Nace la SUNADEP para reforzar la defensa pública y el acceso a la justicia en todo el país

El Decreto Legislativo N.º 1703 marca un cambio estructural en el sistema de defensa pública del país con la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUNADEP), un nuevo organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La norma busca ordenar, fortalecer y modernizar los servicios de asesoría legal gratuita y patrocinio para personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

La creación de la SUNADEP se da en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo mediante la Ley N.º 32527, orientadas al fortalecimiento institucional y a mejorar el acceso efectivo a la justicia, un derecho reconocido en la Constitución Política del Perú.

Una respuesta a las barreras de acceso a la justicia

El decreto reconoce que el acceso a la justicia sigue siendo limitado, especialmente para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, lo que afecta el ejercicio de derechos fundamentales y la garantía del debido proceso. Frente a este escenario, la norma plantea una reorganización del servicio de defensa pública para asegurar una atención más especializada, integrada y eficiente a nivel nacional.

La SUNADEP asume la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia mediante servicios de defensa pública, asesoría legal gratuita, patrocinio legal y mecanismos alternativos de solución de conflictos, con un enfoque que prioriza a las poblaciones más vulnerables.

Qué es la SUNADEP y cómo funcionará

La Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia se crea como un organismo público ejecutor con autonomía administrativa, funcional y económica. Cuenta con personería jurídica de derecho público interno y se constituye como pliego presupuestal propio, aunque permanece adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Su sede principal estará en Lima, pero tendrá órganos desconcentrados en todo el país, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial de los servicios de defensa pública y acercarlos a las regiones.

Entre sus competencias principales se encuentra la conducción, regulación, supervisión y fiscalización de los servicios de defensa pública, así como la promoción y articulación de la conciliación extrajudicial y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Funciones clave y enfoque social

El decreto asigna a la SUNADEP funciones que van más allá del patrocinio legal tradicional. La entidad deberá diseñar programas de información pública sobre derechos, garantías constitucionales y formas de acceder a los servicios de justicia, además de capacitar y brindar asistencia técnica en las materias de su competencia.

Asimismo, tendrá la responsabilidad de evaluar la condición socioeconómica de los usuarios para determinar la gratuidad del servicio, utilizando información del Registro de Información Social y otras fuentes pertinentes, lo que busca hacer más transparente y focalizada la atención.

La SUNADEP también aprobará estándares mínimos y lineamientos para la prestación de los servicios de defensa pública, con el objetivo de asegurar calidad y uniformidad en todo el país.

Dirección y organización interna

La entidad será dirigida por un Jefe de la Superintendencia, quien ejercerá la máxima autoridad ejecutiva y la titularidad del pliego presupuestal. Este funcionario será designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y deberá cumplir requisitos de formación profesional en Derecho, estudios de posgrado y experiencia directiva.

El decreto establece además impedimentos para el cargo, como sanciones disciplinarias, condenas por delitos dolosos o inscripción en registros de abogados sancionados, con el fin de garantizar idoneidad y probidad en la conducción de la institución.

La estructura orgánica de la SUNADEP incluye alta dirección, órganos de control, asesoramiento, apoyo, órganos de línea y órganos desconcentrados, lo que refleja su carácter nacional y operativo.

Fusión institucional y continuidad del servicio

Como parte de la implementación, el decreto dispone la fusión por absorción de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la SUNADEP. Este proceso se realizará mediante una comisión de transferencia y deberá culminar en un plazo máximo de 120 días calendario, prorrogable.

La norma garantiza que las plazas, puestos y derechos laborales del personal transferido se mantendrán, y que el proceso se realizará sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, asegurando la continuidad de los servicios de defensa pública durante la transición.

Impacto en la atención a víctimas y grupos vulnerables

El decreto legislativo también introduce modificaciones a normas clave como la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reforzando el rol de la SUNADEP en la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia.

A partir de estos cambios, la Superintendencia participará de manera complementaria en la defensa legal de las víctimas, coordinará con los Centros de Emergencia Mujer y formará parte de instancias regionales de concertación, fortaleciendo la articulación interinstitucional en la protección de derechos.

Con la creación de la SUNADEP, el Estado busca consolidar un modelo más coherente y especializado de defensa pública, que supere la dispersión institucional y permita una respuesta más eficaz frente a las desigualdades en el acceso a la justicia. Si bien la norma establece una arquitectura institucional ambiciosa, su impacto dependerá de la implementación efectiva, la asignación eficiente de recursos y la capacidad de la nueva superintendencia para operar con enfoque territorial y social.