Congreso y Ejecutivo prolongan el REINFO mientras crecen las dudas sobre su efectividad
La nueva ley amplía el proceso de formalización minera hasta diciembre de 2026, en un escenario de oposición política, alertas ambientales y bajo avance real hacia la legalidad.

26 diciembre, 2025 / 9:23 am
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 32537, norma que amplía la vigencia del proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La decisión, sin embargo, llega en medio de un fuerte debate político, técnico y ambiental, marcado por las críticas de diversos sectores que cuestionan la efectividad del actual modelo de formalización y advierten que una nueva prórroga podría seguir beneficiando a la minería ilegal.
La promulgación de esta ley tiene como antecedente inmediato la aprobación, en primera votación, de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por parte del Pleno del Congreso de la República. La iniciativa fue respaldada con 60 votos a favor, frente a 36 en contra y 8 abstenciones, evidenciando una clara división entre las bancadas. Mientras sus defensores argumentaron que era necesario otorgar más tiempo a los pequeños mineros y mineros artesanales para culminar su proceso de formalización, desde el Ejecutivo y varios sectores políticos se expresaron reparos por los riesgos de prolongar un esquema que, hasta ahora, no ha mostrado resultados contundentes.
Las críticas se centraron en que el REINFO, creado como un mecanismo transitorio, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones sin lograr su objetivo principal: incorporar de manera efectiva a los mineros a la legalidad. Para sus detractores, la ampliación representa más una postergación del problema que una solución estructural.
La ampliación del proceso de formalización minera
La Ley Nº 32537 modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 y establece que el proceso de formalización minera integral se mantendrá vigente hasta fines de 2026. Durante este periodo, el Ministerio de Energía y Minas, como ente rector, deberá coordinar con los gobiernos regionales y otras entidades competentes la implementación de acciones orientadas a simplificar procedimientos, brindar acompañamiento técnico y fortalecer las capacidades institucionales.
Asimismo, la norma refuerza la supervisión ambiental y social de las actividades mineras en proceso de formalización, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica para los operadores, sostenibilidad ambiental y una transición ordenada hacia el nuevo marco legal. No obstante, críticos del régimen advierten que estos compromisos ya han sido incluidos en prórrogas anteriores sin que se traduzcan en mejoras sustanciales en el control del Estado.
Un registro cuestionado por perpetuar la informalidad
Diversos gremios empresariales, organizaciones ambientales y especialistas han sido especialmente críticos con el REINFO, al que califican como un mecanismo que, lejos de combatir la informalidad, ha terminado funcionando como una “licencia sin caducidad”. Según estas posturas, el registro ha sido utilizado como un escudo frente a la fiscalización, permitiendo que operadores ilegales continúen sus actividades bajo la apariencia de estar en proceso de formalización.
Organizaciones como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y representantes de pueblos indígenas han señalado que, tras varias prórrogas, solo un porcentaje mínimo de los inscritos ha logrado completar su formalización. En contraste, miles de registros han sido suspendidos por irregularidades o falta de avances, lo que evidencia, según estos sectores, una ausencia de incentivos reales para culminar el proceso.
Impacto ambiental y debilidad del control estatal
Otro de los puntos más sensibles del debate ha sido el impacto ambiental asociado a la minería informal y artesanal que opera bajo el amparo del REINFO. Diversos informes advierten que esta actividad ha generado daños severos en ecosistemas frágiles, especialmente en la Amazonía, afectando humedales, bosques, fuentes de agua y la salud de las poblaciones locales.
A ello se suma la debilidad institucional para supervisar efectivamente el proceso. Las reiteradas prórrogas y la limitada capacidad técnica y operativa de varios gobiernos regionales han contribuido, según los críticos, a profundizar la informalidad y a debilitar la presencia del Estado en zonas de alta conflictividad minera.
Medidas complementarias y mayores exigencias
La ley incorpora una serie de disposiciones complementarias que buscan corregir algunas de estas falencias. Entre ellas, la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que deberá ejecutarse en un plazo máximo de doce meses, y el sinceramiento obligatorio de la ubicación real de las operaciones mineras inscritas en el REINFO, a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera.
También se dispone la adecuación del reglamento del REINFO, la transferencia del acervo documentario de los gobiernos regionales al Ministerio de Energía y Minas, el refuerzo de la fiscalización laboral para asegurar que los trabajadores estén en planilla y la modificación de las normas de control sobre la comercialización de productos mineros, obligando a los compradores a verificar de manera estricta el origen del mineral.
Si bien el Gobierno sostiene que la ampliación del proceso permitirá ordenar la transición hacia una nueva Ley MAPE y cerrar de manera responsable el proceso de formalización, para sus detractores la norma vuelve a apostar por un esquema que ha demostrado ser insuficiente. En ese sentido, advierten que sin cambios estructurales, mayores sanciones y un control efectivo del territorio, la prórroga podría seguir beneficiando a operadores ilegales y prolongando los impactos sociales, ambientales y económicos de la minería informal en el país.
La entrada en vigor de la Ley Nº 32537, lejos de cerrar el debate, reabre la discusión sobre la necesidad de replantear de manera integral la política de formalización minera en el Perú y de definir si este nuevo plazo será realmente el último o solo una prórroga más en un proceso que lleva años sin resolverse.
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