78% de peruanos cree que dinero de economías criminales influirá en las elecciones del 2026

El 78% de los peruanos considera probable que el dinero de economías criminales influya en los resultados de las elecciones del 2026. El dato proviene de una encuesta nacional realizada por Ipsos y recogida en el cuarto reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, presentado esta mañana por el Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.

El estudio no solo recoge cifras de victimización y criminalidad, sino también la percepción ciudadana sobre el futuro inmediato. Apenas un 11% de los encuestados cree que el próximo gobierno logrará mejorar la seguridad, mientras que un 46% teme que la situación empeore. “Estamos recogiendo percepciones ciudadanas que expresan temor y desconfianza. Frente a ello, será clave que la población pueda informarse, votar de manera consciente y elegir autoridades comprometidas con enfrentar este desafío”, sostuvo Ricardo Valdés, coautor del informe y exviceministro del Interior.

Sobre la pregunta de ¿cree usted que en el próximo Congreso aumentará o disminuirá la influencia de las economías criminales en las decisiones de gobierno y en las leyes? En la línea de los resultados anteriores, aquí se precisa la percepción de la población con relación al futuro legislativo y de gobierno. Más de la mitad, un 54%, considera que las economías criminales lograrán influir en las decisiones de gobierno y en las las leyes. Esta percepción abarca por igual a los poderes Ejecutivo y Legislativo, dando cuenta de una perspectiva muy preocupante sobre el futuro del país.

Como se puede apreciar, esa visión predomina en las regiones del Perú y podría tener un impacto en el tipo de candidato que se termine eligiendo. En esa línea, Lima tiene un resultado distinto con relación al resto del país, en el que la influencia de las economías ilícitas se considera que se “mantendrá igual que ahora” (37% vs. 30% en el resto del país). “En general, podríamos también decir que la población es pesimista con relación al futuro, ya que tan solo un 10% considera que la influencia criminal en el gobierno y en el Congreso disminuirá algo o mucho”, subraya el reporte.

Avance de la extorsión

El reporte también advierte sobre el avance de la extorsión, que entre enero y agosto acumuló 18,385 denuncias, un 29% más que en el mismo periodo del año pasado. Este delito se ha extendido a diversas regiones y, en muchos casos, viene acompañado de violencia con explosivos. “La experiencia internacional demuestra que solo cuando el Estado logra penetrar y desarticular a las organizaciones criminales se empieza a reducir la magnitud del problema. Para ello necesitamos más capacidad de inteligencia, mejores herramientas tecnológicas y operadores de justicia con recursos suficientes”, explicó Carlos Basombrío, coautor del informe y exministro del Interior.

El reporte destaca que en una reciente interpelación en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció que los estados de emergencia no han servido para enfrentar la extorsión. Las cifras de denuncias por este delito, que representan solo la punta del ‘iceberg’ debido al temor a denunciar, corroboran de manera enfática lo señalado.

“La situación es lamentable. En el 2018, con pocas regiones afectadas, muchas menos denuncias y una población penal menor, había prácticamente el mismo número de encarcelados por extorsión que en la actualidad: apenas 32 más siete años después. Lo hemos venido alertando en cada uno de los reportes. Entre septiembre del 2024 y septiembre del 2025, los nuevos encarcelados por este delito fueron 199, una cifra insignificante si se compara con la magnitud del problema y el número de denuncias registradas”, agrega el reporte.

La encuesta, además, refleja cómo la inseguridad impacta en la economía familiar: un 18% de ciudadanos –equivalente a 3,5 millones de personas– fue víctima de robo al pagar, retirar o transportar dinero en los últimos tres meses. Además, aunque seis de cada diez hogares han invertido en algún tipo de protección, cuatro de cada diez no lo han hecho. Entre quienes sí, las medidas más comunes son reforzar puertas y ventanas (19%), instalar cámaras de seguridad (16%) y organizar sistemas de vigilancia vecinal (11%).