“Es responsabilidad del Directorio y gerente general implementar un sistema de prevención de lavado de activos”

09:20 27 Agosto, 2014

Rolando Castellares Aguilar, especialista en Derecho Bancario y socio principal de Castellares Abogados Consultores realizó su ponencia sobre la responsabilidad del Directorio en el sistema de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), en el marco del 2do Foro Internacional de Cumplimiento y prevención de LAFT organizado por ASOMIF Perú.

“El tema de lavado de activos no solo afecta a la sociedad o al país sino a toda la humanidad, por ello, este delito es calificado como delito de lesa humanidad, y es la razón de tanta preocupación por buscar los mecanismos para defendernos y no dejarnos utilizar por estos delincuentes que buscan legalizar dineros sucios provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, dijo Castellares al inicio de su exposición.

También hizo un recuento de las últimas noticias publicadas en diarios y revistas en las que se puede ver el gran problema de corrupción que existe en nuestro país. Por ejemplo existen 345 candidatos a municipalidades o regiones con condenas vigentes y 124 vinculados con el narcotráfico. Según las últimas cifras registradas, en el 2013 las ganancias por el narcotráfico fueron de US$ 1,500 millones y por la minería ilegal, producto del tráfico ilícito de oro, fueron de US$ 3 mil millones, es decir el doble.

“Si bien el tráfico de drogas es el principal delito por el cual se realiza el lavado de activos, existen otros que cada vez cobran más importancia como las evasiones tributarias, trata de blancas, secuestros, crimen organizado, minería ilegal”, resaltó Castellares.

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Leyes peruanas

Castellares dijo que hay un problema con las leyes que se manejan sobre este tema, pues como se sabe, la siembra de hoja de coca no es ilegal, aunque por las estadísticas se sepa que de 10 hojas de coca, solo una se destina a un negocio lícito.

Además, el consumo de cierta cantidad por persona también es legal. “Cada peruano puede tener hasta 5 gr. de PBC (Pasta Básica de Cocaína), 8 gr. de marihuana, 2 gr. de derivados, 1 gr. de opio, 200 gr. de derivados y hasta 2 gr. de Clorhidrato de Cocaína. Esto es legal”, puntualizó.

Otro ejemplo de que se necesita cambiar las leyes es que las condenas para alguien que realiza lavado de activos es hasta de 25 años, mientras que para los narcotraficantes es de máximo 15 años, y se sabe que muchas veces, personas no vinculadas al narcotráfico caen en la tentación de “ganarse alguito” realizando el lavado de dinero que otros les dan y sin embargo la sanción es más drástica para ellos, señaló Castellares.

Rol del Sistema Financiero

Sobre el rol de las entidades financieras para prevenir el LAFT, estas tienen la obligación de contar con un sistema de prevención que les ayude a detectar actividades sospechosas, deben revisar y cerciorarse del origen del dinero que ingresa a sus instituciones, contar con un manual de prevención, políticas y procedimientos y un código de conducta.

Asimismo, es responsabilidad del gerente general y del directorio implementar este sistema de prevención y cerciorarse de que todo el personal pueda cumplirlo. Para ello existe una estructura  en la que se debe contar con un comité conformado por funcionarios de primer nivel.

El directorio y el gerente general deben designar a un Oficial de Cumplimiento que tenga vínculo laboral con la institución y que reporte directamente al directorio. Su remoción debe ser aprobada por el directorio junto al gerente general, y comunicada a la SBS indicando las razones.

El Oficial de Cumplimiento cumple un rol importante en el análisis y revisión de operaciones sospechosas, por lo tanto no debe ser nombrado improvisadamente como se hace en algunas instituciones, sino debe ser una persona capaz, preparada y estar en constante capacitación.

Castellares comentó a manera de anécdota “en la banca cuando un amigo mío era nombrado oficial de cumplimiento yo no sabía si felicitarlo o darle el pésame”, esto en relación a los riesgos que se corrían en épocas pasadas cuando el oficial de cumplimiento ejercía su labor abiertamente y debía hacer frente a personas vinculadas con el lavados de activos. Ahora sus actividades son anónimas pero no así para las entidades fiscalizadoras que de encontrar “errores” o “equivocaciones”, en su gestión, pueden llevarlo a cumplir penas de cárcel de hasta 25 años. De allí que el nombramiento de estos oficiales de cumplimiento deba ser muy selecto.

Riesgos en el LAFT

Para evitar correr riesgos, como institución financiera, en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, las entidades financieras deben:

–    Contar con un personal que tenga un nivel de integridad alto y no tener delincuentes dentro de la casa.

–    Recabar información sobre antecedentes personales, laborales, patrimoniales e historial crediticio del personal que labora en la institución.

–    Revisar la Declaración Jurada patrimonial y verificarla.

–    Desarrollar programas de capacitación sobre sistemas de prevención, normas del LAFT, políticas y procedimientos. Esta preparación, por ley, debe darse dentro de los primeros 30 días del ingreso del personal y ser permanente. Si se incumple es falta grave.

Frente externo

–    Conocer al cliente, ver su perfil, si sus operaciones son adecuadas, o no, a su perfil. Solo así se puede saber si la operación es inusual o sospechosa.

–    Admitir al cliente luego de una exhaustiva revisión, debe ser como un club con muchas exigencias.

–    Verificar su domicilio y la información brindada con la debida diligencia.
–    Seleccionar a los clientes en 3 grupos: régimen simplificado (para operaciones simples de poco importe), régimen normal, o régimen reforzado (en especial para las personas públicas).

–    Conocer el mercado donde se mueve el cliente.

–    Revisar la banca corresponsal, es decir, con qué otro banco se está teniendo corresponsalía y si ese otro banco tiene las mismas normas.

Cambios en el Reglamento de LAFT

Castellares explicó que entre los cambios que trae el nuevo reglamento está uno en el que se contempla la revisión de todas las transferencias que un cliente pueda realizar, durante un mes, por un monto desde mil dólares. Esto demandará más inversión de las empresas financieras, tanto en personal como en capacidades logísticas, ante lo cual no está de acuerdo, pues “las entidades financieras no son investigadores ni sabuesos, no es su rol, no les corresponde” .

Agregó que el nuevo reglamento también exige la comunicación de operaciones sospechosas en un máximo de 15 días y ya no en 30 como era antes.

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