Gobierno destina S/ 44.2 millones para subsidiar al transporte regular ante alza de combustibles

El Gobierno aprobó una nueva intervención económica para sostener la operación del transporte público regular en Lima y Callao. Mediante el Decreto de Urgencia N.° 006-2026, el Ejecutivo autorizó la creación del denominado Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO), un mecanismo temporal que busca compensar parte de los mayores costos que enfrentan las empresas de transporte debido al incremento sostenido de los precios de los combustibles.

La medida contempla una transferencia de hasta S/ 44.18 millones desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad encargada de administrar y distribuir los recursos entre los operadores beneficiarios.

La decisión responde a la preocupación del Ejecutivo por garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para millones de ciudadanos que diariamente se movilizan entre Lima y el Callao, en un contexto en el que el aumento de los costos operativos viene presionando la sostenibilidad financiera de las empresas de transporte.

Un apoyo temporal para sostener el servicio

El decreto establece que el subsidio ECO tendrá carácter excepcional y temporal. Su objetivo es mitigar los efectos económicos derivados del encarecimiento del combustible y evitar que esta situación afecte la continuidad y regularidad del servicio de transporte público bajo el régimen excepcional administrado por la ATU.

Según la norma, el beneficio estará dirigido a los operadores autorizados que cuenten con autorización vigente en el Registro del Servicio Público de Transporte Regular de la ATU y que mantengan activo y habido su Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Asimismo, para acceder al subsidio, los vehículos deberán cumplir condiciones específicas relacionadas con la formalidad y la seguridad operativa. Entre ellas se encuentran la instalación y funcionamiento del sistema GPS conectado al Centro de Gestión y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte (SIT), así como la vigencia del SOAT o CAT y del certificado de inspección técnica vehicular.

Subsidio se calculará por kilómetros recorridos

Uno de los aspectos centrales de la medida es que el monto a recibir por cada operador dependerá directamente de la cantidad de kilómetros efectivamente recorridos durante la prestación del servicio.

La ATU validará esta información mediante el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM), que registrará la operación real de las unidades.

El cálculo se realizará durante dos períodos consecutivos de 30 días calendario cada uno, totalizando un plazo de evaluación de 60 días.

Los factores establecidos para determinar el subsidio son los siguientes:

Ómnibus: S/ 0.50 por kilómetro recorrido.
Minibús: S/ 0.40 por kilómetro recorrido.
Microbús: S/ 0.30 por kilómetro recorrido.

De esta manera, el esquema busca relacionar el apoyo económico con la prestación efectiva del servicio, incentivando la operación regular de las unidades autorizadas.

Transferencia de recursos y financiamiento

Para financiar la medida, el Ejecutivo autorizó una transferencia presupuestaria de S/ 44,177,798 desde la Reserva de Contingencia del MEF hacia la ATU.

Del total asignado, S/ 43.47 millones estarán destinados directamente al pago del subsidio ECO a los operadores beneficiarios, mientras que S/ 705,440 serán utilizados para cubrir gastos de implementación, supervisión y gestión administrativa del programa.

La ATU deberá aprobar la desagregación presupuestaria correspondiente y adecuar sus sistemas tecnológicos para permitir el registro de cuentas bancarias y la transferencia de recursos a los beneficiarios.

Recursos protegidos y supervisión pública

El decreto incorpora además mecanismos de protección sobre los recursos entregados a las empresas de transporte.

Los montos depositados tendrán carácter intangible, por lo que no podrán ser objeto de embargos, retenciones, compensaciones ni medidas cautelares administrativas o judiciales.

Paralelamente, se establecen obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. La ATU deberá publicar mensualmente en su portal institucional la relación de operadores beneficiados y los montos entregados a cada uno.

Asimismo, una vez concluido el programa, la entidad tendrá que presentar un informe de evaluación a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso detallando el impacto de la medida sobre la continuidad del servicio.

Contexto del sector transporte

La aprobación del subsidio se produce en un momento de presión financiera para los operadores del transporte urbano. El incremento acumulado de los costos de combustible ha reducido los márgenes de rentabilidad de muchas empresas, afectando especialmente a aquellas que operan bajo el régimen excepcional implementado por la ATU durante el proceso de transición hacia el Sistema Integrado de Transporte.

Desde la perspectiva gubernamental, la medida busca evitar interrupciones en la prestación del servicio y garantizar que millones de usuarios continúen teniendo acceso a opciones de movilidad urbana mientras se avanza en la modernización del sistema de transporte de Lima y Callao.

A diferencia de programas de apoyo generalizados implementados en años anteriores, el subsidio ECO introduce un esquema más focalizado y condicionado al desempeño operativo de las empresas.

El uso de información proveniente de sistemas GPS y de monitoreo en tiempo real permitirá verificar el cumplimiento efectivo de las rutas y servicios, vinculando el desembolso de recursos públicos con indicadores concretos de operación.

De esta manera, el Gobierno busca equilibrar el apoyo financiero a los operadores con mecanismos de control y supervisión que aseguren el uso adecuado de los fondos públicos.

Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, la medida representa una nueva intervención estatal orientada a preservar la estabilidad del transporte urbano en la capital y enfrentar los efectos económicos generados por el encarecimiento de los combustibles sobre uno de los servicios públicos más sensibles para la población.