SBS reordena el control de 8 Coopac disueltas para garantizar la seguridad patrimonial

En un esfuerzo por asegurar la transparencia y la correcta liquidación de las entidades financieras intervenidas, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones implementó un reordenamiento integral en el control de 8 cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público que actualmente se encuentran disueltas. La medida de control civil y financiero comprende directamente el relevo de sus autoridades en las siguientes entidades: Bienestar Perú Limitada, Riquezas de Cajamarca, Credimisti, Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro Limitada Número 254, Arcángel, Dos Pinos, Credinnova y Líderes Emprendedores Red Nacional.

Esta reorganización institucional busca garantizar que los procesos de recuperación de activos y de administración temporal de los patrimonios sigan su curso de manera continua, transparente y sin vacíos de representación que puedan dilatar el cobro a los deudores o la rendición de cuentas a los usuarios afectados.

Los motivos detrás del relevo en el control institucional

La decisión del organismo regulador responde estrictamente a la necesidad técnica de optimizar las acciones de liquidación y salvaguardar la masa patrimonial restante de estas organizaciones. Conforme al análisis del ente fiscalizador, el cambio de los encargados directos resulta fundamental para agilizar los inventarios, supervisar las auditorías internas y acelerar los trámites judiciales vigentes frente a terceros.

Al retirar a los anteriores funcionarios, se busca revitalizar la gestión con un equipo enfocado en las metas inmediatas de control financiero, todo ello bajo el amparo de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros. Esta renovación de la confianza administrativa cuenta con el debido respaldo técnico y jurídico de las superintendencias adjuntas especializadas del sector, las cuales identificaron la conveniencia de actualizar las designaciones previas que se mantenían vigentes desde el periodo 2024 y 2025.

Nuevas responsabilidades y el manejo del dinero rescatado

A partir de este cambio de mando, las nuevas autoridades de control asumen una serie de obligaciones rigurosas tanto operativas como comerciales. Entre sus principales atribuciones figura la toma de posesión formal e inmediata de todos los bienes, archivos, contratos y títulos de propiedad de las 8 cooperativas intervenidas, evitando la pérdida o manipulación de información clave. Asimismo, deberán confeccionar inventarios valorizados y detallar la relación exacta de acreedores para establecer el orden de preferencia en las futuras devoluciones de dinero.

En el aspecto estrictamente monetario, los nuevos gestores están facultados para recibir la amortización y cancelación de los créditos que fueron otorgados en su momento a los socios. Todo el dinero en efectivo y los recursos líquidos que se logren recuperar deberán ser custodiados con altos estándares de seguridad, depositándose exclusivamente en entidades bancarias o cooperativas del sistema financiero nacional que cuenten con las clasificaciones de riesgo más óptimas, específicamente dentro de las categorías A o B.

Blindaje legal y máxima transparencia con los afectados

Para contrarrestar la morosidad y defender los intereses de las entidades disueltas, el organismo de control otorgó capacidades judiciales especiales a sus nuevos representantes. Esto les permitirá entablar demandas civiles, participar en audiencias conciliatorias, continuar procesos legales en curso y levantar los gravámenes o garantías una vez que las deudas de los clientes queden totalmente canceladas.

Finalmente, el proceso mantendrá un filtro riguroso en cuanto a la comunicación con la ciudadanía. Todo balance, estado de pérdidas y ganancias, o documentación sobre el estado real de las cooperativas deberá someterse obligatoriamente a una revisión y validación previa por parte de la entidad matriz antes de ser publicado. Con esto se asegura que la información vertida a los ahorristas sea verídica, exacta y libre de distorsiones en medio de esta fase final de disolución y liquidación pública.