Gobierno aprueba estrategia nacional para elevar la formalización laboral hasta 2040

El Gobierno oficializó la aprobación de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040, una nueva hoja de ruta de largo plazo que busca enfrentar uno de los problemas estructurales más persistentes del mercado laboral peruano: la alta informalidad. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano, y plantea una intervención sostenida, territorialmente diferenciada y coordinada entre diversas entidades del Estado para incrementar la formalidad laboral en el país.

La decisión representa un paso relevante dentro de la política pública laboral, ya que no se trata de una acción aislada ni de un programa sectorial limitado, sino de una estrategia de alcance nacional que involucra a ministerios, organismos técnicos, entidades recaudadoras, supervisores, instituciones previsionales y otros actores públicos con incidencia directa o indirecta en la formalización del empleo.

Con esta norma, el Ejecutivo busca ordenar y alinear los esfuerzos estatales bajo una lógica más integral, en un contexto en el que la informalidad laboral sigue siendo una de las principales barreras para ampliar derechos, protección social, productividad y sostenibilidad económica.

Una respuesta estructural frente a un problema persistente del mercado laboral

El decreto parte de un reconocimiento explícito: la informalidad laboral en el Perú no puede ser enfrentada únicamente desde la fiscalización o desde acciones aisladas de promoción del empleo. Según la norma, el desafío exige un modelo de articulación más amplio, capaz de reunir y coordinar intervenciones de distintos sectores del Estado, con metas comunes y una mejor conexión entre acciones, productos y resultados.

En ese sentido, la estrategia se enmarca dentro de la Política Nacional de Empleo Decente, especialmente en dos de sus objetivos prioritarios: incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas y ampliar el acceso de los trabajadores a la protección social, derechos y beneficios laborales.

La lógica del nuevo enfoque apunta a que la formalización no dependa solo del cumplimiento de obligaciones laborales, sino también de condiciones habilitantes más amplias, como acceso a servicios, incentivos, simplificación, articulación territorial, acompañamiento a sectores productivos y fortalecimiento de capacidades institucionales.

De esta manera, el Ejecutivo reconoce que la informalidad es un fenómeno transversal que no solo responde a la conducta de empleadores o trabajadores, sino también a limitaciones estructurales del entorno económico, productivo y regulatorio.

La estrategia tendrá vigencia hasta 2040 y fue diseñada como marco multisectorial

La Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 fue aprobada como un marco de intervención multisectorial de largo plazo. Según el decreto, el documento fue validado por unanimidad el 17 de marzo de 2026 durante la quinta sesión ordinaria del pleno de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la Formalización Laboral (CMFL), órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

El texto oficial señala que esta estrategia está compuesta por seis ejes estratégicos y 31 líneas de acción, lo que revela una arquitectura más amplia y estructurada para abordar el problema de la informalidad laboral durante los próximos 15 años.

Aunque el decreto no desarrolla en detalle el contenido de cada eje, sí deja claro que el objetivo central es generar intervenciones más coherentes, complementarias y efectivas entre los distintos niveles y sectores del Estado, evitando la dispersión de esfuerzos que históricamente ha limitado el impacto de las políticas de formalización.

En términos prácticos, esto supone que la formalización laboral dejará de ser tratada únicamente como un tema del sector Trabajo para convertirse en una agenda transversal de Estado, con responsabilidades compartidas entre distintas carteras y organismos públicos.

El MTPE asume la rectoría y conducción de la implementación

El decreto establece que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo será la entidad encargada de conducir la implementación de la estrategia, a través de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo.

Esta definición es clave, porque otorga al MTPE el rol de articulador central de una política que involucra a múltiples instituciones, reforzando su rectoría en materia de formalización laboral. Asimismo, la misma dirección general será responsable del seguimiento y evaluación de la estrategia, con el acompañamiento técnico de la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral.

Este diseño institucional busca asegurar continuidad y capacidad de coordinación técnica, en un tema que suele requerir consistencia en el tiempo y mecanismos de gobernanza más robustos que los habituales.

