SBS dispone intervención de COOPAC Abancay por inviabilidad financiera

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso la intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay tras confirmar un deterioro patrimonial crítico y la imposibilidad de revertir su situación financiera. La medida, oficializada mediante la Resolución SBS N.° 01222-2026, responde a la verificación de una pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, lo que configura una causal directa de intervención según la normativa vigente.

Desde la entrada en vigor de la Ley N.° 30822, conocida como Ley COOPAC, la SBS asumió la supervisión directa de las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público. En este marco, la Cooperativa Rural Abancay fue inscrita en el Registro Nacional de COOPAC en 2019, bajo el Nivel 1 del esquema modular, lo que implicaba obligaciones específicas en materia de reporte financiero y cumplimiento contable.

Como parte de estas exigencias, la entidad debía presentar estados financieros trimestrales conforme al Manual de Contabilidad para COOPAC. Sin embargo, el seguimiento de la SBS evidenció inconsistencias significativas en la información reportada, lo que dio inicio a un proceso de supervisión más exhaustivo.

Hallazgos financieros y deterioro patrimonial

Las evaluaciones realizadas por el organismo supervisor detectaron múltiples deficiencias contables que comprometían seriamente la situación financiera de la cooperativa. Entre los principales hallazgos figuran el registro indebido de provisiones, faltantes de caja, operaciones no reconocidas por socios, activos sin sustento y omisiones en el registro de créditos y provisiones.

Estos problemas derivaron en ajustes patrimoniales de gran magnitud. Mientras que a diciembre de 2024 los ajustes ascendían a más de S/ 493 mil, a marzo de 2025 estos superaban el millón de soles. Como consecuencia, el patrimonio contable de la cooperativa pasó de cifras positivas reportadas inicialmente a un valor negativo de S/ 394 mil al cierre de 2024, profundizándose hasta alcanzar un déficit de aproximadamente S/ 984 mil a marzo de 2025.

Este nivel de deterioro evidenció no solo errores contables, sino también una situación estructural de insolvencia.

Requerimientos de la SBS y respuesta de la cooperativa

A lo largo del proceso, la SBS emitió diversos oficios requiriendo a la cooperativa la corrección de sus estados financieros y la presentación de información sustentatoria. Si bien la entidad remitió documentación en varias oportunidades, esta fue considerada incompleta o insuficiente.

Incluso tras reiteraciones formales, la cooperativa no logró incorporar íntegramente los ajustes requeridos ni presentar información consistente. Además, no cumplió con entregar oportunamente los estados financieros corregidos a marzo de 2025, lo que limitó el análisis de su situación real.

Ante la evidencia de insolvencia, la SBS otorgó un plazo para que la entidad acreditara la reversión de su déficit patrimonial. En respuesta, la cooperativa propuso un proceso de capitalización de depósitos por poco más de S/ 78 mil, monto que resultó claramente insuficiente frente al déficit cercano al millón de soles.

La solicitud de ampliación de plazo fue rechazada por la SBS al considerar que las medidas planteadas no garantizaban la recuperación de la solvencia.

Determinación de insolvencia y decisión de intervención

Concluido el plazo otorgado sin que la cooperativa presentara evidencia sólida de recuperación, la SBS determinó que la situación financiera era estructuralmente insostenible. La entidad había incurrido en la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa, lo que hacía inviable su continuidad operativa en condiciones normales.

En este contexto, la intervención se plantea como una medida necesaria para proteger los intereses de los socios y preservar el orden en el sistema cooperativo.

Alcances del régimen de intervención

La resolución establece un régimen de intervención con una duración máxima de 45 días calendario. Durante este periodo, se suspenden las operaciones de la cooperativa y se limita la actuación de sus órganos de gobierno.

Asimismo, se designó como interventor principal a Aldo Erick Rojas Sánchez y como alterno a Alex Fernando Valderrama Arce, quienes asumirán la conducción de la entidad con amplias facultades administrativas, financieras y legales. Entre sus funciones se incluyen determinar el patrimonio real, gestionar cobranzas, realizar pagos según disponibilidad de recursos y representar a la cooperativa en procesos judiciales y administrativos.

Durante la intervención también se aplican restricciones específicas, como la prohibición de iniciar procesos de cobro contra la cooperativa, ejecutar resoluciones judiciales, constituir gravámenes o realizar pagos con sus bienes por parte de terceros.

Adicionalmente, se prevé la convocatoria a una Asamblea General dentro de los primeros diez días de iniciada la intervención, la cual deberá abordar únicamente los temas permitidos por el reglamento correspondiente.

La intervención de la COOPAC Rural Abancay refleja el fortalecimiento del rol supervisor de la SBS en el segmento cooperativo, especialmente tras la implementación del marco regulatorio vigente desde 2019. También evidencia los riesgos asociados a deficiencias en la gestión financiera y contable en entidades de menor tamaño.

Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia, la disciplina contable y la capacidad de respuesta ante observaciones regulatorias, factores clave para garantizar la sostenibilidad de las cooperativas y la protección de sus socios.