Petroperú detalla a la SMV los efectos del decreto que redefine su reorganización

La empresa estatal Petroperú remitió una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en respuesta a una serie de requerimientos vinculados a la publicación del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, norma que introduce cambios sustanciales en la gestión, gobernanza y estructura patrimonial de la petrolera. El intercambio se da en un contexto de mayor escrutinio del regulador sobre la transparencia y la oportunidad de la información que la empresa debe proporcionar al mercado.

El pronunciamiento de la SMV se formalizó a través del Oficio N.° 018-2026-SMV/11.1, mediante el cual solicitó explicaciones detalladas a Petroperú por no haber comunicado oportunamente, a través de un Hecho de Importancia, los alcances y efectos del decreto publicado el 31 de diciembre de 2025.

Las observaciones de la SMV sobre transparencia y gobernanza

Entre los principales puntos planteados por la SMV figura la solicitud de justificación respecto al silencio informativo de Petroperú tras la entrada en vigencia del DU 010-2025, pese a que la empresa había manifestado con anterioridad su compromiso de informar al mercado sobre cualquier medida que impactara directamente en su situación financiera y operativa.

El regulador también cuestionó por qué no se utilizó el canal oficial del mercado de valores para divulgar una norma que afecta de manera puntual a la compañía, así como la forma en que se viene ejerciendo la gobernanza corporativa bajo el nuevo marco normativo, que otorga un rol vinculante a ProInversión en determinadas decisiones estratégicas. Adicionalmente, la SMV solicitó a la petrolera una evaluación concreta del impacto económico y financiero del decreto en sus estados financieros.

Las aclaraciones y novedades comunicadas por Petroperú

En sus respuestas y comunicaciones previas, Petroperú informó que ya se encuentra ejecutando un plan de reestructuración en coordinación con sus accionistas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La empresa precisó que los avances de este proceso serán comunicados al mercado como Hechos de Importancia una vez que existan acuerdos formales adoptados por el Directorio o la Junta General de Accionistas.

Asimismo, la petrolera desmintió que, antes de la publicación del decreto, existieran acuerdos societarios para la escisión o transferencia de activos estratégicos, como la Nueva Refinería de Talara, señalando que no contaba con conocimiento formal ni decisiones aprobadas en ese sentido.

Frente a los cuestionamientos sobre transparencia, Petroperú rechazó las acusaciones de opacidad financiera y sostuvo que su información económica es verificable y cuenta con dictámenes de auditoría externa emitidos por PwC. Como novedad administrativa, la empresa explicó que el retraso en la presentación de los estados financieros auditados de 2024 respondió a observaciones técnicas del MEF y del MINEM, cambios en el gabinete ministerial y demoras atribuibles a la firma auditora.

La compañía también precisó que las declaraciones públicas realizadas por la ministra de Economía antes de la emisión del DU 010-2025 correspondían a manifestaciones del Poder Ejecutivo en su condición de accionista, pero no constituían decisiones societarias vigentes ni exigibles para la empresa en ese momento.

Un nuevo escenario tras el DU 010-2025

Con la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el panorama para Petroperú cambió de manera significativa. La norma autoriza la reorganización de activos mediante bloques patrimoniales, incluyendo la posibilidad de transferir activos relevantes como la Nueva Refinería de Talara a vehículos de propósito especial.

El decreto encarga a ProInversión el diseño y la ejecución integral de este proceso, otorgando carácter vinculante a sus decisiones para el Directorio y la Gerencia General de Petroperú. Además, se dispone la aprobación de una nueva estructura orgánica que permita la reducción de personal, con un financiamiento de hasta S/ 240 millones transferidos por el MINEM para cubrir liquidaciones y medidas operativas asociadas.

En este contexto, la insistencia de la SMV apunta a garantizar que el mercado cuente con información clara, oportuna y completa sobre decisiones que pueden tener un impacto relevante en la situación financiera, patrimonial y operativa de la principal empresa petrolera del país.