

El segundo eje es la formalización laboral dentro de las cadenas de suministro, un enfoque particularmente relevante en agroexportación, donde la estructura productiva suele involucrar distintos niveles de operación, proveedores, contratistas y asociaciones que complejizan el control del cumplimiento laboral.

En ese sentido, la mesa no apunta únicamente a discutir empleo formal dentro de las empresas exportadoras principales, sino también a observar cómo se comportan los eslabones vinculados a la cadena de valor agrícola, donde suelen aparecer zonas grises en la aplicación de estándares laborales.

Quiénes integran la mesa y qué actores participan

La nueva instancia tendrá una composición mixta, con presencia de entidades públicas vinculadas al trabajo y la fiscalización, así como representantes de gremios y asociaciones empresariales del sector agrícola.

Por parte del Estado, el grupo estará integrado por un representante del Despacho Viceministerial de Trabajo, quien lo presidirá, además de representantes de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el Programa Nacional de Empleo “Jóvenes Productivos” y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

En el frente privado, participarán representantes de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Asociación XYNERGICA, la Asociación de Propietarios de Tierras Nuevas de Olmos – Cultivando, la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) y la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG PIURA).

Cómo funcionará la mesa y cuáles serán sus tareas

La resolución establece que los integrantes titulares contarán también con representantes alternos, quienes podrán asistir en caso de ausencia. Todos ejercerán sus funciones ad honorem, es decir, sin remuneración.

Las instituciones y asociaciones participantes tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación de la resolución para acreditar formalmente a sus representantes ante la Secretaría Técnica. Luego, la mesa deberá instalarse en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la norma.

La Secretaría Técnica estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que brindará soporte técnico y administrativo para el funcionamiento del grupo.

Entre sus funciones principales figuran la elaboración de un plan de actividades para cumplir su objetivo, la articulación con órganos de línea del MTPE y otras instituciones competentes para la implementación de acciones o la elaboración de informes técnicos relacionados con los planteamientos del grupo, así como otras tareas que resulten necesarias para alcanzar su propósito.

Además, la mesa deberá emitir un informe final con las acciones desarrolladas y las recomendaciones pertinentes, en línea con su objeto.

Una vigencia de seis meses, con posibilidad de prórroga

La mesa tendrá una vigencia inicial de seis meses contados desde el día siguiente de su instalación. Sin embargo, la norma prevé que este plazo pueda ser prorrogado por un periodo adicional.

Al término de ese plazo, el grupo deberá presentar su informe final, lo que sugiere que el MTPE espera obtener resultados concretos en un horizonte relativamente corto.

El carácter temporal del grupo también responde al marco legal que regula este tipo de órganos colegiados dentro del Estado. Según los Lineamientos de Organización del Estado, los grupos de trabajo son instancias sin personería jurídica ni administración propia, creadas para desarrollar funciones específicas distintas a las de una comisión tradicional, como la elaboración de propuestas, instrumentos o productos concretos.

En este caso, el Gobierno parece haber optado por un mecanismo flexible y acotado en el tiempo, que permita avanzar rápidamente en una agenda específica sin crear una estructura permanente.

SUNAFIL y el enfoque sobre cadenas de suministro

Uno de los aspectos más relevantes de la composición del grupo es la inclusión de SUNAFIL. La participación de la autoridad inspectiva le da a la mesa un componente técnico y operativo importante, ya que el debate sobre formalización laboral en agroexportación no puede desligarse de la fiscalización y del cumplimiento efectivo de la normativa.

Esto cobra mayor relevancia cuando la resolución pone énfasis en las cadenas de suministro. El concepto introduce una mirada más amplia sobre las responsabilidades y dinámicas laborales en el sector agrícola exportador, donde no siempre toda la operación recae directamente en la empresa exportadora, sino que puede involucrar proveedores, asociaciones productivas, operadores logísticos y otros actores.

Por ello, la mesa podría convertirse en un espacio clave para discutir cómo alinear los estándares de formalización y trabajo decente en toda la cadena, y no solo en el núcleo empresarial más visible.

No se descarta que, a partir de este trabajo, puedan surgir propuestas de mejora regulatoria, lineamientos sectoriales, mecanismos de coordinación interinstitucional o recomendaciones de política pública que luego sean recogidas por el propio Ministerio u otras entidades.

La resolución también precisa que la implementación de la mesa se financiará con cargo a los presupuestos de las instituciones representadas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Este punto es habitual en este tipo de disposiciones, pero también deja claro que el grupo funcionará bajo una lógica de coordinación interinstitucional más que de creación de nueva estructura presupuestal.

Qué puede significar esta medida para el sector agroexportador

La creación de esta mesa de trabajo tiene una lectura política y económica relevante. Por un lado, muestra que el MTPE reconoce que la agroexportación requiere una atención diferenciada en materia laboral, dada su importancia para el empleo regional y su exposición permanente a debates sobre condiciones de trabajo.

Por otro lado, revela que el Gobierno está optando, al menos en esta etapa, por una ruta de diálogo y articulación con el sector empresarial antes que por una respuesta exclusivamente regulatoria o sancionadora.

Eso no significa una relajación del enfoque fiscalizador, especialmente con SUNAFIL dentro de la mesa, sino más bien una señal de que se busca construir una agenda de formalización con participación de los propios actores productivos.

En un sector donde la competitividad internacional convive con presiones crecientes por estándares sociales, laborales y de sostenibilidad, este tipo de espacios puede adquirir un peso importante. La formalización laboral y el trabajo decente ya no son solo temas internos de cumplimiento, sino también factores que impactan reputación, acceso a mercados y sostenibilidad de las cadenas exportadoras.