Inseguridad ciudadana costará al Perú S/ 19,800 millones en el 2025, según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que la creciente inseguridad ciudadana se ha convertido en un factor que limita el crecimiento económico del país, al generar incertidumbre, frenar la inversión privada y encarecer la actividad empresarial. El fenómeno no solo afecta la productividad y competitividad de la economía, sino que también obliga al Estado a destinar mayores recursos a seguridad en detrimento de la provisión de bienes públicos.

Impacto directo en la actividad empresarial

De acuerdo con datos del BCP (junio 2025), el 32% de la población a nivel nacional ha enfrentado limitaciones en el funcionamiento de negocios como bodegas, peluquerías, restaurantes y farmacias debido a la delincuencia. Esta situación, según el BCRP (2024), genera barreras de entrada para nuevos emprendimientos, reduce incentivos para invertir y obliga a las empresas a destinar mayores recursos a medidas de protección como cámaras de vigilancia, sistemas de alarma o rejas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también ha señalado que el delito y la violencia interfieren en la provisión de servicios básicos como educación e infraestructura, lo que reduce la productividad y la competitividad de la economía.

Costos crecientes para el sector privado y público

El MEF calcula que la inseguridad ciudadana representará en 2025 un costo económico equivalente al 1,7% del PBI, es decir, alrededor de S/ 19,800 millones. De esa cifra, el sector privado asumirá un 1,2% del PBI (S/ 13,900 millones), principalmente en gastos de seguridad, mientras que el sector público destinará un 0,5% del PBI (S/ 5,900 millones) en medidas de control y prevención.

Según la Encuesta Económica Anual del INEI (2022), las empresas de comercio y manufactura concentran gran parte del gasto en seguridad privada, destinando recursos a videovigilancia, alarmas electrónicas y controles de acceso.

Menor inversión y pérdida de empleo

El MEF advierte que la inseguridad genera un círculo vicioso: incrementa los costos de las empresas y del Estado, reduce la inversión privada y limita la creación de empleo. Asimismo, la incertidumbre desincentiva el consumo y afecta la productividad laboral.

Investigaciones internacionales respaldan esta conclusión. El FMI (2023) estima que un aumento en la tasa de homicidios en América Latina reduce en promedio 0,14 puntos porcentuales el crecimiento económico. Otras investigaciones (Josten, 2003; Detotto y Otranto, 2010) indican que la reducción podría llegar a 0,25 puntos porcentuales en un año.

En el caso peruano, cálculos del MEF señalan que el incremento de 3,2% en la tasa de homicidios en 2024 restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del PBI, confirmando el impacto directo de la inseguridad en la economía nacional.

La cartera de Economía subraya que, más allá de los costos inmediatos, la inseguridad ciudadana deteriora las expectativas de los agentes económicos y afecta la sostenibilidad del crecimiento en el mediano plazo. Por ello, considera fundamental reforzar la coordinación entre políticas de seguridad y estrategias económicas que incentiven la inversión, reduzcan los costos improductivos y protejan la capacidad de crecimiento del país.