La inclusión financiera de personas con discapacidad avanza, pero persisten barreras de acceso

La inclusión financiera es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de un país. En el marco de la Semana Mundial del Ahorro, Mariela Zaldívar, Superintendente Adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera, expuso sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al sistema financiero y las estrategias necesarias para garantizar su participación efectiva.

En el Perú, aproximadamente el 13% de la población adulta presenta algún tipo de discapacidad, lo que equivale a cerca de 2.7 millones de personas. De ellas, la discapacidad visual representa el 48%, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la inclusión financiera. Además, se observa una tendencia creciente en el número de personas con discapacidad debido al aumento de la esperanza de vida y otros factores estructurales, como la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud adecuados.

Barreras que limitan el acceso al sistema financiero

El estudio presentado por Zaldívar identificó diversas barreras que obstaculizan la inclusión financiera de este sector, dividiéndolas en tres categorías principales: barreras de entorno, de oferta y de demanda.

Las barreras de entorno incluyen la falta de identificación y registro de las personas con discapacidad. Aunque existen documentos como el certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y el carnet del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), su acceso es limitado. Solo el 13% de la población con discapacidad cuenta con el carnet de CONADIS, lo que dificulta su identificación en el sistema financiero y restringe su acceso a beneficios.

Por otro lado, las barreras de oferta están relacionadas con la accesibilidad de los productos y servicios financieros. A pesar del crecimiento de la digitalización en el sector, muchas entidades financieras aún no cuentan con diseños adecuados para atender a las personas con discapacidad. Falta capacitación en el personal de atención y los protocolos de servicio no siempre consideran sus necesidades específicas.

En cuanto a las barreras de demanda, se identificó un bajo conocimiento sobre tecnologías de asistencia y sobre las herramientas disponibles para la inclusión financiera digital. Además, persisten estigmas y prejuicios que desincentivan la obtención de documentación que podría facilitar su acceso al sistema financiero.

Cifras y avances en la inclusión financiera

El acceso a cuentas en el sistema financiero formal ha crecido significativamente en los últimos años. En 2020, el 43% de los adultos peruanos tenía una cuenta en el sistema financiero, cifra que aumentó a 58% en 2023. Sin embargo, este crecimiento no ha beneficiado a las personas con discapacidad en la misma medida. Mientras que la inclusión financiera general creció en 15 puntos porcentuales, en el caso de las personas con discapacidad solo aumentó en 6 puntos, pasando de 34% a 40%.

En el segmento de jóvenes, las cifras también reflejan una brecha preocupante. Mientras que el acceso de jóvenes sin discapacidad al sistema financiero pasó del 35% al 55%, en el caso de los jóvenes con discapacidad apenas alcanzó el 24%, evidenciando la necesidad de estrategias específicas para este grupo.

La necesidad de una mayor articulación institucional

La exposición también destacó la falta de coordinación entre las entidades encargadas de regular y promover la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero. Diversas instituciones, como CONADIS, INDECOPI, los gobiernos locales, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia, tienen roles en esta agenda, pero su acción aún no está suficientemente articulada.

En ese sentido, se resaltó la importancia de actualizar la información estadística sobre discapacidad en el país, ya que la última data disponible proviene del Censo de 2017 y no incluye indicadores sobre inclusión financiera.

Para cerrar las brechas existentes, Zaldívar enfatizó la necesidad de implementar medidas concretas, como la simplificación de los procesos de identificación, el diseño de productos financieros accesibles, la capacitación del personal de atención y la generación de mecanismos de articulación entre entidades públicas y privadas.

El camino hacia la inclusión financiera de las personas con discapacidad requiere el compromiso de todos los actores del sistema. Garantizar el acceso equitativo a los servicios financieros no solo mejorará la calidad de vida de este sector, sino que también contribuirá al desarrollo económico del país.