Advierten que eliminación del valor referencial en proyecto de la nueva Ley de Contrataciones generaría ofertas ruinosas

11:50 23 Junio, 2014

Lo más grave del proyecto de nueva Ley remitido por el Ejecutivo, al Congreso de la República, es la eliminación del valor referencial y de los rangos dentro de los cuales se aceptan ofertas en los servicios de consultoría de obras que son aquellos que se contratan para la elaboración de estudios y para la supervisión de obras, que constituyen la parte medular de un proyecto porque determinan sus características, pero que, sin embargo, demandan una inversión de menos del 10% del costo de la obra, señala el experto en contratación pública y autor de la primera Ley de Contrataciones del Estado, Ricardo Gandolfo Cortés.
 
“Si se eliminan el valor referencial y los rangos se abre la posibilidad de que empiecen a proliferar ofertas ruinosas que son aquellas que se presentan con precios manifiestamente insuficientes, para atender el requerimiento de cada entidad, pero que corresponderán a postores confiados en que después se resarcirán a través de malas prácticas o confabulándose con otros proveedores a quienes les aprobarán cuanto adicional propongan con el objeto de encarecer las obras a cambio de pingües beneficios colaterales”. señaló Gandolfo Cortés.
 
Agregó que de nada sirve que se faculte a las entidades a prescindir de las ofertas ruinosas porque esa prerrogativa sólo la podrán ejercer después de solicitar, al respectivo postor, que sustente sus precios, lo que hará, sin ninguna duda a como dé lugar “como gato panza arriba” para evitar perder la adjudicación. “Ningún funcionario, por lo demás, se atreverá a desechar una oferta que se le entregue por debajo del valor estimado porque, si lo hace, sus órganos de control lo perseguirán por años con procesos de determinación de responsabilidades y juicios diversos”, aseveró Gandolfo.

Línea 2 del Metro

Explicó que para que exista una verdadera competencia es indispensable fijar precios adecuados al requerimiento de cada entidad. “En la Línea 2 del Metro de Lima se solicitaron estudios por 6 millones de dólares y al parecer el resultado no fue del todo satisfactorio al punto que para la Línea 3 la misma entidad ha pedido estudios por un monto de 22 millones de dólares lo que significa que necesita más profundidad en los análisis, más pruebas, más ensayos, etc. Si no hubiera rangos los postores tratarían de degradar la calidad del servicio con el propósito de hacerse de la adjudicación cuando lo que las entidades necesitan es todo lo contrario, que mejoren la calidad de las prestaciones”.
 
El especialista resaltó que esto de adjudicar a la oferta de menor precio ya se probó en los 90 y fue un rotundo fracaso precisamente por lo señalado, agregando que las obras se quedaron sin concluir y muchos proveedores terminaron quebrados. “Repetir el error es imperdonable y los legisladores deberían preguntar a los funcionarios de las unidades ejecutoras de la administración pública para que les digan su experiencia y comprendan la importancia de este asunto”.
 
Arbitraje cada vez más arrinconado

“Otra cuestión grave es que se quiera crear un registro único de árbitros de manera que sólo quienes allí estén inscritos puedan desempeñarse como tales. Esto está mal porque margina del arbitraje a aquellos profesionales que destacan en sus respectivas disciplinas, que no les interesa inscribirse en ningún registro, pero que eventualmente pueden ser invitados a integrar algún tribunal con el objeto de que contribuyan con sus conocimientos al esclarecimiento de alguna controversia particularmente compleja.

El experto se preguntó ¿por qué darnos el lujo como país de prescindir del aporte de esos expertos?, pues no tiene sentido; ya que en todo caso se debe exigir que los árbitros que designan las entidades sean de ese registro.

Pero en el caso de particulares no se los puede obligar a lo mismo, en razón que los particulares pueden elegir como árbitros a quienes quieran, y si se equivocan, allá ellos. En el caso del Estado, si se equivocan las entidades sí preocupa porque ellas son del Estado y el Estado somos todos, detalló.
 
“Se dice que el Estado pierde los arbitrajes, y eso es falso, pero a fuerza de repetirlo los enemigos del arbitraje tratan de que se crea. El Estado pierde tanto como gana, como lo han demostrado dos estudios, uno del Banco Mundial y otro de la Universidad Católica. Y en el 20% de los casos el Estado gana de punta a punta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el arbitraje no hay nada debajo de la alfombra, que los árbitros son más serios de lo que se piensa y que las entidades se defienden mejor de lo que se cree”, señaló Ricardo Gandolfo.

“Lo que sí es cierto es que el Estado es el demandado en el 90% de los casos y sólo el contratista es demandado en el 10% de los casos. Pero eso se explica por una razón muy simple, cuando quien incumple es el contratista el Estado no tiene que tomarse la molestia de iniciarle un arbitraje; primero deja de pagar, después aplica las penalidades establecidas, luego resuelve el contrato, no contento con eso ejecuta las fianzas y por último si quiere acogotarlo todavía más lo manda al “bombo” del Tribunal de Contrataciones para que lo inhabiliten. La entidad tiene 5 alternativas de acción sin necesidad de ir a un arbitraje”.
 
“El contratista, en cambio, lo único que puede hacer cuando el Estado es el que incumple sus obligaciones, es llevarlo a arbitraje. Y no digo nada respecto de la cobranza, porque seguro gana su arbitraje, pero después viene la cobranza y pueden pasar años sin que cobre”.

Eso también debería preocupar a los legisladores porque la continuidad de los buenos proveedores depende de que reciban sus pagos en forma oportuna. El arbitraje, entre tanto, se constituye en un elemento destinado a restituir o intentar restituir el equilibrio del contrato que puede haberse roto por el incumplimiento de una de las partes. Por eso no les gusta a algunos acostumbrados a romper ese indispensable equilibrio y a institucionalizar el perro muerto, precisó el experto.

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