Gobierno aprueba hoja de ruta nacional para el uso estratégico de datos públicos

La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos 2026–2030, un instrumento clave que busca ordenar, articular y fortalecer la forma en que las entidades públicas gestionan, usan y protegen los datos del Estado. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 049-2026-PCM, publicada el 15 de febrero de 2026 en el diario oficial El Peruano.

Esta estrategia se enmarca en la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 y reconoce a los datos como un activo estratégico fundamental para mejorar la toma de decisiones públicas, la eficiencia del Estado y la calidad de los servicios a la ciudadanía.

Un marco rector para la gobernanza de datos en el sector público

La Estrategia Nacional de Gobierno de Datos establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, será la entidad encargada de conducir, articular y supervisar su implementación a nivel nacional. Esta función se ejerce en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital y de la política de gobierno digital.

El diagnóstico que sustenta la estrategia reconoce que, pese a la existencia de un marco normativo que valora al dato como un activo estratégico, la gestión de la información pública presenta aún un nivel de madurez incipiente y desigual. Persisten problemas como la fragmentación institucional, la baja interoperabilidad, deficiencias en la calidad de los datos y brechas más profundas en los gobiernos subnacionales.

Obligaciones claras para entidades nacionales, regionales y locales

La resolución establece que la estrategia es de aplicación obligatoria para todas las entidades de la Administración Pública, así como para las empresas públicas de los gobiernos regionales y locales y aquellas bajo el ámbito de FONAFE. Asimismo, se señala que el sector privado puede tomarla como referencia para el desarrollo de proyectos e iniciativas basadas en datos.

Cada entidad pública deberá alinear sus objetivos institucionales con los de la estrategia nacional y aprobar un Plan de Acción de Gobierno de Datos, el cual formará parte de su Plan de Gobierno Digital. Este plan deberá incluir un diagnóstico de la situación de la entidad, objetivos claros, indicadores de seguimiento, iniciativas priorizadas y un horizonte mínimo de tres años.

El rol clave del Oficial de Gobierno de Datos

Uno de los pilares de la estrategia es el fortalecimiento del rol del Oficial de Gobierno de Datos. Este funcionario será responsable de articular técnica y estratégicamente la gestión de datos dentro de cada entidad, con autonomía técnica y reporte directo a la máxima autoridad administrativa y al Comité de Gobierno y Transformación Digital.

El oficial deberá coordinar con las distintas áreas de la entidad, asegurar la coherencia con la normativa de protección de datos personales y realizar el seguimiento periódico del Plan de Acción de Gobierno de Datos. Además, tendrá la obligación de reportar trimestralmente los avances y registrar la información en la Plataforma de Cumplimiento Digital.

Seguimiento, supervisión y una nueva plataforma digital

La resolución también dispone la creación de la Plataforma de Cumplimiento Digital, una herramienta que permitirá registrar y monitorear el avance en la implementación de la política de transformación digital y de las estrategias nacionales asociadas, incluido el gobierno de datos. Esta plataforma será administrada por la PCM y deberá estar operativa en un plazo máximo de 90 días hábiles.

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tendrá a su cargo la supervisión político-estratégica de la implementación de los planes de acción, con fines de evaluación de políticas públicas y mejora continua. Los resultados de esta supervisión podrán ser compartidos con otras entidades del Estado, como la Contraloría General de la República.

Finalmente, la norma establece que la implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca sentar las bases de un Estado más interoperable, transparente y orientado a resultados, donde los datos se conviertan en un insumo central para el diseño de políticas públicas, la innovación digital y la generación de valor para la ciudadanía.