Sigue sin resolverse el problema para que más peruanos tengan una pensión cuando se jubilen

El Congreso finalmente derogó ayer en la noche  la ley que disponía el aporte obligatorio de los trabajadores independientes a un sistema de pensiones, sea público (ONP) o privado (AFP),  y se restituyó la afiliación libre y voluntaria de dichos servidores a cualquiera de esos sistemas.
Es una lástima que nuestros congresistas siempre actúen con criterios políticos, pensando qué beneficio puedan sacar de sus electores, y no con criterios técnicos y manifestando sus argumentos oportunamente.

Hay que recordar que el 4 de julio del 2012 el Congreso aprobó el proyecto de reforma del Sistema Privado de Pensiones enviado por el MEF.  En esa oportunidad para lograr ampliar la cobertura de las pensiones se dispuso, entre otras cosas,  la obligatoriedad de los trabajadores independientes, menores de 40 años, de afiliarse a la AFP o a la ONP. Así, se estableció que dicha obligatoriedad entraba en vigencia el 1 de agosto del 2013.

Sin embargo,  el año pasado, faltando pocas semanas para que entre en vigencia esa obligatoriedad, algunos congresistas salieron a criticar la medida, argumentando, entre otras cosas, que no se había informado adecuadamente a la población sobre los beneficios. Ante los reclamos mediáticos, la SBS tuvo que prorrogar la entrada en vigencia de la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores independientes hasta el 1 de agosto del 2014.

Nuevamente, dejaron pasar el tiempo y este año, a fines de julio, cuando la medida estaba por entrar en vigencia, volvieron a salir los congresistas, así como algunos expertos y medios, atribuyéndose la representatividad de los trabajadores independientes, a cuestionar la obligatoriedad de los aportes, argumentando que era un asalto, a los bolsillos de estos trabajadores, el hecho de exigirles a aportar para que tengan una pensión a la edad de jubilación. Así, las distintas bancadas del Congreso presentaron proyectos para derogar la medida.

No se entiende por qué los congresistas han tenido que esperar tanto tiempo para  derogar una medida que ellos mismos aprobaron hace dos años. Esto representa una pérdida de tiempo y recursos para el país, y lo más grave es que se sigue dilatando el problema de que el 75% de los trabajadores está en riesgo de no tener una pensión cuando lleguen a ser adultos mayores, y no tendrán medios para afrontar su vejez.

Analizando el desempeño de los dos sistemas, se tiene que al 22 de agosto del 2014, la población afiliada a algún sistema de pensiones fue de 9.4 millones de peruanos, de los cuales 5.6 millones pertenecen al SPP y 3.8 millones al SNP. Estas  cifras representan el 36.6% y 24.8% de la población ocupada, respectivamente. Es decir, el 61% de la fuerza laboral ocupada está afiliada a un sistema de pensiones.

Sin embargo, si sólo se considera a los afiliados que regularmente aportan a los dos sistemas de pensiones (AFP y ONP) estos llegan a los 3.89 millones. Es decir, solo habría un 25% de la fuerza laboral que efectivamente contribuye y que podría acceder a una pensión en el futuro.

Entonces, esta baja participación de los trabajadores dentro del sistema de pensiones en nuestro país, debería ser la principal preocupación de las autoridades.

La causa principal  de la baja cobertura del sistema de pensiones, en nuestro país, está explicada en la elevada informalidad del mercado laboral, ya que los aportes a la AFP o a la ONP son a través del trabajo remunerado formal.

Es por eso que hacer obligatoria la afiliación de los trabajadores independientes era un paso para ir logrando una mayor cobertura de pensiones en nuestro país. Además, los aportes obligatorios iban a ser de manera gradual,  empezando con una tasa de 2.5% en el primer año, de 5% en el segundo año, de 7.5% en el tercer año para llegar a 10% a partir del cuarto año.

El hecho de que los congresistas hayan eliminado esta obligatoriedad no está resolviendo el problema. Se ha actuado con una visión de corto plazo, con un “aparente” alivio momentáneo pero con un costo elevadísimo cuando estos independientes no tengan recursos para sobrellevar su vejez. En nuestro país muchas cosas tienen que ser obligatorias, para que se cumplan, como lo que ocurrió con el ITF que nadie quería que se aplique, o como con el uso del cinturón de seguridad o la aplicación de papeletas por exceso de velocidad en ciertas vías.

El otro punto es que los jubilados peruanos reciben pensiones bien bajas, que llegan en promedio, en el sistema privado, a S/. 984 mensuales, y en el sistema público, a S/. 676 (según datos a junio de este año).

En este sentido, hay más posibilidades de que las pensiones en el sistema privado aumenten en la medida que pase el tiempo y los afiliados se retiren con más años de aportación. Esto porque el SPP se basa en cuentas individuales de capitalización. Mientras que el SNP ofrece pensiones calculadas según un período mínimo de 20 años de aportaciones, y la sostenibilidad financiera de este sistema se basa principalmente en la relación entre cotizantes y pensionistas. La mayoría opina que este sistema ya no da más y está quebrado.

Es evidente que se requiere una reforma integral del sistema de pensiones en nuestro país, de un modo técnico, y sincerando las cifras, en el caso de la ONP. Pero hasta el momento ningún Gobierno se ha animado a llevarlo a cabo.

Mientras esto no suceda, lo que queda es reforzar el sistema privado de pensiones, con los cambios que se tengan que hacer, pero sin perder tiempo en discusiones que solo buscan debilitar el sistema. Para ello es importante contar con información más transparente y que ayude a los trabajadores a decidir su afiliación de la mejor manera.

Acá no se trata de ver quién gana o quién pierde, entre el Congreso y Ejecutivo (ahora seguro que los congresistas se olvidarán de los independientes y estarán contentos porque les han aliviado una “carga”), o de que los analistas políticos que hablan de economía digan esto se veía venir, o que algunos medios especializados siempre critiquen las cosas sin hacer propuestas concretas. De lo que se trata es de buscar lo mejor para la población y qué se hace para que ese 75% de los trabajadores tengan una pensión cuando dejen de trabajar.