En el Congreso plantean que Coopac emitan tarjetas sin autorización y actúen como fiduciarias
La SBS considera que los cambios no son convenientes y alerta sobre riesgos para la estabilidad del sistema cooperativo y la protección de los socios.

27 abril, 2026 / 7:00 am
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha emitido una opinión técnica desfavorable respecto al Proyecto de Ley N° 14104/2025-CR, impulsado en el Congreso por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que propone ampliar las operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) no autorizadas a captar recursos del público. El pronunciamiento advierte que los cambios planteados podrían generar riesgos relevantes para la estabilidad del sistema cooperativo y la adecuada protección de los socios.
La iniciativa legislativa busca fortalecer los servicios que brindan estas cooperativas a sus socios mediante la ampliación de sus operaciones. Entre sus principales propuestas, plantea eliminar la autorización previa de la SBS para que las Coopac de Nivel 1 puedan emitir y administrar tarjetas de débito, así como permitir que las Coopac de Nivel 2 actúen como fiduciarios en fideicomisos conformados por sus propios socios. Asimismo, propone reordenar estas facultades dentro del esquema normativo vigente, trasladando la actividad fiduciaria desde cooperativas de mayor nivel hacia aquellas de menor escala operativa.
El documento, remitido a la Comisión de Economía del Congreso, sostiene que si bien la iniciativa busca fortalecer la oferta de servicios de las cooperativas, introduce modificaciones que no se alinean con el nivel de desarrollo operativo, tecnológico y de gestión de riesgos que actualmente caracteriza a este segmento del sistema financiero.
Cuestionamientos a la eliminación de autorizaciones para tarjetas de débito
Uno de los principales puntos de preocupación de la SBS es la propuesta de eliminar el requisito de autorización previa para que las Coopac de Nivel 1 puedan emitir y administrar tarjetas de débito. Según el regulador, este control no constituye una barrera burocrática, sino un mecanismo preventivo clave para garantizar que las cooperativas cuenten con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias antes de ofrecer este tipo de servicios.
La SBS explica que la emisión de tarjetas de débito implica una alta exposición a riesgos operativos, tecnológicos y de ciberseguridad, especialmente en un contexto de creciente digitalización y sofisticación del fraude financiero. En ese sentido, advierte que muchas cooperativas, en particular las de menor tamaño, aún presentan debilidades en aspectos como controles informáticos, verificación de identidad de los socios, continuidad operativa y gestión de seguridad de la información.
Asimismo, el regulador rechaza la comparación que plantea el proyecto con entidades del sistema financiero como bancos o cajas municipales. Precisa que estas instituciones están sujetas a procesos de licenciamiento mucho más exigentes desde su inicio, lo que asegura estándares más altos en infraestructura, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos, condiciones que no necesariamente se replican en el sector cooperativo.
Riesgos en la propuesta de habilitar funciones fiduciarias
Otro aspecto crítico del proyecto es la intención de permitir que las Coopac de Nivel 2 actúen como fiduciarios en fideicomisos. Aunque la iniciativa argumenta que esta actividad no implica captación de recursos del público y podría fortalecer el rol social del cooperativismo, la SBS advierte que su implementación exige un alto grado de sofisticación técnica y operativa.
El regulador señala que la gestión de fideicomisos requiere estructuras especializadas, controles internos robustos, sistemas tecnológicos adecuados y personal con idoneidad comprobada. Además, implica responsabilidades legales directas sobre la administración de patrimonios autónomos, lo que eleva significativamente los riesgos en caso de una gestión inadecuada.
En este contexto, la SBS considera que habilitar esta actividad en cooperativas que aún se encuentran en proceso de consolidación institucional podría generar riesgos operativos, legales y reputacionales, afectando la confianza de los socios y la estabilidad del sistema.
Supervisión diferenciada y proceso de consolidación del sistema Coopac
El análisis de la SBS enfatiza que el sistema cooperativo presenta una alta heterogeneidad en términos de tamaño, capacidades operativas y nivel de desarrollo en gobierno corporativo. A diferencia de las entidades financieras tradicionales, las Coopac no pasan por un proceso de licenciamiento integral previo, sino por un esquema de registro que no evalúa de manera exhaustiva su modelo de negocio ni su infraestructura tecnológica.
Por ello, el organismo supervisor defiende la necesidad de mantener un enfoque regulatorio diferenciado y progresivo, que permita acompañar el proceso de fortalecimiento del sector sin comprometer la estabilidad ni la protección de los usuarios.
En esa línea, la SBS subraya que el sistema Coopac se encuentra en una etapa de reordenamiento y consolidación, orientada a mejorar la gestión de riesgos, reforzar el gobierno corporativo y alinearse con estándares prudenciales más exigentes. Introducir mayores complejidades operativas en esta fase, advierte, podría sobrecargar la capacidad de respuesta de las cooperativas.
Conclusión: advertencia sobre riesgos para el sistema
En sus conclusiones, la SBS reafirma su posición de que no resulta conveniente aprobar las modificaciones planteadas en el proyecto de ley. Considera que eliminar la autorización previa para la emisión de tarjetas de débito y habilitar la actividad fiduciaria en Coopac de Nivel 2 podría exponer al sistema a riesgos operativos, tecnológicos, legales y prudenciales.
Más que limitar el desarrollo del sector, el regulador sostiene que las actuales exigencias buscan asegurar que las cooperativas implementen servicios financieros de manera responsable, protegiendo a sus socios y garantizando la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
De esta manera, la opinión técnica de la SBS marca una postura clara frente a la iniciativa legislativa, poniendo énfasis en la necesidad de equilibrar la expansión de servicios financieros con adecuados estándares de supervisión y gestión de riesgos.
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