Microfinanzas

Fepcmac reitera su rechazo a la intromisión estatal en la gobernanza de las cajas municipales

Jorge Solís advierte que la Ley 32511 vulnera la autonomía, el gobierno corporativo y pone en riesgo la estabilidad del sistema de cajas. Asimismo, la federación exhorta a la SBS a velar por la autonomía, el equilibrio del directorio y la estabilidad del sistema microfinanciero.

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

23 diciembre, 2025 / 11:14 am

Durante el foro ¿Intromisión Estatal en la Gobernanza Interna de las Cajas Municipales? Alcances de la Ley 32511, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPMAC), Jorge Solís Espinosa, expuso una severa crítica al proceso legislativo que derivó en la reciente modificación del modelo de gobernanza de las cajas municipales, advirtiendo riesgos institucionales, financieros y constitucionales.

Solís, quien además preside el directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo y cuenta con una amplia trayectoria en el sistema financiero y registral del país, inició su intervención señalando la preocupación reiterada de las cajas municipales frente a la aprobación de normas en el Congreso sin sustento técnico, jurídico ni análisis de impacto. Según indicó, se trata de una práctica que no solo afecta al sistema microfinanciero, sino que también pone en riesgo el equilibrio fiscal y la estrategia económica nacional.

 

Un intento previo de control desde el Congreso

El titular de la FEPMAC recordó que en junio del presente año el Congreso intentó aprobar una norma que, a su juicio, buscaba capturar el gobierno corporativo de las cajas municipales. Dicha iniciativa permitía que congresistas que integraron las comisiones de Economía, Presupuesto o Finanzas accedieran a cargos directivos en las cajas una vez concluido su mandato parlamentario.

Solís afirmó que esta propuesta tenía responsables claramente identificados y que su aprobación en primera votación se logró de manera poco transparente. No obstante, tras las alertas públicas y la presión institucional, varios congresistas reconocieron haber sido “sorprendidos” por el contenido real de la norma y esta no llegó a una segunda votación. Pese a ello, el proyecto nunca fue archivado formalmente.

 

La modificación introducida en la Ley de Endeudamiento Público

El punto central de la exposición estuvo en la forma en que finalmente se introdujo la modificación al gobierno de las cajas municipales. Según explicó Solís, el 5 de diciembre, durante la aprobación de la Ley de Endeudamiento Público, se incorporó de manera sorpresiva una disposición transitoria que altera la composición de los directorios de las cajas municipales.

Esta disposición establece que el representante de las micro y pequeñas empresas en el directorio ya no será elegido por las organizaciones de la sociedad civil, sino designado por el Ministerio de la Producción, a través del viceministerio de MYPE. Para Solís, este cambio no es meramente formal, sino que constituye una intromisión directa del Poder Ejecutivo en entidades que forman parte del sistema financiero nacional y que deben operar con autonomía administrativa, económica y financiera.

 

El impacto sobre el equilibrio del gobierno corporativo

El presidente de la FEPCMAC explicó que los directorios de las cajas municipales están conformados por siete miembros: tres designados por los municipios accionistas y cuatro provenientes de la sociedad civil. Este equilibrio ha sido, según afirmó, uno de los pilares del éxito del modelo de cajas municipales durante más de cuatro décadas.

La nueva norma rompe ese balance al incorporar un cuarto representante del sector público, lo que, en la práctica, inclina la toma de decisiones hacia el Estado y debilita la independencia de la gobernanza. Además, la ley también limita el mandato de los presidentes de los directorios a un año, afectando la continuidad del liderazgo y la ejecución de planes estratégicos de mediano y largo plazo.

 

Riesgos para la inversión y la calificación crediticia

Solís advirtió que esta modificación tiene consecuencias más profundas. Recordó que la Ley 30607, aprobada en 2017, permitió la incorporación de inversionistas privados a las cajas municipales para fortalecer su patrimonio, un aspecto clave para su sostenibilidad y crecimiento.

En ese contexto, citó el caso de la Caja Huancayo, que cuenta con la participación del Banco Interamericano de Desarrollo como inversionista estratégico. El cambio en las reglas de gobernanza, señaló, genera incertidumbre y podría motivar la salida de estos inversionistas, quienes ingresaron bajo un esquema de autonomía y alejamiento del riesgo político.

Asimismo, alertó que la intervención estatal explícita podría afectar la percepción de las clasificadoras de riesgo internacionales. Las cajas municipales, al igual que los bancos, son evaluadas por estas entidades, y la pérdida de autonomía podría traducirse en una rebaja de calificación, incrementando los costos de fondeo y debilitando su competitividad.

 

Cuestionamientos a la posición de la Superintendencia de Banca y Seguros

En su intervención, Solís también expresó su desacuerdo con la posición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que ha considerado el cambio como una cuestión de forma orientada a ordenar los procesos de designación. Para la FEPCMAC, esta lectura minimiza el impacto real de la norma y desconoce que los actuales mecanismos de elección de representantes MYPE son legítimos, democráticos y ajustados a la realidad regional de cada caja.

El dirigente sostuvo que la SBS debería velar por la autonomía y fortalecimiento de las entidades financieras supervisadas, garantizando condiciones de competencia equitativas frente a la banca privada, y no avalar disposiciones que introducen interferencias políticas.

Un posible conflicto constitucional

Finalmente, Jorge Solís agradeció al Colegio de Abogados de Lima por el análisis jurídico realizado sobre la norma, señalando que existen fundamentos para considerar que la disposición vulnera principios constitucionales como la igualdad de condiciones en el mercado y la libertad de empresa.

A su juicio, la Ley 32511 representa una amenaza directa al modelo de cajas municipales, reconocido como una experiencia exitosa de inclusión financiera en el Perú y referente en América Latina. De mantenerse vigente, advirtió, no solo se compromete la gobernanza de estas entidades, sino también su estabilidad, su capacidad de atraer inversión y su rol clave en el financiamiento de las micro y pequeñas empresas del país.

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