Minería ilegal mueve US$ 7 mil millones al año y supera al narcotráfico en el Perú
El Gobierno reconoce que sin control permanente y justicia eficaz, la expansión criminal seguirá arrasando territorios indígenas de Amazonas y Loreto. La PCM sostiene que la ampliación del Reinfo sin filtros estrictos podría facilitar la infiltración de mafias en el sistema.

9 noviembre, 2025 / 9:58 am
Durante la Mesa de Trabajo del Congreso para la lucha contra la minería ilegal y delitos conexos en territorios indígenas de Amazonas y Loreto, el Alto Comisionado para el combate a la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García Esquerre, reveló que la minería ilegal supera ampliamente la escala del narcotráfico: en 2024 habría generado alrededor de US$ 7 mil millones, según cálculos del Instituto Peruano de Economía.
El funcionario advirtió que el Perú exportó ese año casi 180 toneladas de oro, pese a que la extracción formal solo alcanzó aproximadamente 100 toneladas. Las 82 toneladas restantes representarían producción sin trazabilidad, asociada a redes criminales.
Control frágil en territorios indígenas
Amazonas y Loreto figuran como nuevas zonas críticas tras la expansión de mafias desde Madre de Dios. La provincia de Condorcanqui concentra campamentos, dragas y mafias armadas instaladas en ríos y bosques de comunidades awajún y wampis.
En lo que va del año se han realizado 62 interdicciones en el área de Cumpanamá y El Tambo, donde se destruyeron cerca de 50 excavadoras y dragas. Sin embargo, el funcionario reconoció que los operativos no detienen la actividad si no hay presencia permanente del Estado. En El Tambo solo hay dos decenas de efectivos, sin drones, sin botes suficientes y sin cámaras de vigilancia.
Autoridades locales advierten que mineros ilegales vuelven a operar apenas las fuerzas del orden se retiran.
Formalización: el arma de doble filo
En Condorcanqui existen 62 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de las cuales 45 están vigentes. El Gobierno busca que los mineros que sí pueden operar legalmente se conviertan en aliados del Estado.
Pero aquí surge uno de los mayores riesgos de la estrategia:
. Mientras más se amplíe el Reinfo sin control estricto, más se abrirá la puerta a mafias que se camuflan bajo la formalización.
. En los últimos meses se excluyeron 50 mil inscripciones inactivas a nivel nacional para cortar el uso fraudulento del registro, pero aún no hay un filtro robusto y regionalizado que impida que este mecanismo siga siendo infiltrado por criminales.
Interdicciones en alza, pero recuperación ambiental estancada
Entre enero y octubre se ejecutaron 868 operativos de interdicción, cifra que ya supera los 745 operativos de todo 2023. El material destruido tiene un valor superior a S/ 3,500 millones, más de US$ 1,000 millones al cambio actual.
Sin embargo, la billetera criminal sigue siendo mayor.
García Esquerre resaltó como avance la nueva Estrategia Nacional de Erradicación de la Minería Ilegal, que plantea objetivos al 2030. Pero admitió una deuda clave:
Más de 140 mil hectáreas del país han sido devastadas desde 1984 y el Perú aún no tiene proyectos sostenidos de recuperación ambiental en ejecución.
Presupuesto al alza, presencia permanente en planificación
El funcionario anunció un incremento significativo del presupuesto sectorial: de S/ 70 millones en 2025 a S/ 178 millones proyectados para 2026.
Las Fuerzas Armadas pasarán de S/ 6 millones a S/ 92 millones para reforzar operaciones fluviales y terrestres. Asimismo, se implementará un Puesto de Control y Fiscalización Multisectorial en la ruta hacia Ecuador para frenar contrabando de oro y dinamita.
No obstante, gran parte de los recursos aún se concentra en interdicciones, no en control permanente ni desarrollo económico alternativo para las comunidades.
Una de las mayores brechas está en el sistema penal:
• Las fiscalías ambientales no se dan abasto en regiones amazónicas
• Los casos pueden tardar años en investigación
• La mayoría termina archivada o solo sancionada como falta administrativa
Organizaciones indígenas reclaman que no se atacan las redes que financian la maquinaria, la logística y el lavado del oro.
El Gobierno avanza en coordinación y presupuesto, pero la aplicación en campo sigue siendo desigual. Sin un enfoque integral:
. más formalización = más riesgo de infiltración
. más interdicciones = más violencia y desplazamiento territorial
. más presupuesto = más gasto sin resultados medibles en seguridad ni ambiente
El desafío es enorme: quitarle a las mafias el control del territorio, no solo destruir su maquinaria. García Esquerre fue claro: “Esto no se resolverá mañana”, pero insistió en que ya existe un camino técnico trazado. La diferencia la marcará el Estado en campo: su permanencia o su ausencia.
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