Déficit fiscal se mantiene en 2,1% del PBI a febrero, pero el mayor gasto presiona las cuentas públicas

El déficit fiscal acumulado en los últimos doce meses a febrero de 2026 se habría mantenido en 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI), según información preliminar del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El resultado es similar al observado en enero y confirma que, pese a las mayores presiones del gasto público en el arranque del año, las cuentas fiscales continúan relativamente alineadas con una trayectoria de ajuste gradual.

No obstante, en el análisis mensual, febrero mostró un mayor deterioro respecto al mismo mes del año pasado. El sector público no financiero registraría un déficit económico de S/ 5,419 millones, superior al déficit de S/ 4,826 millones reportado en febrero de 2025. El incremento respondió principalmente al aumento de los gastos no financieros —sobre todo del gasto corriente— y al mayor pago de intereses de la deuda pública, aunque parte de ese impacto fue compensado por un crecimiento de los ingresos corrientes.

En el acumulado del primer bimestre, el déficit del sector público no financiero alcanzó S/ 1,559 millones, por encima de los S/ 1,404 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Si bien la diferencia no es drástica, sí evidencia que el gasto sigue avanzando a un ritmo mayor que los ingresos en el corto plazo, lo que obliga a mantener la atención sobre la sostenibilidad del proceso de consolidación fiscal.

Los ingresos fiscales crecen, impulsados por una mejor recaudación tributaria

Uno de los aspectos más favorables del reporte es la evolución de los ingresos corrientes del gobierno general. En febrero de 2026, estos aumentaron 9,2% interanual, principalmente gracias a una mayor recaudación tributaria, especialmente a nivel del gobierno nacional.

El impulso provino de varios frentes. Destacó el mayor ingreso por impuesto a la renta de personas naturales y jurídicas, así como un mejor desempeño del IGV interno, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto Especial a la Minería (IEM). Este comportamiento confirma que la recuperación de los ingresos tributarios continúa siendo uno de los principales soportes del ajuste fiscal.

En el componente no tributario también hubo un avance relevante, explicado sobre todo por mayores regalías mineras y contribuciones sociales. Esto sugiere que el entorno de actividad y la contribución del sector extractivo siguen ofreciendo un respaldo importante para las finanzas públicas, en un momento en que el Gobierno busca sostener la convergencia hacia la meta fiscal.

El gasto público crece más rápido que los ingresos y presiona el resultado fiscal

A pesar del avance de la recaudación, el principal factor de presión sobre el resultado fiscal en febrero fue el incremento del gasto no financiero del gobierno general, que subió 12,0% interanual. El aumento se observó en los tres niveles de gobierno, aunque con mayor intensidad en el gobierno nacional y en los gobiernos regionales.

Según el BCRP, este crecimiento se explicó principalmente por un mayor nivel de gasto corriente en sus tres grandes componentes, así como por el aumento de otros gastos de capital. En contraste, la formación bruta de capital —es decir, la inversión pública tradicionalmente asociada a infraestructura— registró una caída debido al menor gasto devengado del gobierno nacional.

Este detalle es especialmente relevante desde una perspectiva de calidad del gasto. El hecho de que el gasto corriente crezca con más fuerza que la inversión pública implica que la presión fiscal actual no está viniendo necesariamente de una expansión más agresiva de obras o proyectos de infraestructura, sino de componentes de ejecución más rígidos o permanentes, lo que puede restar margen de maniobra en adelante.

A ello se sumó un mayor servicio por intereses de la deuda pública, un componente que también viene ganando peso en las cuentas fiscales y que refleja tanto el mayor nivel de endeudamiento acumulado en años previos como un entorno de costos financieros todavía exigente.

El 2025 marcó una mejora importante en las cuentas públicas

Pese a las presiones observadas en febrero, el punto de partida para 2026 es mejor que el de años anteriores. De acuerdo con la información preliminar del BCRP, el déficit fiscal cerró 2025 en 2,2% del PBI, lo que representó una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al 3,4% registrado en 2024.

Este resultado fue relevante por varias razones. En primer lugar, reflejó una mejora concreta en la posición fiscal del país, sustentada en un mayor dinamismo de los ingresos corrientes —especialmente tributarios— y en una moderación del gasto no financiero. En segundo lugar, permitió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) volviera a cumplir la meta fiscal luego de dos años consecutivos de incumplimiento.

En términos de señal macroeconómica, el cierre de 2025 confirmó que el proceso de corrección fiscal sí está en marcha, aunque de manera gradual. La reducción del déficit mostró que el Estado pudo comenzar a ordenar sus cuentas sin recurrir a un ajuste abrupto, algo clave en un contexto donde la actividad económica aún requiere estabilidad y previsibilidad.

En su Reporte de Inflación más reciente, el BCRP proyecta que la trayectoria de consolidación fiscal continúe en los próximos años. Según sus estimaciones, el déficit fiscal pasaría de 3,4% del PBI en 2024 a 2,2% en 2025, para luego reducirse a 1,9% en 2026 y a 1,6% del PBI en 2027.

Estas cifras muestran una senda descendente, aunque todavía con ciertos matices frente al marco normativo. El Decreto Legislativo N.° 1621 establece que el déficit no debe superar 2,2% del PBI en 2025 y 1,8% en 2026. En ese sentido, la proyección de 1,9% para este año se ubicaría ligeramente por encima del límite de convergencia previsto para 2026, aunque el propio BCRP subraya que la evolución esperada se mantiene cercana a esos umbrales.

Esto significa que, si bien el proceso de normalización fiscal avanza, todavía no puede considerarse plenamente consolidado. El ajuste está ocurriendo, pero en una velocidad moderada, condicionada por la necesidad de equilibrar disciplina fiscal con capacidad de respuesta económica y social.