Gobierno crea fondo para impulsar el uso productivo de la electricidad en zonas rurales

El Gobierno aprobó una serie de modificaciones al Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos eléctricos en zonas rurales, aisladas y de frontera. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 003-2026-EM, busca reducir las brechas de acceso a la electricidad en el país, incorporando cambios normativos que apuntan a flexibilizar procesos, mejorar el uso de recursos y promover el desarrollo productivo a partir del servicio eléctrico.

La norma se enmarca en los cambios introducidos previamente por el Decreto Legislativo N.º 1652, el cual modificó diversos artículos de la Ley N.º 28749 para adecuar los requisitos ambientales y técnicos a la realidad de los proyectos de electrificación rural. En esa línea, el nuevo decreto reglamentario introduce ajustes que permiten agilizar la ejecución de los denominados Sistemas Eléctricos Rurales (SER), considerados clave para llevar energía a poblaciones con limitado acceso.

El objetivo central es dinamizar todas las etapas del proceso, desde la planificación hasta la operación y mantenimiento de los sistemas eléctricos, incluyendo también el mejoramiento y ampliación de infraestructura existente. Asimismo, se promueve la incorporación de tecnologías más eficientes, como sistemas trifásicos, medición avanzada y herramientas de telegestión.

Cambios en el financiamiento y uso de recursos

Uno de los ejes principales de la norma es la redefinición del uso y administración de los recursos destinados a la electrificación rural. El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), tendrá mayores facultades para ejecutar directamente proyectos o transferir recursos a otras entidades para su implementación.

Se amplían además los destinos del financiamiento, permitiendo no solo la construcción de nueva infraestructura, sino también el reforzamiento, ampliación y modernización de sistemas existentes. De manera excepcional, se autoriza intervenir infraestructura ubicada dentro de áreas de concesión eléctrica, siempre que beneficie directamente a usuarios rurales y exista sustento técnico.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de destinar recursos para subsanar observaciones en obras ejecutadas por gobiernos regionales, locales u otras entidades, especialmente cuando estas no cumplen con normas técnicas o ambientales. Esta medida apunta a destrabar proyectos paralizados y facilitar su entrada en operación.

Promoción del uso productivo de la electricidad

El decreto introduce un enfoque más integral al incorporar el fomento del uso productivo de la electricidad como parte de la política de electrificación rural. En este contexto, se crea el Fondo de Promoción de Uso Productivo, orientado a financiar programas de capacitación y asistencia técnica para que los usuarios rurales aprovechen la energía en actividades económicas.

Asimismo, se establece la posibilidad de implementar fondos concursables para financiar iniciativas productivas vinculadas al uso de electricidad, lo que abre la puerta a una mayor participación de actores locales y del sector privado.

Este enfoque también se refleja en el Plan Nacional de Electrificación Rural, que ahora deberá incluir estrategias específicas para promover el uso eficiente y productivo de la energía, así como la participación de inversión privada en el desarrollo de proyectos.

Ajustes técnicos y regulatorios

En el ámbito técnico, la norma introduce precisiones sobre el cálculo del Valor Agregado de Distribución en los sistemas eléctricos rurales, estableciendo que los costos deben responder a criterios de eficiencia definidos por el organismo regulador Osinergmin.

También se incorporan disposiciones para adaptar los parámetros del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) a sistemas no convencionales, considerando sus particularidades tecnológicas y su importancia social.

En paralelo, se modifican los requisitos para la obtención de concesiones eléctricas rurales, alineándolos con la magnitud de los impactos ambientales de cada proyecto, lo que permitiría reducir tiempos sin descuidar la sostenibilidad.

Transferencia de obras y cierre de proyectos

Otro componente clave del decreto es la regulación de la transferencia de obras de electrificación rural. Se establece que los activos financiados por el Estado serán transferidos, principalmente a título gratuito, a empresas distribuidoras públicas o a ADINELSA, entidad encargada de administrar sistemas eléctricos en zonas aisladas.

Asimismo, se detallan los procedimientos para la transferencia de obras ejecutadas por gobiernos subnacionales, así como los mecanismos para su saneamiento técnico y legal. Esto incluye la obligación de subsanar observaciones antes de formalizar la transferencia.

La norma también refuerza los procesos de cierre y liquidación de proyectos, exigiendo la presentación de expedientes técnicos y financieros que aseguren la correcta utilización de los recursos públicos.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca destrabar proyectos, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar que las inversiones en electrificación rural tengan un impacto sostenible en el desarrollo de las comunidades.

El enfoque no solo apunta a ampliar la cobertura del servicio eléctrico, sino también a convertir la energía en una herramienta para impulsar actividades productivas, mejorar ingresos y elevar la calidad de vida en zonas históricamente rezagadas.

En un país donde aún persisten brechas importantes en el acceso a servicios básicos, la actualización del marco normativo representa un paso clave para acelerar la integración energética y promover un desarrollo más equitativo.