Gobierno promulga leyes para impulsar agricultura sostenible y proteger la apicultura

El Gobierno de la República, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, promulgó dos leyes que buscan fortalecer el sector agrario en un contexto de cambio climático. Ambas normas, publicadas en el diario oficial, apuntan a promover prácticas sostenibles en la agricultura y garantizar la preservación de la biodiversidad, en línea con los compromisos asumidos por el país en materia de sostenibilidad.

Ley que fomenta el uso de energías renovables en la agricultura

La Ley N° 32234 declara de interés nacional el uso de energías renovables en la agricultura como una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible. La norma subraya la necesidad de optimizar la eficiencia energética en las actividades agrícolas mediante el empleo de tecnologías limpias, lo que contribuirá a reducir el consumo de recursos no renovables y a aumentar la autosuficiencia de las comunidades rurales. Este enfoque busca no solo mejorar la rentabilidad de los agricultores, sino también preservar el entorno natural y fomentar un modelo de producción resiliente frente al cambio climático.

El impacto esperado de esta ley incluye una transformación del sector agrario hacia prácticas más sostenibles, con beneficios tanto económicos como sociales. Según lo indicado por el Gobierno, la promoción de energías renovables en la agricultura permitirá reducir costos operativos, aumentar la competitividad y contribuir a la calidad de vida de las poblaciones rurales, consolidando el desarrollo socioeconómico del país.

Modificación de la ley sobre apicultura y su importancia ecológica

La segunda norma promulgada, la Ley N° 32235, modifica la Ley 26305 para ampliar la declaración de interés nacional sobre la apicultura y la actividad agroindustrial vinculada a los productos apícolas. Este cambio legal pone en relieve la importancia económica, social y ecológica de la apicultura, considerando su papel esencial en la polinización y en la producción de alimentos. La ley destaca la necesidad de proteger a la abeja doméstica (Apis mellifera), así como a las abejas nativas sin aguijón y otras especies endémicas que son fundamentales para mantener la biodiversidad. Asimismo, se refuerza la conservación de la flora apícola y melipona mediante la prohibición de la tala indiscriminada y la promoción de la reforestación.

La norma también establece que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego deberá, en un plazo de 60 días útiles, adecuar las disposiciones necesarias y actualizar el Plan Nacional de Desarrollo Apícola. Esta medida busca impulsar la sostenibilidad del sector, fomentar la investigación científica y garantizar el manejo adecuado de las actividades productivas relacionadas con la apicultura.

Desafíos en la implementación de las nuevas leyes

Aunque estas leyes representan un avance importante, su implementación enfrenta desafíos significativos. Será crucial capacitar a los agricultores y apicultores en el uso de tecnologías renovables y en prácticas de manejo sostenible. Además, se necesitará una fuerte inversión en infraestructura y mecanismos de financiamiento que faciliten la adopción de estas medidas, especialmente en comunidades rurales con recursos limitados. Por otro lado, el Gobierno deberá establecer sistemas efectivos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y fomentar la innovación en ambos sectores.