Además, el decreto dispone que la implementación y el monitoreo se realizarán a través de un futuro Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación, que deberá aprobarse en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma.

Más de 20 entidades del Estado participarán en la estrategia

Uno de los elementos más importantes del decreto es el amplio listado de entidades públicas que participarán en la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040.

La norma incluye al MTPE y a un conjunto de ministerios con influencia directa en el entorno productivo, social, territorial y económico del país, entre ellos Economía y Finanzas, Producción, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Salud, Educación, Energía y Minas, Cultura y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

A este grupo se suman instituciones clave como la SUNAT, Sunarp, EsSalud, la ONP, Sunafil, Indecopi, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes y el INEI.

Incluso, el decreto abre la posibilidad de incorporar nuevas entidades públicas durante el proceso de implementación, siempre que contribuyan al objetivo de la estrategia, mediante resolución ministerial del MTPE y con opinión favorable del sector o gobierno regional correspondiente.

Formalización laboral con enfoque territorial y sin nuevos recursos del Tesoro Público

La norma subraya que la finalidad de la estrategia es incrementar la formalidad laboral “de manera sostenida y territorialmente diferenciada”. Este detalle no es menor, ya que reconoce que la informalidad no tiene la misma intensidad ni las mismas causas en todas las regiones, sectores productivos o tipos de empresa.

En consecuencia, el enfoque territorial busca que las intervenciones se adapten mejor a las características económicas y sociales de cada ámbito, en lugar de aplicar soluciones uniformes a nivel nacional.

Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles del decreto es el financiero. La implementación de la estrategia se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Esto significa que el despliegue de la estrategia dependerá de la capacidad de cada entidad para reorganizar, priorizar o reorientar recursos ya existentes dentro de sus presupuestos actuales.

El éxito de la estrategia, por tanto, no solo dependerá de su diseño conceptual, sino también de la capacidad operativa y presupuestal de las instituciones para convertirla en acciones concretas con impacto real.

Habrá un plan multisectorial en 60 días para aterrizar la estrategia

El decreto incorpora una disposición complementaria clave: el Poder Ejecutivo deberá aprobar, mediante un nuevo decreto supremo, el Plan Multisectorial de Acción, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040.

Este plan deberá emitirse en un plazo no mayor a 60 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma, y deberá enmarcarse en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

En términos prácticos, este será el documento que definirá cómo se ejecutará realmente la estrategia. Allí deberían precisarse las metas, indicadores, responsabilidades por entidad, mecanismos de coordinación, criterios de seguimiento y herramientas de evaluación.

Por ello, aunque la aprobación de la estrategia es un avance importante, la verdadera prueba estará en la calidad del plan multisectorial y en la claridad con la que se traduzcan los 6 ejes y 31 líneas de acción en medidas verificables y sostenibles.

Sin ese aterrizaje operativo, la estrategia corre el riesgo de quedarse en una declaración programática de alto nivel, pero con impacto limitado sobre la informalidad real del mercado laboral.

Una apuesta de largo plazo que busca alinear formalización, empleo decente y productividad

La aprobación de esta estrategia también tiene una lectura más amplia: el Estado peruano está intentando vincular de manera más directa la formalización laboral con la agenda de empleo decente, productividad y desarrollo territorial.

Esto es relevante porque durante años la formalización fue tratada principalmente desde una lógica de cumplimiento o fiscalización. La nueva estrategia, al menos en su planteamiento, parece reconocer que la formalidad también requiere mejores condiciones productivas, mayor acceso a servicios, simplificación institucional, articulación entre políticas y una visión más integral del desarrollo económico.

El hecho de que la estrategia se alinee con la Política Nacional de Empleo Decente y se proyecte hasta 2040 sugiere que el Gobierno busca darle continuidad más allá del corto plazo y evitar que la formalización laboral quede sujeta únicamente a medidas coyunturales o cambios de administración.

No obstante, el verdadero desafío seguirá siendo convertir esta visión en resultados concretos, peor aún cuando estamos a pocos días de las elecciones presidenciales y desde el 28 de julio tendremos un nuevo Gobierno.