Keiko Fujimori y López Aliaga piden elecciones complementarias tras fallas que dejaron a más de 63 mil sin votar

Las Elecciones Generales 2026 estuvieron marcadas por serias fallas logísticas que afectaron el normal desarrollo de la jornada electoral en Lima Metropolitana, generando malestar ciudadano, cuestionamientos políticos y la apertura de posibles investigaciones por responsabilidades administrativas y penales. A pesar de que el proceso logró altos niveles de cobertura a nivel nacional, los problemas en la instalación de mesas en la capital dejaron a miles de electores sin poder ejercer su derecho al voto.

Uno de los principales problemas registrados durante la jornada fue el retraso en la instalación de mesas de sufragio debido a la falta de material electoral. Según informó el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, un total de 211 mesas no lograron instalarse en Lima Metropolitana, lo que impidió que 63 300 ciudadanos pudieran sufragar.

Estas mesas correspondían a 15 locales ubicados en distritos de Lima Sur, específicamente en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, zonas donde desde tempranas horas se reportaron colas, incertidumbre y frustración entre los votantes. Muchos de ellos acudieron desde la madrugada, pero nunca pudieron emitir su voto ante la ausencia de cédulas, actas y equipos necesarios para el proceso.

Las quejas ciudadanas se multiplicaron a lo largo del día, no solo por la imposibilidad de votar, sino también por las largas esperas, la falta de información y, en algunos casos, denuncias de maltrato por parte del personal en los locales de votación. Este escenario generó una percepción de desorganización que contrastó con la expectativa de una jornada electoral ordenada.

Responsabilidad en la cadena logística

La ONPE atribuyó directamente estos problemas a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución del material electoral. Según explicó Corvetto, la empresa no cumplió con proporcionar el número de camiones necesarios ni con las condiciones requeridas para el traslado oportuno, lo que generó un efecto en cadena que retrasó todo el despliegue logístico.

El organismo electoral indicó que inicialmente se tenían alrededor de 100 locales con dificultades en la entrega del material, de los cuales 75 eran considerados críticos por su ubicación y distancia. Aunque la mayoría de estos casos logró resolverse durante la jornada, 15 locales no pudieron ser atendidos a tiempo, lo que derivó en la no instalación de las mesas.

Pese a estos inconvenientes, la ONPE destacó que, a nivel nacional, se logró instalar el 99,8% de las 99 012 mesas previstas, una cifra que calificó como alta. Sin embargo, el impacto concentrado en Lima Metropolitana, donde se registra la mayor densidad electoral del país, amplificó las críticas y cuestionamientos.

Reclamos políticos y pedidos de medidas excepcionales

Las fallas logísticas provocaron una inmediata reacción en el ámbito político. Los partidos Fuerza Popular y Renovación Popular, liderados por Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, respectivamente, solicitaron la realización de elecciones complementarias o la ampliación del proceso electoral para permitir que los ciudadanos afectados puedan votar.

Ambas agrupaciones argumentaron que los electores no pueden ser perjudicados por errores organizativos del Estado y que se debe garantizar el ejercicio pleno del derecho al sufragio. En esa línea, plantearon incluso la posibilidad de extender la jornada hasta el día siguiente en los locales donde no se instalaron mesas.

López Aliaga calificó la situación como “un insulto” y una falta de respeto hacia los ciudadanos, señalando que muchas personas —incluidos adultos mayores y enfermos— hicieron esfuerzos por acudir a votar sin éxito. Asimismo, cuestionó el impacto que estos hechos generan en la imagen del país a nivel internacional.

Por su parte, Keiko Fujimori, a través de su agrupación política, enfatizó la necesidad de adoptar medidas correctivas inmediatas y evitar que este tipo de situaciones afecten la legitimidad del proceso electoral.

Anuncio de investigaciones y posibles sanciones

Ante la gravedad de los hechos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que se determinarán responsabilidades tanto a nivel administrativo como penal por las demoras registradas durante la jornada electoral.

El titular del JNE indicó que los hechos serán comunicados a las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones correspondientes y se apliquen las sanciones necesarias a los responsables. Esta medida responde a los cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del proceso.

En paralelo, la ONPE informó que iniciará los procedimientos para exonerar del pago de multas a los ciudadanos que no pudieron votar debido a la no instalación de mesas, reconociendo que se trató de una situación ajena a su voluntad.

Impacto en la confianza y desafíos del sistema electoral

Si bien el proceso electoral logró desarrollarse con relativa normalidad en la mayor parte del país, los incidentes registrados en Lima evidencian debilidades en la cadena logística y en la capacidad de respuesta ante contingencias.

La concentración de problemas en zonas urbanas densamente pobladas no solo generó malestar inmediato, sino que también abre un debate sobre la necesidad de fortalecer la planificación, supervisión y ejecución de los procesos electorales en el país.

Además, los reclamos ciudadanos y políticos ponen sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones equitativas para todos los electores, especialmente en contextos donde cada voto resulta crucial para la legitimidad de los resultados.

En este escenario, el reto para las autoridades electorales no solo será esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables, sino también implementar mejoras estructurales que eviten la repetición de estos problemas en futuros procesos, en un contexto donde la confianza en las instituciones resulta clave para la estabilidad democrática.