Presupuesto 2026: Radiografía de un recorte que prioriza deuda sobre inversión

El último 19 de noviembre de 2025, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Este documento crucial, con un monto inicial de apertura (PIA) de S/ 257,561,619,143.00, ahora espera su debate y aprobación final por el Pleno del Congreso antes del plazo perentorio e impostergable del 30 de noviembre.

Comisión de Presupuesto aprueba dictamen del Presupuesto 2026 por más de S/ 257 mil millones

El dictamen, que propone un crecimiento global del presupuesto del 2.3% respecto al año fiscal 2025, ha levantado alertas por su enfoque conservador, sacrificando la inversión pública para blindar el gasto corriente y el pago de la deuda.

Radiografía del Gasto: Inversión en Alerta Roja

El análisis de la estructura del gasto público revela una marcada priorización del gasto financiero y remunerativo, mientras que la inversión productiva es la principal variable de ajuste fiscal.

Así el componente más golpeado del proyecto es la inversión pública. La partida destinada a Adquisición de Activos No Financieros registra una caída de 13.3%, equivalente a S/ 7,648 millones menos que en 2025. Este retroceso afecta directamente la continuidad de obras y programas, especialmente aquellos vinculados a Recursos Hídricos para Uso Agrario, que reduce su presupuesto en 39.2%, y al Sistema de Transporte, que cae en 10%.

En contraste, el gasto destinado al servicio de la deuda pública crece 18.7%, un gasto obligatorio que se prioriza para mantener la sostenibilidad fiscal.

El gasto corriente, que concentra el 65% del monto total, sube 4.7% impulsado principalmente por remuneraciones y obligaciones sociales, que aumentan en casi 12%. La estructura presupuestal confirma así un giro hacia el blindaje de compromisos laborales y financieros, dejando a la inversión como la variable de ajuste.

Centralización y Recortes Subnacionales

La arquitectura presupuestal para 2026 perpetúa la centralización de los recursos en el Gobierno Nacional, lo cual, según el dictamen, “requiere ajustes estructurales”.

Asi se mantiene la fuerte concentración de recursos en el Gobierno Nacional, que absorberá el 64% del total en 2026. Aunque los Gobiernos Regionales registran un incremento de 8.6%, los Gobiernos Locales sufren un recorte de 3.3%, lo que impacta su capacidad de ejecución y la continuidad de proyectos territoriales. A ello se suma que el incremento del FONCOMUN no compensa la reducción de aproximadamente S/ 800 millones en inversiones destinadas al ámbito local.

La Comisión de Presupuesto señala que la descentralización no solo debe ser declarativa, sino reflejarse en la distribución efectiva de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde los municipios enfrentan presiones crecientes en servicios básicos, seguridad y mantenimiento de infraestructura.

Advertencias: El Riesgo de Vaciar la Reserva de Emergencia

Una de las críticas más serias del dictamen se centra en el manejo de los fondos de emergencia:

. Disminución de la Reserva de Contingencia: La Función de “Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia” sufre la mayor reducción nominal (-S/ 1,625 millones, equivalente a un -5%). La Comisión advierte que esta disminución compromete la capacidad de respuesta del Estado ante contingencias macroeconómicas o climáticas.

. Uso Indebido de Fondos de Emergencia: El dictamen censura el uso de la Reserva de Contingencia (un fondo para imprevistos) para financiar gastos que son previsibles, recurrentes y normados. Un ejemplo específico citado es el uso de este fondo para financiar Documentos Cancelatorios del Tesoro Público (DCP-TP) emitidos al amparo de la Ley N.º 29266 por contrataciones del Ministerio de Defensa.

Austeridad y Medidas Complementarias

El presupuesto impone un marco estricto de austeridad y control del gasto.

1. Austeridad General: La ley prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, o dietas de cualquier naturaleza en casi todas las entidades públicas.

2. Excepciones Remunerativas: Se permite la habilitación de créditos presupuestarios para:
– Atender sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.
– Compensación por tiempo de servicios y beneficios sociales por cese laboral.
– Implementar incrementos mensuales de servidores de diversos regímenes (D.L. 728, D.L. 1057, Leyes 30057 y 29709) acordados en la “cláusula Décima del Convenio Colectivo a nivel Centralizado 2025-2026”.

. Austeridad en BCRP, SBS y Petroperú: La fuente establece una prohibición general de incrementos remunerativos para el sector público. Aunque el dictamen no identifica una disposición complementaria específica que imponga una austeridad especial al BCRP, la SBS o Petroperú, estas entidades, al ser parte del Sector Público, están sujetas al marco de disciplina presupuestaria general y a la prohibición de incrementos salariales aplicable a todas las entidades del Gobierno Nacional.

Gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación (C&T)

Aunque no existe un pliego único para C&T, el dictamen autoriza diversas acciones transversales para promover la ciencia y la tecnología:

1. Incentivos para Expertos: Se permite a entidades como CONIDA, IGN, IMARPE, INEI, INEN, INIA, IPEN, SENCICO y Universidades Públicas pagar gastos como pasajes, alimentación y hospedaje a “profesionales científicos y técnicos calificados externos” (domiciliados y no domiciliados) para que brinden apoyo técnico en CTI, o actúen como evaluadores y jurados.

2. Uso de Canon para Investigación: Se autoriza a los gobiernos regionales y locales a usar hasta el **20%** de los recursos provenientes del “canon, sobrecanon, regalías, FOCAM y participación en renta de aduanas” en componentes de gasto corriente vinculados a “proyectos de investigación”.

3. Investigación Geográfica y Naval: Se autoriza una transferencia al Instituto Geográfico Nacional (IGN) para financiar la elaboración de “cartografía de precisión” para el desarrollo y la gestión del riesgo de desastres, además de transferencias al Ministerio de Defensa para financiar actividades de “investigación científica a cargo del B.A.P Carrasco”.

El desafío de un equilibrio frágil

El Presupuesto 2026 busca mantener la senda de consolidación fiscal y cumplir con un déficit estimado de 1.8% del PBI, pero lo hace a costa de reducir la capacidad del Estado para impulsar obras y responder a emergencias.

Mientras el pago de deudas y los compromisos de personal se aseguran, el recorte en la infraestructura (-13.3%) y la reducción de la Reserva de Contingencia exponen al país a mayores riesgos y cuestionan la ambición de un “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para debatir si este balance es el que el Perú necesita para el próximo año.