Piden a empresas extractivas tomar conciencia de los temas de la COP20

Los casos más comunes con delito ambiental corresponden a las empresas del sector minero, sector petrolero y tienen una sanción elevada, comentó Carlos Caro, Socio Fundador y Gerente General de la firma Caro & Asociados.

“La pena por contaminación es de hasta seis años de privación de la libertad o cárcel. En el caso de infracciones ambientales, la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) puede imponer hasta 30.000 UITs a la empresa infractora”, informó Caro, quien además puso de relieve que la jurisprudencia peruana en delitos ambientales es bastante diversa y heterogénea, “no existen criterios vinculantes ni uniformes en los tribunales”. Entre los problemas más comunes se tienen los casos en que la Fiscalía persigue simples infracciones administrativas mediante la vía penal, así también la determinación de cuál es el órgano que debe dar las pautas técnicas en el proceso penal y que no puede ser el OEFA por ser una parte más en el proceso.

Asimismo, Caro instó a las empresas extractivas a tomar conciencia de la problemática ambiental y los temas que se abordarán en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP20) que comienza hoy en Lima.

Por su parte Miguel Polaino Orts, Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Seviila y Consultor Internacional de la firma Caro & Asociados, indicó que en los delitos contra la seguridad en el trabajo del art. 168-A del CP el legislador ha impuesto una serie de límites o candados para hacer más difícil, sino imposible, su aplicación, entre ellos la exigencia de que la autoridad administrativa previamente haya requerido al empleador para que adecue su conducta a las normas de seguridad, o el que la ley demande que debe existir un incumplimiento deliberado de dichas normas.

Estas declaraciones se realizaron en el marco del  II Seminario Internacional “Riesgo Penal en la Actividad Minera y Petrolera”, donde expositores internacionales y nacionales, debatieron diversos temas sobre prevención de la corrupción en actividades extractivas, problemas jurisprudenciales en delitos ambientales, lavado de activos y minería ilegal, relevancia penal de los accidentes laborales, entre otros.