El Estado refuerza la protección sanitaria para perros y gatos en abandono

El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo N.º 1701, mediante el cual se modifica la Ley General de Sanidad Agraria para incorporar, por primera vez, disposiciones sanitarias específicas orientadas a la protección de perros y gatos en situación de abandono. La norma amplía las competencias del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y marca un nuevo enfoque institucional en materia de bienestar animal desde la salud pública y la sanidad.

El decreto fue emitido en el marco de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso a través de la Ley N.º 32527, que autorizó legislar en materias de fortalecimiento institucional, entre otros ámbitos, por un plazo determinado. En este caso, la delegación permitió modificar el Decreto Legislativo N.º 1059 para atender una problemática creciente vinculada al abandono de animales domésticos y sus impactos sanitarios.

Un nuevo rol para el SENASA

La principal modificación introducida por el Decreto Legislativo N.º 1701 es la incorporación de la Decimotercera Disposición Complementaria Final a la Ley General de Sanidad Agraria. Esta disposición otorga al SENASA la función expresa de dictar normas sanitarias y supervisar su cumplimiento obligatorio en materia de salud de perros y gatos en situación de abandono.

Con ello, el SENASA amplía su ámbito de actuación, tradicionalmente centrado en la sanidad agraria y la protección fitozoosanitaria, hacia un componente de salud animal urbana, sin interferir con las competencias que ya ejercen otras entidades del Estado en materia de bienestar animal.

Salud animal y enfoque de bienestar

La norma se sustenta en el principio de protección y bienestar animal reconocido en la Ley N.º 30407, que establece que los animales vertebrados domésticos son seres sensibles y deben recibir un trato adecuado. En ese sentido, el decreto no se limita a una función de control, sino que busca alinear la actuación del Estado con estándares nacionales e internacionales en materia de salud y protección animal.

El texto legal precisa que las normas e inspecciones que realice el SENASA deberán seguir directrices o recomendaciones nacionales y/o internacionales, lo que abre la puerta a la adopción de buenas prácticas reconocidas en el ámbito de la sanidad y el bienestar animal.

Una respuesta institucional al abandono animal

El abandono de perros y gatos es un problema persistente en zonas urbanas y rurales del país, con implicancias en salud pública, control de enfermedades zoonóticas y convivencia ciudadana. Con esta modificación normativa, el Ejecutivo reconoce la necesidad de una intervención más estructurada desde el Estado, incorporando la dimensión sanitaria al abordaje del problema.

La asignación de esta función al SENASA apunta a fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del Estado en un ámbito que hasta ahora estaba fragmentado entre distintas entidades, sin un liderazgo técnico claramente definido en materia de salud animal.

Financiamiento y reglamentación pendiente

El decreto establece que la implementación de las nuevas funciones se financiará con el presupuesto institucional del SENASA, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esto implica que la entidad deberá reorganizar o priorizar recursos para asumir estas competencias.

Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo apruebe un reglamento específico, mediante decreto supremo refrendado por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego y de Salud, en un plazo máximo de 180 días calendario. Este reglamento será clave para definir los alcances concretos de la intervención del SENASA, los mecanismos de inspección y la coordinación con otras entidades del Estado.

El Decreto Legislativo N.º 1701 representa un avance en la incorporación del bienestar animal dentro del marco de la sanidad y la salud pública. Al integrar la protección de perros y gatos en situación de abandono a la Ley General de Sanidad Agraria, el Estado busca fortalecer su respuesta institucional frente a una problemática social y sanitaria creciente, aunque su impacto real dependerá de la reglamentación y de la capacidad operativa del SENASA para ejercer las nuevas funciones asignadas.